Los resultados de la encuesta CASEN 2017 admiten una doble interpretación para el caso de la región de Aysén. El primer análisis se centra en los datos propiamente tales, los que muestran una disminución sostenida de la tasa de pobreza, llegando a un 4,3% de la población regional.
Por otra parte, la medición de la pobreza multidimensional, entendida como la acumulación de carencias en distintas dimensiones del bienestar presenta un aumento no significativo de 2,1 puntos llegando al 19% los hogares de la región. Esto significa que casi uno de cada cinco habitantes de la región vive en un hogar en que se acumula un nivel relevante de carencias que impiden alcanzar condiciones de vida adecuadas, las que en el caso de Aysén se expresan en bajos niveles de escolaridad, malnutrición infantil, bajos niveles de adscripción al sistema de salud y de cotización.
Estas cifras muestran que la pobreza es un fenómeno que no sólo se resuelve a través del funcionamiento de los mercados y la generación de ingresos, sino que también se necesita un sistema público de protección social que amplíe las oportunidades de bienestar de los ciudadanos.
La segunda interpretación va más allá de las cifras e intenta avanzar hacia una reflexión sobre la pertinencia territorial de las actuales metodologías e instrumentos que se utilizan para medir la pobreza. Partiendo de la base de que toda medición prefigura los fenómenos medidos y los marcos de acción para abordar sus soluciones, el diagnóstico es que actualmente se está midiendo una pobreza desterritorializada, y, por ende, las políticas públicas tienden a concentrarse en las variables individuales de la pobreza, sin tomar en consideración los territorios como espacios de oportunidades o de rezago. Este problema se expresa en tres aspectos.
En primer lugar, la línea de la pobreza se mide a partir de la valorización de una canasta de consumo considerando los precios promedios a nivel nacional, sin considerar situaciones territoriales, como el aislamiento territorial, que se asocian con un aumento en el costo de la vida. En segundo lugar, el alcance y representatividad de la encuesta CASEN excluyen territorios que son de vital importancia para las dinámicas territoriales de la región de Aysén, como son las comunas de Lago Verde, Guaitecas, O’Higgins y Tortel. Finalmente, los indicadores medidos carecen de una especificidad territorial que den cuenta de problemáticas locales, como por ejemplo la movilidad y la pobreza energética.
Lo anterior no implica dejar de lado la encuesta CASEN, sino que más bien debiera impulsar un trabajo regional que complemente la medición de indicadores de desarrollo humano con un enfoque territorial.
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Sebastián Ibarra González
Candidato a Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Ámsterdam
Académico de la carrera de Trabajo Social, Universidad de Aysén
