RedPE celebra la inclusión del “derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura” en el borrador de la nueva Carta Magna

“Estamos muy contentos y satisfechos de que esta norma se haya consagrado como un derecho a un ‘mínimo vital de energía’, puesto que nos abre todo un espectro para que los ciudadanos podamos satisfacer distintas necesidades fundamentales y básicas ligadas a la energía, como los es disponer de una alimentación adecuada, promover sistemas de calefacción limpia y no contaminante, mejorar la eficiencia energética de las viviendas o el acceso a dispositivos electrónicos, indispensables hoy para la inclusión educativa y laboral de las personas”, explica Macarena San Martín, coordinadora e investigadora de la Red de Pobreza Energética. 

“Es por eso que valoramos el trabajo de los Constituyentes que apoyaron la incorporación de esta norma, que consideramos habilitante para el ejercicio de otros derechos”, dice San Martín.

Proceso de incidencia pública

La norma que finalmente fue incluida en el borrador de la nueva Constitución fue fruto de la propuesta que realizó la Red de Pobreza Energética junto a Chile Sustentable a la Convención y que envió tanto a las comisiones de Medio Ambiente como a la de Sistemas de Conocimientos. Si bien ésta recibió algunas modificaciones en base a los aportes de otras organizaciones, “lo que se consagra recoge el corazón y buena parte de lo que nosotros consideramos pertinente, como el concepto del ‘mínimo vital’, que creemos es un habilitante para poder asegurar una vida digna”, afirma la investigadora y coordinadora de Incidencia Pública de la RedPE, Paz Araya.

Para conseguir este resultado, la RedPE realizó un intenso trabajo de incidencia pública que comenzó dos años antes.

Según explica Paz Araya, la idea de proponer una norma que garantizara el derecho a la energía nació a comienzos del 2020, antes del plebiscito de octubre de ese año. “No sabíamos bien qué, ni cómo íbamos a hacerlo”, afirma. Entonces comenzaron un proceso de investigación sobre normas que consagran el derecho a la energía en textos constitucionales y legislaciones de otros países. “Luego, cuando teníamos más claridad, nos embarcamos en una serie de acciones, elaboramos documentos que fueron guiando nuestro trabajo, hicimos presentaciones en ante dos comisiones, se publicaron columnas de opinión en medios y otras acciones”, cuenta Paz Araya.

Así se elaboró un documento sobre el Derecho Humano a la Energía en el cual se enumeran cinco principios a considerar para incluir este derecho en el texto constitucional. Luego, en conjunto con la organización Chile Sustentable, se publicó el documento “Energía: derecho humano y bien público”, el cual realiza una propuesta de norma constitucional en línea con lo que finalmente fue aprobado. (Para conocer los informes se invita a revisar la web de la RedPE).

Asimismo, los integrantes e investigadores de la RedPE, Paz Araya y Julián Cortés realizaron dos presentaciones ante la Comisión de Sistemas de Conocimiento y ante la Comisión de Medio Ambiente a inicios de este año. 

Paralelamente se publicaron columnas de opinión en varios medios digitales respecto de la importancia de esta norma y luego, se llevaron a cabo una serie de acciones que se fueron intensificando a medida que se acercaba el plazo final de votaciones de normas en el Pleno, como campañas en redes sociales y presencia de un equipo de coordinación de la RedPE en la sede de la Convención.

Según Javier Piedra, director de la Fundación Energía para Todos y parte del equipo de coordinación de la RedPE, “el objetivo de estar presentes en la Convención los últimos días era entregar información a aquellos convencionales que no estaban seguros sobre esta norma, ofreciéndoles contestar sus dudas e inquietudes y que así contaran con elementos que les permitiera entender por qué era importante incluir el derecho a un mínimo vital de energía en el borrador”.

El apoyo de los convencionales

Durante el proceso de incidencia pública, un grupo de convencionales de diferentes colectivos apoyaron la inclusión del “derecho a un mínimo vital de energía” incorporándolo en los informes tanto de la Comisión de Sistemas de Conocimiento como de la de Medio Ambiente y dieron soporte en otras actividades.

Tal como explica Javier Piedra, “es necesario hacer un reconocimiento y agradecimiento a los convencionales que dieron su apoyo a la norma propuesta, tanto para su inclusión en los informes de las comisiones que pasaban al pleno, como aquellos que acompañaron a la RedPE en el punto de prensa y al grupo de Eco Constituyentes que prestaron ayuda y soporte”, Javier Piedra.

En opinión del Convencional Francisco Caamaño, el apoyo que dio esta norma se basa en el convencimiento de que “el derecho a la energía permite la consagración de otros derechos fundamentales como la calefacción, la iluminación de nuestros hogares, la seguridad que requieren las personas electrodependientes y también porque permite el uso de dispositivos electrónicos esenciales para trabajar, estudiar y vivir momentos de ocio. Así, el derecho a la energía permite dar cumplimiento a otras garantías fundamentales”.

A juicio del Convencional Fernando Salinas “la norma que se aprobó es de suma importancia, dada la actual situación de la matriz energética de Chile que se caracteriza por la generación eléctrica a gran escala en un sistema interconectado operado por grandes corporaciones. El escenario con la norma de energía aprobada para la nueva Constitución es completamente distinto. En primer lugar, se garantiza un mínimo vital (…), posibilitará una generación distribuida, con empresas pequeñas y medianas, que le dará autonomía energética a los territorios”.

Según la Convencional Carolina Vilches, “es primordial consagrar este derecho ya que es una necesidad. La vulneración energética es más común de lo que se cree (…) Hoy la Nueva Constitución democrática, paritaria y pluralista incorpora el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura, lo que hace que el Estado deba estar presente en la accesibilidad de la energía para las personas y comunidades, indica que el estado debe garantizar su acceso, reconociendo el derecho a la energía como una cuestión de interés público y del Estado, donde este último regula y fomenta la matriz productiva, considerando el impacto medioambiental”.

Por su parte, la Convencional Manuela Royo, reafirma la labor realizada por la RedPE para incluir esta norma en el borrador de la nueva Constitución. “Quienes empujamos esta iniciativa creemos que esto no habría sido posible sin el apoyo técnico de la Red de Pobreza Energética, que nos dio todos los insumos necesarios para debatir, aprender y proponer, generando una gran experiencia de trabajo en conjunto entre algunos convencionales y la red”.

Desafíos al futuro

Si el borrador de nueva Constitución es aprobado el próximo 4 de septiembre, el Estado debe emprender la misión de concretar todos los derechos consagrados en la nueva Carta Magna.

“Sabemos que el concepto ‘mínimo vital’ impondrá al Estado un enorme desafío y no será fácil o rápido de resolver dado los diferentes contextos territoriales, geográficos, sociales, culturales y económicos del país. Nuestro trabajo ahora es estar atentos a cómo esto se va resolviendo y operacionalizando”, afirma la investigadora de la RedPE, Paz Araya.

Según Macarena San Martín, coordinadora de la RedPE, se requerirá un proceso de transición importante, dictación de nuevos cuerpos legales y otras modificaciones normativas y administrativas. “Pero también se requerirán cambios culturales que permitan valorar y cuidar la energía en un contexto de crisis climática y transición energética sustentable y para eso los procesos de educación son fundamentales”. 

Y enfatiza: “como Red de Pobreza Energética seguiremos atentos y dispuestos a colaborar para que este tremendo desafío llegue a buen puerto”.