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El deber ético del Estado frente a la contaminación


Combatir los problemas de contaminación del aire en Chile es una de las tareas a los que venimos haciendo alusión, en particular, la contaminación en el sur del país producida por la combustión de leña, la cual, requiere particular atención pues conlleva una serie de por atender, observar y mejorar.

“¡Qué traje tan magnífico! ¡Qué bordados tan exquisitos! Hasta que en medio de los elogios se oyó a un niño que dijo: – ¡Pero si está desnudo!” (El traje nuevo del emperador– Hans Christian Andersen). A través de la enseñanza de esta inocente fábula, quisiéramos darle cuerpo a ese clamor que la ciudadanía expresaba, mas no era oída: sólo porque todo el mundo—gobierno y expertos de la inteligencia artificial— crea que algo es verdad, no significa que lo sea; y sí, es la gente y su realidad aquel niño que devela la desnudez del emperador.

No se trata de un alegato contra quienes democráticamente detentan el poder, ni contra aquellos que meritocráticamente desarrollan una disciplina es, por el contrario, un llamado, o más bien un ruego hacia una ética de responsabilidad para con los ciudadanos/as basada en los derechos fundamentales. Y es aquí donde entra la reflexión sobre el aire que estamos respirando y sobre la calidad y el acceso a la calefacción en nuestro país.

De acuerdo con la encuesta nacional de medio ambiente 2018, el principal problema ambiental que afecta a los chilenos y chilenas es la contaminación del aire. Esta es una percepción generalizada a lo largo del país y es especialmente destacable en las regiones de Aysén, La Araucanía y Ñuble. Esta percepción tiene una razón de ser, porque el Cuarto Reporte del Estado del Medio Ambiente del (MMA) indica que en Chile más de nueve millones de personas están expuestas a niveles de contaminación del aire por sobre las normas internacionales. Esto ha provocado miles de muertes prematuras al año en el último tiempo.

Por ello, no resulta concebible en un Estado democrático de derecho, responsable frente a sus ciudadanos y respetuoso de la vida de todos y cada uno de ellos, que siga permitiéndose —bajo premisas económicas o análisis costo/beneficio— la existencia de “umbrales de tolerancia aceptables” o peor aún las llamadas “zonas de sacrificio”. Por el contrario, un Estado, movido por una ética de responsabilidad para con su sociedad, debe a lo menos, obrar bajo premisas de precaución, es decir, que frente a sospechas fundadas de que ciertos productos, tecnologías o eventos que podrían crear un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, debe tomar medidas sin esperar que se cuente con una prueba científica definitiva.

En otras palabras, el Estado debe ser capaz de identificar los efectos potencialmente negativos; evaluar la situación a la luz de los datos científicos disponibles; reconocer el margen de incertidumbre científica que se genera, y finalmente promover y aceptar la participación de todos los interesados.

Combatir los problemas de contaminación del aire en Chile es una de las tareas a los que venimos haciendo alusión, en particular, la contaminación en el sur del país producida por la combustión de leña, la cual, requiere particular atención pues, además de su impacto en el medioambiente, y en la salud de quienes están expuestos, conlleva una serie de por atender, observar y mejorar. La comercialización de leña seca, la informalidad del negocio y las condiciones precarias en las que trabajan muchas personas que cortan y venden este combustible son problemas que se deben abordar de forma sincronizada y efectiva. Hasta aquí ni siquiera hemos hablado de la sostenibilidad del bosque que se asume como renovable. Sin embargo, no hay certeza que se esté manejando de forma sostenible para suministrar toda la leña que se utiliza en Chile para calentar casas o preparar los alimentos.

Es imposible negar que no se hayan realizado esfuerzos por suministrar energía limpia y sostenible, pero si es claro que los esfuerzos no han sido organizados para darle efectividad a la tarea de descontaminar las ciudades del centro-sur en invierno. Una de las opciones para llevar a cabo esta tarea es la promoción del uso de la energía geotérmica, energía limpia y cuyo potencial en nuestro país es abundante. Además es la única energía renovable que funciona independiente del clima y estable durante las 24 horas. Sin embargo, la energía que está bajo nuestros pies, no ha sido prioridad en las políticas públicas.

Estudios y datos científicos son tajantes: en la medida que avance el invierno más aumentan las enfermedades respiratorias, esto dado por el frío y también por la contaminación. Todo parece indicar que la pandemia del coronavirus comenzará a mostrarnos su peor cara en las siguientes semanas invernales y es ahora cuando debemos aprender las lecciones de países que han logrado salir airosos en sus esfuerzos para combatir la crisis sanitaria. Además queda en evidencia que se necesita un plan por parte del gobierno, la participación ciudadana el fortalecimiento de los gobiernos locales, quienes a fin de cuentas son quienes mejores conocen las necesidades inmediatas de la población.

Hoy es el momento de armar una estrategia co-construída y optar por las energías renovables, locales y no contaminantes, es una oportunidad única de fortalecer los instrumentos de gobierno local —como las ordenanzas municipales— no olvidando el debate constituyente que hemos dejado pendiente y con el imperativo de que los chilenos y chilenas respiremos un aire limpio.

CONTAMINACIÓN Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Es conocido el efecto de la contaminación del aire sobre enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cánceres, particularmente en sectores socialmente vulnerables[1]. Existen antecedentes de que la contaminación atmosférica aumenta la tasa de incidencia y mortalidad de las enfermedades respiratorias. En 2002, el síndrome respiratorio agudo causado por un virus genéticamente similar al actual coronavirus tuvo una letalidad promedio cercana al 6,6% en ciudades de China. Recientemente, en la provincia china de Shandong, se estudió la correlación diaria entre contaminantes como material particulado fino (MP2, 5) y grueso (MP10), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2) y la incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo con este estudio, cuando aumenta la concentración diaria de estos contaminantes aumenta también la incidencia de éstas[2].

Actualmente existe evidencia en Estados Unidos[3] e Inglaterra[4] acerca del rol de los contaminantes en la dispersión e incidencia de COVID-19. Tanto el sentido común como el principio precautorio llevan a pensar que, aunque no tengamos certeza absoluta sobre la transmisión aérea del virus, la calidad del aire debería ser un factor relevante por consideraren esta pandemia.

Julián Cortés. Investigador del Programa de Riesgo Sísmico, Universidad de Chile.

Mauricio Muñoz. Investigador del CEGA -Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes

Reportaje disponible en el dinamo

Pobreza Energética: un desafío complejo para la política pública

En la pasada cuenta pública se planteó una agenda país que busca enfrentar desafíos tales como el desarrollo, la equidad y la inclusión social. Cada uno de estos, requiere comprensiones profundas de sus condicionantes, expresiones e implicancias en la vida de las personas.

Como Red de Pobreza Energética, nos encontramos abocados desde el 2016 a la comprensión de este fenómeno caracterizado por la insuficiencia, mala calidad o poca sostenibilidad de fuentes que permitan a las personas y comunidades cubrir sus necesidades energéticas. En este sentido hay situaciones preocupantes como  la territorialización de la pobreza energética. Por ejemplo, un 46% de la población total que no cuenta con acceso a electricidad se encuentra en el sur de Chile en las regiones del Bio-Bio y la Araucanía, evidenciando la precaria situación que se vive en esa zona del país.

Por otra parte, hay un uso diferenciado de combustibles para calefacción de acuerdo con la zona climática, lo que trae aparejadas consecuencias como el uso de leña en la zona sur donde la contaminación del aire se señala como principal problema ambiental. Confluyen así la costumbre y el costo en acceso a combustibles de bajo costo y altamente contaminantes, lo que sumado a las inadecuadas condiciones del revestimiento térmico de las viviendas, implica un uso  intensivo de combustible para alcanzar el confort térmico.

Por otra parte, un 34% del segmento pobre, así como un 21% de la clase media baja afirman pasar frio en invierno, lo que se debe en gran medida a la falta de aislación de las viviendas y de calefacción para las mismas. La clase media sufre pobreza energética. Finalmente, sobre el gasto familiar en energía, es posible señalar que las familias de menores ingresos gastan un mayor porcentaje de su presupuesto que las familias de mayores ingresos, pero al revisar los valores absolutos (el total de dinero gastado) es mucho menor y no alcanza para cubrir de manera adecuada sus necesidades energéticas.  En otras palabras, las familias de menores ingresos y la clase media realizan un esfuerzo mayor para calefaccionarse y cubrir sus necesidades energéticas. Estas cifras nos muestran que la pobreza energética va más allá del segmento con menos recursos, se extiende a la clase media, y son una expresión más de las profundas desigualdades existentes en nuestro país.

En este sentido, resulta esperanzador el anuncio de una Ruta Energética que declara entre sus tareas centrales la construcción de un Mapa de Vulnerabilidades, que permita localizar las condiciones territoriales, climáticas, económicas y sociales que afectan la capacidad de acceso, uso y sostenibilidad de este recurso. Creemos que este un paso en la dirección correcta, que apunta en parte a un abordaje de la complejidad del fenómeno, pero junto a él debe sumarse otros en orden al establecimiento de mecanismos permanentes de coordinación funcional intersectorial y multiescalar.

La superación de la pobreza energética no debe quedar en manos únicamente de una cartera, como por ejemplo la de Energía, sino que debe ser capaz de articular a todas las instituciones involucradas en todas sus escalas, sólo así se podrá hacer cargo de un problema tan profundo y complejo, facilitando de esta forma, la instalación de sistemas de observación que remitan información oportuna y relevante para la toma de decisiones y la articulación de agentes del mundo público, privado y de la sociedad civil detrás de un horizonte común de bienestar para todos y todas.

Creemos que así podremos avanzar en complejizar la acción del Estado a la hora de enfrentar con decisión y efectividad este y otros fenómenos, antiguos y nuevos, que afectan significativamente la vida de las personas.

Antonieta Urquieta. Profesora Asistente del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Jefa de Carrera de Trabajo Social. Doctora en Trabajo Social y políticas comparadas de bienestar social por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Magister en Trabajo Social y Políticas Sociales de la Universidad de Concepción. Licenciada en Trabajo Social y Asistente Social de la Universidad de Valparaíso.

Columna disponible en Cooperativa

Red de Pobreza Energética U. de Chile profundiza colaboración transdisciplinaria con cinco ministerios

En el marco del Seminario de Pobreza Energética “Nuevos desafíos para la articulación entre Academia y Política”, investigadores de la Universidad de Chile dialogaron con representantes de los ministerios de Energía, Salud, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Vivienda y Urbanismo, con el objetivo de impulsar una estrategia que permita posicionar y enfrentar el tema a nivel nacional.

Mejorar el acceso a la energía; construir un concepto multidimensional; medir el impacto en comunidades vulnerables; e identificar fuentes contaminantes y problemas de salud, fueron algunos de los ejes abordados durante el Seminario de Pobreza Energética “Nuevos desafíos para la articulación entre Academia y Política”, donde participaron profesores e investigadores de la Universidad de Chile y representantes de cinco ministerios, con el fin de articular sus capacidades en torno a los desafíos considerados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el proceso participativo Energía 2050.

Durante la actividad, realizada el viernes 24 de noviembre en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), se presentó una definición preliminar para observar la pobreza energética de acuerdo a las dimensiones e indicadores particulares del contexto nacional, como el acceso, la calidad y la equidad. Además, los participantes analizaron las estrategias enmarcadas en las políticas públicas actuales desde cada organismo, considerando los problemas para satisfacer necesidades energéticas, las desigualdades en el gasto y las características de las viviendas respecto a las condiciones climáticas.

De acuerdo a la investigadora del Centro de Energía de la U. de Chile e integrante de la Red de Pobreza Energética, Paz Araya, “este seminario es la consolidación del trabajo desarrollado desde hace varios meses en tres talleres con académicos de la institución y profesionales de otros organismos públicos, para entender cuáles son las dimensiones de la pobreza energética y donde realizamos un informe que la define, con análisis de fuentes secundarias de alcance nacional. Buscamos compartir nuestro conocimiento con el mundo público y la ciudadanía, entendiendo que se trata de un problema complejo que debe visualizarse desde el territorio, las disciplinas y los objetivos en los que trabaja cada institución. Hemos logrado consolidar esta red académica y estamos trabajando en un informe que determine cómo inciden las políticas públicas en el acceso, la calidad y la equidad de la energía”.

El Jefe de la División Acceso y Equidad Energética del Ministerio de Energía, Gabriel Sepúlveda, expuso algunas de las medidas impulsadas desde 2014 para mejorar el acceso a este recurso, como el programa de electrificación para 10 mil viviendas, la incorporación de energías renovables en comunidades indígenas y el mejoramiento de suministro eléctrico en islas, entre otras. “Estamos trabajando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para proponerle al país una definición de pobreza energética que nos permita focalizar de mejor manera las políticas públicas y los recursos. Existe un importante número de familias que no puede acceder a la energía eléctrica y tampoco hay suficientes datos para saber dónde se encuentran y cómo podemos llegar a ellos. Por tanto, el diálogo debe establecerse con las mismas comunidades para encontrar modelos de gestión que hagan sostenibles este tipo de soluciones”, comentó.

Asimismo, el Jefe del Departamento de Análisis de la Realidad Social del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Cristóbal Moreno, quien presentó un diagnóstico con datos de la Encuesta CASEN 2015, señaló que “es muy importante participar en la medida en que se reconoce otra dimensión de la experiencia de vivir en pobreza, pues hasta ahora no se calcula de manera sistemática. Debemos conectar la discusión con las categorías usadas actualmente para medirla, donde hemos impulsado un trabajo por actualizar la medición de pobreza por ingreso y por incorporar una visión multidimensional de ésta. También es fundamental reconocer que este es un desafío intersectorial, por lo que esperamos compartir experiencias y articular la política pública considerando indicadores que les hagan sentido a todos los participantes de los organismos involucrados”.

La Secretaria Ejecutiva de Construcción Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Paola Valencia, enfatizó que “es sumamente importante dialogar sobre las problemáticas que tiene el país en general, pues la investigación producida en la academia es un gran aporte para mejorar la calidad de vida de los chilenos. El gran desafío es lograr que el estándar térmico de todas las viviendas de Chile sea óptimo, por lo que el Ministerio se ha preocupado del tema a partir de líneas de trabajo regulatorias y voluntarias, implementando subsidios para reacondicionamiento térmico de viviendas e incorporación de energías renovables en hogares sociales, además de enfocarse en planes para enfrentar la contaminación ambiental”.

En tanto, el Jefe de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Tito Pizarro, realizó una presentación sobre el impacto generado en las comunidades ante la contaminación energética. “En los lugares donde existe mala calidad de energía para alimentarnos, calentarnos o movernos, estamos generando polución y por lo tanto daño a la salud. Actualmente la población tiene menos años de vida saludable, siendo un problema transversal y que requiere trascender decisiones entre cuatro paredes. Hay que trabajar con los sectores urbanos y rurales, la sociedad civil y los organismos públicos para reflexionar sobre este tema de acuerdo al territorio o las condiciones socioculturales específicas. Por otro lado debemos buscar alternativas y diversificar la matriz energética, teniendo siempre en cuenta el acceso para los grupos con menos recursos”, concluyó el médico.

Finalmente, representantes del Ministerio del Medio Ambiente discutieron sobre la relación de la energía con el ecosistema, destacando problemas en el confort térmico y la calidad del aire en los hogares de Chile. El Jefe de la División de Cambio Climático, Fernando Farías, agregó que “la transformación del clima se debe principalmente a un mal manejo energético a nivel global, donde los fósiles son los mayores productores de CO2. Sin embargo, existen múltiples oportunidades para contar con mejores combustibles y equipos de combustión, pero necesitamos que la población entienda la importancia del uso de fuentes energéticas, por lo que el gran desafío no sólo reside en las políticas públicas, sino también en lo que cada chileno está dispuesto a hacer para mejorar su calidad de vida”.

La Red de Pobreza Energética de la Casa de Bello considera que un hogar se encuentra en dicha situación cuando no dispone de energía suficiente para cubrir las necesidades fundamentales, básicas y secundarias; además de no tener la capacidad de acceder o de decidir entre una gama suficiente de servicios energéticos adecuados, asequibles, confiables, de alta calidad, seguros y sustentables. Mayor información en www.pobrezaenergetica.cl

Ver noticia en la página de la Universidad de Chile.


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