La norma que finalmente fue incluida en el borrador de la nueva Constitución fue fruto de la propuesta que realizó la Red de Pobreza Energética junto a Chile Sustentable a la Convención y que envió tanto a las comisiones de Medio Ambiente como a la de Sistemas de Conocimientos. Si bien ésta recibió algunas modificaciones en base a los aportes de otras organizaciones, “lo que se consagra recoge el corazón y buena parte de lo que nosotros consideramos pertinente, como el concepto del ‘mínimo vital’, que creemos es un habilitante para poder asegurar una vida digna”, afirma la investigadora y coordinadora de Incidencia Pública de la RedPE, Paz Araya.

Para conseguir este resultado, la RedPE realizó un intenso trabajo de incidencia pública que comenzó dos años antes.

Según explica Paz Araya, la idea de proponer una norma que garantizara el derecho a la energía nació a comienzos del 2020, antes del plebiscito de octubre de ese año. “No sabíamos bien qué, ni cómo íbamos a hacerlo”, afirma. Entonces comenzaron un proceso de investigación sobre normas que consagran el derecho a la energía en textos constitucionales y legislaciones de otros países. “Luego, cuando teníamos más claridad, nos embarcamos en una serie de acciones, elaboramos documentos que fueron guiando nuestro trabajo, hicimos presentaciones en ante dos comisiones, se publicaron columnas de opinión en medios y otras acciones”, cuenta Paz Araya.Así se elaboró un documento sobre el Derecho Humano a la Energía en el cual se enumeran cinco principios a considerar para incluir este derecho en el texto constitucional. Luego, en conjunto con la organización Chile Sustentable, se publicó el documento “Energía: derecho humano y bien público”, el cual realiza una propuesta de norma constitucional en línea con lo que finalmente fue aprobado. 

Asimismo, los integrantes e investigadores de la RedPE, Paz Araya y Julián Cortés realizaron dos presentaciones ante la Comisión de Sistemas de Conocimiento y ante la Comisión de Medio Ambiente a inicios de este año. 

Paralelamente se publicaron columnas de opinión en varios medios digitales respecto de la importancia de esta norma y luego, se llevaron a cabo una serie de acciones que se fueron intensificando a medida que se acercaba el plazo final de votaciones de normas en el Pleno, como campañas en redes sociales y presencia de un equipo de coordinación de la RedPE en la sede de la Convención.

Según Javier Piedra, director de la Fundación Energía para Todos y parte del equipo de coordinación de la RedPE, “el objetivo de estar presentes en la Convención los últimos días era entregar información a aquellos convencionales que no estaban seguros sobre esta norma, ofreciéndoles contestar sus dudas e inquietudes y que así contaran con elementos que les permitiera entender por qué era importante incluir el derecho a un mínimo vital de energía en el borrador”.