Publicaciones RedPE

La transición energética justa se ha instalado en las agendas de los tomadores de decisiones, organizaciones y academia. La crisis climática y ecológica global producida por la acción humana han acelerado los debates, y dándole urgencia a los planes de descarbonización. Además, cada día se hacen más evidentes las presiones provocadas por las injusticias resultantes de la operación sistemas de energía a nivel global, las que se vinculan a una profundización de la pobreza y precariedad, de las desigualdades globales y locales, y de diversas formas de discriminación (García-García etal., 2020). Las recientes crisis resultantes de la pandemia de COVID-19 y los conflictos armados, agregan e intensifican presiones y tensionan al debate sobre el rol de la energía y su industria en la sociedad. En este escenario, la idea de una transición energética justa atrae distintas miradas que convergen y disputan el término, estableciendo una variedad de agendas. En el de debate coexisten múltiples enfoques, con sus similitudes y diferencias, tanto al momento de observar el problema como al momento de establecer lineamientos y estrategias de acción para su superación.
El término de transición energética justa busca hacerse cargo de las necesidades de descarbonizar impulsadas por la crisis climática, a través de la reconfiguración de los sistemas energéticos, a la vez que se reducen o bien no se acentúan las desigualdades sociales y ambientales, resultantes de la producción y consumo energético, y de sus reconfiguraciones. La transición energética justa es un concepto polisémico en cuanto se define desde una diversidad de perspectivas y alcances. Cada interpretación de la transición energética justa conlleva distintos focos objetuales y sociales, implicando el establecimiento de distintos principios para su abordaje. No es de extrañar esta diversidad de interpretaciones, dada la complejidad de los sistemas energéticos que involucra interrelaciones que operan en una multiplicidad de velocidades, sentidos y escalas, que van desde el nivel geopolítico y global a un nivel local e individual (Bombaerts etal., 2020). Además, una transición a un nuevo régimen del sistema energético implica cambios en las dinámicas entre las tecnologías, infraestructuras y prácticas de uso energético, los que inciden también en los distintos actores y sectores, con velocidades, sentidos y escalas diferenciadas. Por lo tanto, cada agente se posiciona acorde a los intereses y problematizaciones que le hacen mayor sentido.

Las masivas demandas y movilizaciones ciudadanas en Chile han evidenciado que la noción de Estado Social de Derechos no es una quimera, un simple enunciado o una declaración programática, sino que es un requisito esencial para el bienestar y la estabilidad democrática de cualquier sociedad que aspira a garantizar los derechos y necesidades de las generaciones presentes —sin comprometer los derechos de las generaciones futuras. Este enfoque es fundamental para superar el mero asistencialismo vigente en Chile.
Los derechos económicos, sociales y culturales no son sólo declaraciones generales de buenas intenciones de los Estados, a ser materializadas en la medida de lo posible, sino que deben escalar a un estatus de derechos exigibles, y por tanto justiciables. Por ello resulta imperativo la constitucionalización de los “asuntos sociales” en la nueva Constitución. En ese contexto, existen en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, fundamentos claros para el derecho al agua, a la energía y a la alimentación entre otros, los cuales reconocen indirectamente dentro del “derecho a un nivel de vida adecuado”1 y explícitamente el derecho de acceso a energía limpia y segura, en instrumentos denominados como “soft law” como en los Objetivos de la Agenda 2030 y en las políticas de transición justa recomendadas por la comunidad internacional para la mitigación y adaptación al cambio climático.

La superación de la pobreza energética depende, en gran medida, de contar con energía limpia, segura y asequible, no sólo para satisfacer las necesidades del hogar, sino también, como catalizador de la creación de nuevas fuentes de empleo, un cambio cultural energético, innovación tecnológica, crecimiento económico y el desarrollo humano. Para esto, es esencial que esta realidad sea conocida y comprendida por todas y todos, ya que para su superación es necesario contar con información acabada sobre su situación a lo largo del país. Por ello, como Generadoras de Chile, hemos trabajado junto a la Red de Pobreza Energética para confeccionar el presente reporte. Esperamos que la información contenida en este documento nos haga tomar conciencia del alcance que hoy tiene esta problemática en los distintos territorios que componen nuestro país y del déficit de datos actualizados que existe sobre ella. La visibilidad de esta información nos permitirá tomar mejores decisiones y focalizarlas de acuerdo a las necesidades de cada territorio, y que la energía sea una buena noticia en cada uno de ellos. A su vez, esperamos que sea un insumo que sirva para enfocar esfuerzos y preocupaciones hacia los más vulnerables . Si ponemos a la sociedad al centro de nuestro quehacer, sin duda, la academia, las autoridades, la sociedad civil y el sector privado podemos generar un cambio en las condiciones de vida de quienes habitan nuestro país.

Actualmente existen variadas formas de definir y medir la pobreza energética (PE) en el mundo. Algunas se enfocan exclusivamente en el gasto energético (dimensión de equidad), mientras que otras se enfocan en el acceso a fuentes de energía y tecnologías. Los indicadores de gasto energético comúnmente han sido aplicados en países de alto desarrollo (IDHD*), mientras que los indicadores de acceso a la energía se han aplicado en países con bajo desarrollo. En América Latina y el Caribe (ALC) los países presentan problemas tanto de equidad respecto al gasto energético como de acceso a la energía. Sin embargo, los estándares de calidad de los servicios energéticos fijados en otros continentes no se ajustan a la realidad de ALC, por lo que deben ser ajustados.

La energía es fundamental para sostener el bienestar y desarrollo de las personas. A su vez la energía, en sus procesos de extracción, generación, distribución, transporte y uso genera impactos ambientales locales y globales, siendo el sector que más contribuye a la emisión de gases efecto invernadero. Dada su relevancia, no puede quedar fuera del debate constitucional. La oportunidad de escribir una nueva constitución abre el camino para trabajar en el objetivo de garantizar el acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad, que permitan sostener el desarrollo humano y económico de las personas (RedPE, 2019), considerando la transición energética justa y el desarrollo sostenible como elementos mínimos para reducir sus impactos ambientales, sociales y económicos, así como a nivel de seguridad y soberanía energética. Además, pone de manifiesto la necesidad de concebir desde una nueva óptica el desarrollo energético del país respecto a los nuevos desafíos que impondrá el cambio climático en esta materia. Para abordar este tema en el debate constitucional, invitamos a los candidatos y futura convención constitucional a discutir sobre la administración de los bienes que permiten el suministro energético, en cuanto al desarrollo de infraestructura y tecnologías de generación, almacenamiento, transporte y distribución de la energía, así como las condiciones de acceso a la energía de la población. Este documento presenta una propuesta de 5 principios desde los cuales se propone abordar temáticas fundamentales para el desarrollo energético nacional, todos ellos basados en los pilares transversales de respeto por los derechos humanos, búsqueda de la justicia ambiental e intergeneracional. Lo anterior forma parte de debates internacionales, científicos y políticos sobre el establecimiento de derechos y deberes del Estado y la ciudadanía, en cuanto a la demanda y suministro de la energía, en el marco de derechos humanos y ambientales. Esto implica que han estado presentes en reformas constitucionales, especialmente en los últimos años.

La energía es uno de los recursos fundamentales para el desarrollo económico y humano de las personas y de las sociedades contemporáneas. Por un lado, el acceso a una energía de calidad tiene consecuencias en el acceso a educación, empleabilidad, alimentación e incluso en la salud de las personas (Liddell & Morris, 2010; Nadimi & Tokimatsu, 2018; Robić & Ančić, 2018; Thomson, Snell & Bouzarovski, 2017). Por otro lado, un sistema energético estable y de calidad habilita el desarrollo económico al permitir la implementación de tecnologías modernas de producción, ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación, entre otros (Bhatia & Angelou, 2015; Naciones Unidas, 2018; Practical Action, 2017).

En la actualidad, los sistemas energéticos se encuentran tensionados por dos fenómenos paralelos y relacionados entre sí, sobre todo en los países en vías al desarrollo: el cambio climático y la necesidad de una transición energética. En primer lugar, el cambio climático ha puesto en evidencia los efectos negativos de una matriz energética basada mayoritariamente en combustibles fósiles, debido a los efectos de sus altas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). A nivel global, la generación de energía contribuye con un 30% de las emisiones totales de GEI, mientras que el sector energético contribuye un 73% de las emisiones totales (incluyendo transporte, electricidad y calefacción, edificios, manufacturas y construcción, emisiones fugitivas y combustión de otros combustibles). Por lo tanto, la matriz de generación de energía debiese transitar hacia la descarbonización en las siguientes décadas si se desea mantener el calentamiento global por bajo los 1.5ºC y adaptarse a los límites planetarios (Falk et al., 2019; IPCC, 2019a; Rockström et al., 2009). Esta radical transformación debiese ser capaz, al mismo tiempo, de asegurar un suministro energético adecuado al desarrollo económico y humano, adaptándose a las nuevas condiciones climáticas y tecnológicas, necesarias para la transición a una matriz energética renovable.

Pese a su amplio y generalizado uso, no hay certeza de cuánta leña se consume ni cuánta se produce de forma sostenible por región. Esta incertidumbre dificulta la posibilidad de regular el mercado de la leña a través de políticas públicas.

Esta infografía es un resumen de los principales datos, factores y hallazgos encontrados durante al investigación realizada para el documento de trabajo “Caracterización del mercado de la leña en Chile y sus barreras para la transición energética” publicado en septiembre de 2020 por Red de Pobreza Energética.

En términos generales, el mercado de la leña —considerando sus intercambios de producción, distribución, comercialización y consumo— muestra una alta informalidad, lo que dificulta su intervención o auto regulación mediante mecanismos estatales o de mercado. Por lo anterior, al momento de diseñar estrategias de fomento hacia una transición energética es preciso considerar: i) por el lado de la demanda, la mayor costo efectividad —y las ventajas comparativas— de la leña frente a otros combustibles (siendo la leña húmeda incluso más barata) y, ii) por el lado de la oferta, su importancia significativa en la economía local. En esta dirección, se estima que dicho mercado mueve anualmente alrededor de 200 millones de dólares y emplea a 100 mil personas2 en el desarrollo de estas actividades (CONAF, 2017a; Lozada & Román, 2016).

Investigadoras e investigadores de Red de Pobreza Energética, RedPE, durante el primer semestre 2020 han comunicado a través de columnas de opinión, conversatorios y seminarios web las profundas desigualdades que ha evidenciado el confinamiento en que se encuentran millones de chilenas y chilenos por la pandemia por Covid_19.

La mesa de trabajo “Energía, Género y Cambio Climático: ODS 7 como desafío” fue realizada en noviembre de 2019, en el marco del Seminario Internacional “Pobreza Energética: adaptación y mitigación en la transición energética latinoamericana”. Su objetivo era promover la discusión sobre la pobreza energética con enfoque de género como una nueva dimensión de la desigualdad, buscando explorar los vínculos existentes con aspectos territoriales y con los impactos del cambio climático en Chile y la región latinoamericana. Se pretendía además contribuir a la reflexión sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 7 de las Naciones Unidas “Energía asequible y no contaminante” como también a las Metas 2035 y 2050 de la actual Política Nacional de Energía (Decreto Supremo N° 148, 2015).

A pesar de ser experimentada y sufrida por muchos hogares chilenos, la pobreza energética ha estado ausente del debate público en nuestro país. Reconocer esta cara de la desigualdad que se expresa en un acceso inequitativo a servicios energéticos de calidad es el desafío que han tomado diversos académicos, académicas, investigadores e investigadoras, estudiantes, instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil, actores que forman parte de la Red de Pobreza Energética (RedPE), liderada por la Universidad de Chile. La pobreza energética afecta dos tipos de necesidades energéticas: las fundamentales, cuya insatisfacción tiene impactos directos en la salud humana y calidad de vida; y las básicas, que corresponden al nivel mínimo de calidad de vida acordado socialmente, considerando las características climáticas, geográficas y socioculturales de cada territorio. Un hogar pobre energéticamente se expone a efectos negativos en la salud y bienestar de las personas, derivados de la contaminación extra e intradomiciliaria, bajas temperaturas al interior de la vivienda, y estrés. Por otro lado, se expone a rezagos escolares y laborales por falta de acceso a iluminación y tecnologías de la información y comunicación. También, se expone a riesgos en servicios energéticos tan sensibles como la cocción y refrigeración de alimentos, el agua caliente sanitaria y la climatización de la vivienda en épocas de temperaturas extremas. La pobreza energética es una temática ya incorporada en políticas públicas y estrategias a nivel internacional, por ejemplo, está presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en leyes y programas públicos de distintos países de la Unión Europea y es una preocupación urgente en países de África y Asia. En Chile la pobreza energética posee un fuerte carácter territorial. Hacia el norte del país se observan brechas en el acceso a agua caliente sanitaria y climatización de la vivienda, en los grandes centros urbanos los precios de la energía provocan un alto gasto de los hogares, mientras que hacia el centro-sur el uso de leña húmeda provoca contaminación extra e intradomiciliaria, entre otros problemas asociados. En términos generales, la mala calidad de las viviendas en nuestro país genera condiciones que ponen en riesgo la salud de las personas y la estabilidad del suministro eléctrico no alcanza estándares de alta calidad. De esta diversidad se intuye que no existen soluciones simples para problemas complejos. La política pública debe abordar este problema social con una alta coordinación territorial, articulando conocimiento científico y los intereses de las comunidades para implementar programas eficaces. De esta forma, este texto reúne diagnósticos e ideas que deseamos aportar al debate público con el objetivo de afrontar los desafíos existentes y venideros.

El presente documento presenta una propuesta de medición tridimensional de la Pobreza Energética para los hogares de Chile, resultado de un esfuerzo concertado y reflexivo para caracterizar este fenómeno en los distintos contextos bio-geo-físicos, tecnológicos, económicos y socioculturales de nuestro país. Su pretensión es avanzar hacia una medición más compleja, situada y multidimensional del fenómeno, superando la persistente polarización entre medidas de acceso energético y equidad en gasto energético y haciéndose cargo de manera explícita de la pertinencia territorial de necesidades y servicios energéticos y de sus umbrales de calidad. Lo que aquí se presenta es fruto de la revisión de literatura y experiencias internacionales en la materia, así como de la articulación de conocimiento experto, vehiculizado a través de la Red de Pobreza Energética.

Sobre estas bases, el documento avanza tres contribuciones relevantes para la investigación y la política pública en mérito a pobreza energética. Primero, provee una definición tridimensional y territorializada de la misma, identificando como energéticamente pobre todo hogar que no tenga acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad (adecuados, confiables, seguros y libres de contaminación intradomiciliaria) para cubrir sus necesidades energéticas fundamentales y básicas, las cuales permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Mientras las necesidades fundamentales se consideran de forma universal, las necesidades básicas y los criterios de calidad de los servicios energéticos asociados requieren de una definición y ponderación en función de su pertinencia por una población en particular, situada en un territorio, en un contexto temporal definido y bajo condiciones socioculturales específicas. Sobre esta definición, el documento avanza proponiendo un ‘Estándar de acceso equitativo a energía de calidad’ y un ‘Índice tridimensional de pobreza energética’. El primero, se encarga de proveer una medida completa y compleja de la pobreza energética, sensible a la diversidad de los usos de la energía y las privaciones que se manifiestan en distintos hogares de Chile. El segundo, presenta un acercamiento sintético dirigido a resumir y evidenciar las principales barreras que enfrentan hoy dichos hogares para la satisfacción de necesidades fundamentales y básicas de energía, y cuantificar las dimensiones del fenómeno en el país.

Estos resultados evidencian importantes desafíos en materia de acceso equitativo a servicios energéticos de calidad en el país, realidad que afecta a un porcentaje significativo de la población. Asimismo, subraya las actuales brechas de información en materia de pobreza de energía y ofrece líneas guías para la generación de datos más complejos, robustos y territorializados que permitan comprender y enfrentar a cabalidad este desafío, y de esta manera promover un desarrollo más sustentable, equitativo y resiliente de Chile.

El presente documento muestra los resultados del monitoreo y seguimiento del proyecto piloto <<Superando la Vulnerabilidad Energética en Renca>>. El objetivo es cuantificar los impactos en la reducción del gasto energético de 18 hogares de la comuna que participaron en esta iniciativa. El proyecto consistió en la implementación de medidas de eficiencia energética en las viviendas y en la capacitación de los hogares en materia de educación energética.
Para llevar esto a cabo, el estudio se concentra por un lado en el análisis de las medidas de ahorro energético en viviendas y por otro, en la percepción de los hogares sobre su situación energética. Adicionalmente, se realiza un seguimiento de las medidas de eficiencia implementadas y se analizan los impactos económicos, ambientales y sociales de la implementación del proyecto. A partir de este análisis, se presentan recomendaciones metodológicas y se identifican buenas prácticas para que el proyecto pueda ser replicado y escalado, tanto en la comuna de Renca como en otras del país. Por último, se destaca el Programa Comuna Energética como un buen espacio para posicionar iniciativas con estas características.

La cantidad de propuestas de indicadores de Pobreza Energética es vasta y diversa en la literatura internacional. Existen diversas propuestas metodológicas de indicadores enfocados en el gasto de servicios energéticos, de acceso a fuentes de energía modernas e incluso indicadores que evalúan el acceso a la energía de manera multidimensional.

Un análisis de los indicadores propuestos a nivel internacional nos permite comprender los supuestos en que se basan y las potencialidades detrás de cada apuesta. Además, nos permite acercarnos progresivamente a una propuesta de indicador/es de Pobreza Energética específica para el caso chileno.

La pobreza energética se ha posicionado como uno de los desafíos centrales de la política energética y de las estrategias de desarrollo en diferentes países, y Chile no es la excepción. Como concepto, nace en Inglaterra a comienzos de la década de los 90’ y se difunde primero en Europa y Nueva Zelanda, para posteriormente aplicarse en países africanos, asiáticos y, recientemente, latinoamericanos. En Chile, la pobreza energética aparece como uno de los objetivos centrales de la nueva política energética impulsada por el Ministerio de Energía, “Energía 2050”, a pesar de que el desarrollo de conocimiento específico sobre el tema a nivel nacional es aún bastante incipiente.
Como Red de Pobreza Energética (RedPE) reconocemos el rol que este concepto puede tener para visibilizar problemáticas de justicia y equidad energética en nuestro país. En este contexto, postulamos la necesidad y urgencia de dotar de contenido local a un concepto que ha sido importado desde otras latitudes, en miras de pensar nuevas formas de transiciones energéticas hacia la sustentabilidad, que consideren las particularidades de los territorios y de quienes los habitan.
En este camino, hemos avanzado en el presente documento. En primer lugar, se revisan las distintas definiciones para pobreza energética disponibles en la literatura internacional, para luego presentar algunos lineamientos generales de un concepto de pobreza energética para Chile, identificando tres dimensiones a ser observadas: acceso a la energía, calidad de la energía y equidad energética. Estos lineamientos han sido construidos de forma colaborativa en base al diálogo interdisciplinario entre los miembros de la RedPE, la revisión de literatura especializada y en diálogo con tomadores de decisiones de los distintos sectores involucrados.
En segundo lugar, se analizan las principales fuentes secundarias disponibles a nivel nacional, analizando las potencialidades y limitaciones que cada una de estas bases de datos presentan para observar el fenómeno de la pobreza energética en el país. Se presentan los principales hallazgos estructurados en base los tres principales ejes identificados para pobreza energética: acceso, calidad y equidad. Por otra parte, se identifican vacíos de información relevantes a considerar en la caracterización de pobreza energética para el país. Los resultados muestran inconsistencias entre los instrumentos analizados, los cuales presentan diferencias sustanciales en variables similares o equivalentes. En este marco, se considera fundamental y urgente la producción de datos que permitan caracterizar el fenómeno de la pobreza energética para Chile, considerando sus diferentes dimensiones, las zonas climáticas y la diversidad sociocultural del país.

El concepto de pobreza energética ha logrado posicionarse como un desafío relevante en la política energética con el objetivo de lograr un acceso universal y equitativo de la población a servicios energéticos adecuados, sustentables, confiables, seguros y de alta calidad. Aún así, el desarrollo teórico-metodológico para la comprensión de este fenómeno y el análisis de las diversas iniciativas públicas asociadas al fenómeno, particularmente en Chile y en Latinoamérica, ha sido escaso.

En este contexto, el siguiente documento propone un análisis de los programas implementados en Chile durante el año 2016 en el marco de la política pública, a partir de una comparación con los requerimientos y desafíos que presenta la pobreza energética, acorde a la definición propuesta por la Red de Pobreza Energética (RedPE). El ejercicio se realiza con el fin de identificar qué dimensiones han sido abordadas y cuáles se encuentran aún más desatendidas, con el fin de relevar la necesidad de observar el fenómeno desde una perspectiva compleja y multidimensional. El objetivo de este documento es constituir un insumo para la discusión sobre los nuevos desafíos que esta problemática le presenta a la política pública e identificar posibles caminos para incorporar este nuevo fenómeno en las estructuras existentes.

Para esto, el documento presenta un catastro de 33 programas relacionados a la materia, para luego analizarlas en función de sus efectos directos e indirectos en las distintas dimensiones de la pobreza energética, sus beneficiarios, su alcance y su potencial impacto. Como conclusiones de este análisis se identificó una alta fragmentación de las políticas públicas chilenas y una carencia de articulación entre sectores, lo que limitaría el impacto potencial de los programas. A su vez, se identifica la falta de un abordaje integral de las dimensiones de la pobreza energética que reconozca las condiciones locales, las diferencias climáticas y las distintas expresiones culturales relacionadas con las necesidades energéticas. Por último, la falta de información específica disponible no permite vislumbrar el panorama completo en torno a estas iniciativas, impidiendo evaluarlas con mayor claridad y profundidad.

Finalmente, se proponen distintas líneas de acción para abordar este problema de manera tal que se consiga una mayor integración sectorial de los abordajes actuales para este fenómeno. Esto permitiría un abordaje más eficaz y una fundamentación más robusta de las políticas públicas, aspirando a que estas últimas logren articular las distintas iniciativas existentes a nivel nacional con diseños que sean sensibles a las diferencias territoriales y socioculturales del país, y donde la participación de actores locales, expertos y científicos especializados contribuya a la visibilización y resolución de este nuevo desafío.