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Crisis social, gobernanza y democracia: la necesidad de nuevas formas de gobernar lo común

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas”. Así, recordando a Mario Benedetti, hoy esta frase bien puede simbolizar la perplejidad de las instituciones políticas chilenas respecto de las demandas ciudadanas y la insensibilidad y represión con las cuales el gobierno fracasaba en contener una crisis que él mismo había radicalizado con sus propias acciones.

La incapacidad del ejecutivo de entender las raíces y el despliegue de esta crisis es indicador de la profunda ceguera que tiene sobre el Chile de los últimos años. No es que el estallido social haya de pronto cambiado las preguntas: las preguntas, demandas y tensiones que hoy se manifiestan en las calles no son nuevas. ¡No son 30 pesos, son 30 años!

Solo podremos entender a cabalidad esta crisis si nos quitamos lentes con los que solíamos mirar el mundo; si nos esforzamos en enfocar los puntos ciegos ínsitos en los conceptos, instituciones y prácticas desde las cuales hasta ahora hemos comprendido lo que nos rodea.

En efecto, no es sólo el ejecutivo quien ha quedado ciego: Chile no despertó solo porque salió de la inercia y salió a las calles, sino porque abrió los ojos de una manera distinta. Dejó de creer en lo que siempre había creído y vio las múltiples posibilidades que dicha creencia había escondido.

La historia tiene múltiples bifurcaciones, momentos de duda, olvido, silencios y actores emergentes. No existen principios y reglas que nos puedan guiar como verdades absolutas. Si tomamos conciencia de ello, y comprendemos que tanto el Estado como su forma de gobernar no son más una construcción inscrita en el tiempo y el espacio, podemos permitirnos confrontarlos con la realidad social.

En razón de lo anterior, debemos abandonar las posiciones binarias que tradicionalmente han condicionado nuestra estructura de pensamiento, abrirnos a la comparación de modelos y pensamientos y ser los agentes de las transformaciones.

Las ‘respuestas’ que Chile creía finalmente tener pueden resumirse en una serie de preceptos de fe: fe en el ‘milagro chileno’ como ejemplo de éxito de un modelo neoliberal de manejo económico y social; fe en la capacidad del libre mercado de impulsar el crecimiento de la economía, y en el carácter ilimitado de los recursos naturales en los que aquel se funda; fe en que los beneficios producidos por este crecimiento terminarán recayendo sobre todos los chilenos, y fe en la igualdad de oportunidad de todos los chilenos para tomar parte de estos beneficios ‘si sólo se empeñan lo suficiente’.

Hoy, esta crisis -y las muchas otras análogas que se han estado desatando en las cuatro esquinas del planeta- nos sugieren que esta fe puede estar mal puesta. Ha quedado claro, en primer lugar, que no existe garantía -más bien el contrario- que el crecimiento económico conlleve en automático (como por una ‘mano invisible’) mayor bienestar y posibilidades de desarrollo para las personas. Las desigualdades producen más desigualdades; la pobreza no se mide sólo en dinero, sino que también se observa en la incapacidad de contar con suficiente agua limpia para tomar, con energía de calidad para calefaccionar el hogar; en ver a la comunidad transformada en una ‘zona de sacrificio’ para promover los intereses de quienes no viven en ella. Es ya evidente que no hay esfuerzo que baste para salir de esta pobreza cuando las oportunidades se abren solo para algunos. El tiempo no sana las heridas históricas, sino les echa sal, y las hace cada vez más profundas.

No podemos esperar avanzar sin explorar nuevas formas de gobernanza, menos cuando vivimos en un mundo cada vez más complejo, globalmente interconectado, y medio ambientalmente frágil, como nos han mostrado los desafíos crecientes del cambio climático y la degradación ecológica. Los desafíos que nos depara el siglo XXI son radicalmente diversos y no debemos responder con la misma lógica e institucionalidad que antaño. La clásica oposición dual entre Estado y mercado nos ha mostrado dramáticamente sus lados más oscuros, y la gobernanza tal como la conocemos en la actualidad —centrada en encontrar un balance entre Estado y mercado— se ve fracturada por todas partes y está claramente desfasada con respecto a los desafíos y la sociedad actual.

Una luz de esperanza: desde hace más de dos décadas, han surgido alternativas que nos exhortan a salir de esta dualidad, a explorar una ‘tercera vía’ entre Estado y mercado. Entre ella, sin duda la más llamativa es la ‘gobernanza policéntrica acuñada por el Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom: la noción que, dadas las condiciones institucionales adecuadas, comunidades humanas a todas las escalas – hogares, barrios, pueblos, cuencas, grupos étnicos – pueden encontrar su forma de autogestión, promoviendo a la vez bienestar colectivo, justicia social y armonía con el medio ambiente. Surge de ahí una propuesta concreta respecto al gobierno desde lo común, fundada sobre el respeto, la autonomía de los ciudadanos y de los grupos en los que espontáneamente se unen, y una priorización de la deliberación y la colaboración por sobre la competencia y la individualización. Pero la función probablemente más central de este tipo de gobernanza es construir y dar cohesión a la comunidad. Para ello, no basta con que esta se asiente en instituciones respaldadas por la ley, sino también que aquellas instituciones y aquella ley sean consideradas legítimas por quienes las tienen que respetar.

Esto requiere, a la vez, rescatar la democracia representativa, fundada en una institucionalidad al amparo del Estado de Derecho, y en la que —al menos en teoría—cada ciudadano tiene voz, voto y participación en la gestión y construcción de los asuntos públicos.

Si queremos salir de esta crisis, tenemos que dejar de celebrar el falso triunfo de la democracia y gobernanza, y aceptar que ambas están hechas añicos. Sólo a partir de ahí, y del duro trabajo de reconstruir aquello que se ha despedazado, podemos esperar reconstruirnos como un país renovado, más justo, sustentable y más democrático.

Marco Billi. Investigador Escuela de Gobierno (Universidad Adolfo Ibáñez), Red de Pobreza Energética (U. Chile) y Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios.

Julián Cortés. Investigador del Programa de Riesgo Sísmico (U. de Chile), Red de Pobreza Energética (U. Chile) y Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios.

Columna disponible en El Dinamo

Crisis social y ecológica: la necesidad de un nuevo modelo de gobernanza

Estos últimos días nos remece una avalancha de emociones. En un mismo día podemos pasar rápidamente de los malestares a las preocupaciones, de la incredulidad a la indignación, pero también se hace espacio la esperanza.

Los problemas que enfrentamos son graves y urgentes, deudas pendientes de hace mucho tiempo que demandan reflexiones y diálogos profundos para poder salir de esta crisis, sumado a situaciones actuales que son inaceptables. Bajo este contexto, no es fácil volver a mirar la relación que existe con las condiciones socio-ambientales y el desafío que nos trae el cambio climático.

Sin embargo, no podemos pensar en la crisis social sin asumir la crisis ecológica, menos ahora que vemos que se abren nuevos caminos en el momento constituyente que ya está en marcha, y que nos permiten, por primera vez en nuestra historia, hacernos cargo de los desafíos climáticos que el país debe enfrentar de manera seria y a largo plazo. Perdernos en atacar los síntomas sin preocuparnos de la enfermedad es hipotecar el futuro de todo el país.

La evidencia científica es tan abrumadora como incontestable, Chile es un país altamente vulnerable frente al cambio climático.

Es muy claro en identificar las amenazas climáticas (ej. sequías, aluviones, incendios, olas de calor, marejadas, etc.), pero queda mucho por saber sobre sus consecuencias sociales.

Sin embargo, sabemos que el impacto social de las amenazas climáticas está relacionado estrechamente con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una gran cantidad de nuestra población y la actual crisis social no ha hecho otra cosa que recordárnoslo de la manera más dramática.

Además hay ciertos elementos que ya hemos identificado como críticos.

(1) Las consecuencias del cambio climático afectan más a los grupos vulnerables, tanto por su fragilidad frente a diversas crisis como por su dependencia de las decisiones de los grupos dominantes.

(2) Las amenazas climáticas profundizan los problemas ambientales ya existentes, por las condiciones de sobreexplotación de los recursos, y las debilidades institucionales para proteger ecosistemas y resguardar el uso común de los recursos.

(3) Contamos con poca información sobre las condiciones en las cuales los territorios enfrentan estas amenazas actualmente (considerando tanto su sensibilidad como su resiliencia) y lo poco que existe no está siendo utilizado para la toma de decisiones.

El desafío que enfrentamos es gigantesco: debemos poner en marcha las transformaciones estructurales que el país necesita para reducir la desigualdad y la injusticia social, considerando los riesgos climáticos actuales y futuros, así como los co-impactos que produzcan las medidas que se establezcan.

Un ejemplo es la transición energética, ineludible e impostergable, que no debiese perjudicar a los sectores vulnerables, ya sea por el aumento del costo de la vida, los cambios en las posibilidades de empleo o la afectación de ecosistemas.

La frase anterior no es trivial: “debemos poner en marcha las transformaciones estructurales que el país necesita” y esto implica como tomar decisiones colectivas vinculantes de forma legítima (nuevo pacto social) y decidir cómo se utilizará el territorio y la capacidad que tendrán las comunidades que viven en ellos para definir los cambios necesarios que permitan enfrentar las amenazas (fin al neoliberalismo desatado).

Además,  fortalecer las capacidades institucionales para la toma de decisiones con una proyección de largo plazo (2050), la participación de las comunidades y la consideración de diferentes fuentes de conocimiento (gobernanza policéntrica).

Para lograr una transformación de esta envergadura necesitamos una discusión profunda, que permita reconocer los diferentes conocimientos existentes sobre los fenómenos involucrados, desarrollar estructuras de coordinación entre múltiples esferas, fortalecer nuestras condiciones de resiliencia (disminuyendo la dependencia de pocos sectores productivos altamente sensibles al clima y propensos a la sobreexplotación, restaurando ecosistemas, fortaleciendo capacidades institucionales para identificar riesgos e implementando cambios en las zonas vulnerables) y activando un amplio proceso deliberativo que nos permita definir el futuro que queremos.

Con tristeza, pero realismo, fuimos conscientes que la COP25 no podía realizarse en Chile bajo las condiciones actuales. No habría sido responsable haber puesto en riesgo a nuestra población por las medidas extremas de seguridad que se habrían tomado para mantener la “normalidad”, poniendo en peligro al mismo tiempo las urgentes negociaciones climáticas.

Ahora, estando más lejos de esta pérdida, debemos retomar la agenda interna con más fuerza que antes.

El cambio climático no es una preocupación de científicos y activistas globales, es un problema de desigualdad que nos golpea con fuerza y hará crecer aún más la situación de vulnerabilidad y desigualdad territorial de nuestro país. Debemos ser parte de estos procesos, para que la anhelada transformación social sea también una transformación socio-ecológica.

Estos cambios no pueden hacerse en un panel de expertos o entre actores políticos que tomen decisiones de espaldas a la ciudadanía.

Hablamos de transformaciones profundas, difíciles de llevar a cabo en procesos urgentes, pero tremendamente necesarias para abordar los problemas de raíz. Los desafíos climáticos urgen por una mejora en la capacidad de tomar decisiones en los propios territorios, que fomenten la participación real de la comunidad, dejando ámbitos de regulación a nivel nacional, pero con espacios de innovación y coordinación entre ambos espacios.

Ya en el año 2009, la premio Nobel de Economía Elinor Ostrom nos hablaba de una “gobernaza policéntrica” para referirse a esta forma de gobernar los recursos comunes, respetando la soberanía territorial de los habitantes en diferentes niveles, valorando las estrategias de resolución de conflicto y tejido social a nivel local.

La crisis actual también puede ser observada como una “fisura en el régimen” (hablando en el lenguaje de las llamadas “transiciones socio-técnicas”) y, por lo tanto, es una oportunidad de cambio estructural que es urgente de lograr.

Estamos en un momento decisivo o transformamos nuestra sociedad o quienes sobrelleven las consecuencias del cambio climático serán solo los más privilegiados de los privilegiados.

Acompañando un proceso constituyente, la planificación de largo plazo que debemos impulsar en nuestro país (como parte también de nuestros compromisos internacionales para enfrentar el cambio climático) nos podría permitir establecer una verdadera perspectiva de Estado que vaya más allá del gobierno de turno, y que nos permita definir cómo viviremos ahora y en el futuro, considerando los diversos riesgos a los que nos enfrentaremos y fortaleciendo la resiliencia para enfrentarlos.

Anahí Urquiza. Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR)2 y Coordinadora de la Red de Pobreza Energética.

Disponible en cooperativa.cl

Una guerra de sombras: Piñera y el estado de crisis

Hay una práctica común en todo líder en apuros extraordinarios: atribuir la responsabilidad de sus pesares a un enemigo poderoso, firmemente articulado y que tiene por único propósito desestabilizar su posición. Es poco lo que se puede hacer frente a este enemigo. Si bien su amenaza parece en un principio venir de fuera, con el paso del tiempo ésta se hace cercana, convirtiendo a contactos confiables en enemigos. La infección se extiende, piensa el líder, el enemigo está ya en el hogar y toda acción adquiere una necesidad inmediata, urgente.

Retóricas similares aparecen frecuentemente en la historia. Una de las más recientes es la histeria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante una posible conspiración del “deep state” para acabar con su administración. Este enemigo se extiende por medios de comunicación, partidos políticos (¡incluso el propio!) y distintos representantes nacionales e internacionales. Ejemplos de décadas anteriores, ciertamente más graves, la ofrecen Hitler y Stalin que, en sus momentos finales, fueron también presos de una desconfianza radical respecto de sus antes cercanos y de la tentación de explicar sus pesares por un agente difuso e invencible. Para Chile resulta difícil no pensar en el Plan Z y la amenaza de establecer la dictadura del proletario como un ejemplo de esta tendencia.

Del mismo modo, el presidente Piñera no se da cuenta que está enfrentando una crisis producto de las desigualdades y exclusiones cuya existencia resulta cada día menos justificable, sino que en cambio aspira a presentarse como el último baluarte en la “guerra contra un enemigo poderoso”. Este Gran Otro se manifiesta, para su Ministro del Interior, en una “escalada organizada para causar un grave daño a nuestro país y a la vida de cada uno de los ciudadanos” que, como expresa con temor la Primera Dama en privado, tiene por intención nada menos que “romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias”. Esta narrativa ofrece una rápida simplificación de una situación compleja y, al mismo tiempo, ofrece una línea de acción clara para la toma de decisiones.

Cabe destacar que esta tentación por la adopción de narrativas simplificadoras no es exclusiva del gobierno. Para los movimientos sociales de distinto cuño que protagonizan las protestas el Gran Otro es representado por el modelo neoliberal, acusado de ser motor no de desarrollo, sino de toda desigualdad, todo malestar, toda degradación ambiental, todo privilegio y toda corrupción. Para esta narrativa, la promesa de progreso y bienestar articulada por los sostenedores del modelo neoliberal es una invención retórica dirigida a legitimar los abusos de unos pocos. Por lo cual, derrocar este modelo y sus elites económicas y políticas se describe como el camino para abrir las puertas para un Chile mejor y más justo.

Alrededor de esta contra narrativa se articula una protesta que, precisamente por tener una convicción compartida, no requiere de una organización formal. Pero para el Ejecutivo y las élites que este representa, incapaces de entender que el mundo de creencias que en los años fueron construyendo y que terminaron creyendo ha dejado de ser convincente para los demás, pero bien conscientes de cómo la contra narrativa emergente significa un ataque a sus privilegios, evocar la existencia de una tal organización termina siendo quizás la explicación más plausible. Emerge de este modo el Gran Otro, el enemigo poderoso y organizado que aterroriza hoy en día al gobierno de Piñera.

La consecuencia de esta guerra de sombras es la tendencia a extremar y polarizar las perspectivas: primero que todo la del Ejecutivo ensimismado en una guerra contra su Gran Otro, pero también aquella de los protestantes, no dispuestos a ningún compromiso con los que ven esencialmente como abusadores y represores. La bajada de fuerzas militares a la calle radicaliza aún más esta posición, puesto que, para muchos, aquello implica ‘retroceder el reloj a 1973: otras sombras, más siniestras y nunca olvidadas, dan nueva fuerza -y nueva unidad- al movimiento, que a la lucha por la igualdad suma ahora también la defensa de una libertad que se siente crucialmente amenazada.

Con eso, se restringe el espacio para un diálogo constructivo en pro de una reforma que supere los reduccionismos de la narrativa neoliberal sin paralizar el país en un tira-y-afloja permanente (a todo desmedro de la población común y sus necesidades) ni conducir a una escalamiento de la violencia. En este contexto, quizás el riesgo mayor de la situación actual es que, frente al Gran Otro que construyeron para sí, los miembros de la actual élite dirigente reaccionen como animales acorralados, incompetentes por escucharla y canalizarla institucionalmente, incapaces de huir sin perder todo lo que ellos creen haber ganado y que otros le acusan de haber robado, sin otra opción que luchar: animales acorralados, sí, pero (¡detalle importante!) con el monopolio de la violencia de la nación, y con cada día menos que perder y menos escrúpulos para usarla pues, en su visión de mundo, este enemigo extraordinario requiere también de medidas extraordinarias.

Julio Labraña. Investigador RedPE.

Marco Billi. Investigador RedPE.

Columna disponible en el mostrador

PANEL: “Gobernanza del Riesgo y Política pública: Desafíos regionales”

18/01/2018

Martes 23 de enero, 10:30 a 13:00 horas, sala B07, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (Av. Beaucheff 851, Santiago centro)

El propósito de este encuentro es abordar la gobernanza del riesgo, la cooperación internacional y conocer el enfoque y/o aporte que la academia puede realizar a la política pública de la reducción de riesgos y desastres.

Exponen:

– Tesania Velásquez, Directora Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú

– Óscar Gómez, Research Fellow, JICA Research Institute

– Jaime Campos, Director de CITRID

Charla abierta a todo público y gratuita.

Más información en: Sitio web CITRID


Seminario “Transición Energética y Participación”

07/12/2017

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y PARTICIPACIÓN

Inscripciones AQUÍ

15 de diciembre de 2017

9:00-13:00 hrs.

Sala Mathilde Brandau (Av. Santa María 076, 6o piso)

Facultad de Derecho – Universidad de Chile

En los últimos años, las políticas energéticas han sido el foco de los esfuerzos internacionales para lograr trayectorias más sustentables de desarrollo. Con ello se busca : garantizar un suministro energético seguro, constante y suficiente para las necesidades económicas y de desarrollo de los países; superar el problema de la pobreza energética y las consecuencias que este involucra en términos de acceso, calidad y equidad; y hacer compatible el desarrollo energético con la protección del medio ambiente, reduciendo tanto sus impactos ambientales a nivel local -contaminación del aire, agua y suelos, impacto sobre ecosistemas etc.- como sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (principales determinantes del cambio climático), respecto de los cuales el sector energético el mayor responsable a nivel global.

Frente a estas necesidades, ha ido cobrando creciente relevancia el propósito de diseñar e implementar la ‘transición’ de los sistemas energéticos regionales, nacionales y locales hacia configuraciones socio-técnicas más sustentables, en todas sus dimensiones.

Sin embargo, tal como ocurre con la gran mayoría de los problemas asociados con el desarrollo sustentable, la urgencia, criticidad y larga duración características de las transiciones energéticas se enfrenta con su naturaleza compleja, no lineal, sistémica y multiescalar, lo que las transforma en lo que se ha denominado “wicked problems” (problemas retorcidos), cuyas soluciones serán siempre riesgosas, arbitrarias y controversiales. No se trata sólo de la dificultad de describir con precisión y claridad el actual estado de los sistemas energéticos, sistemas en que un conjunto de tecnologías, actores e instituciones coexisten e interactúan dinámicamente en múltiples niveles; sino también de determinar el futuro hacia el cual hacer transitar dichos sistemas, en un contexto en el cual toda representación del futuro lleva intrínsecas e irreducibles incertidumbres, y moviliza una pluralidad de intereses, normas y valores a veces contradictorios. Lo anterior dice relación también, con el diseño de estrategias de transición que tomen en cuenta la inercia de las configuraciones existentes, la no  inealidad de los cambios, y el carácter policéntrico y autoorganizado de la sociedad moderna.

Frente a esto, se ha generado un creciente llamado a abandonar -o por lo menos complementar- los tradicionales enfoques centralizados de planificación y regulación, en favor de modalidades más indirectas y experimentales de gestionar las transiciones energéticas, dando un fuerte peso a procesos ‘participativos’ que abren la construcción e implementación de estas transiciones a una variedad de puntos de vista, racionalidades y conocimientos distintos. Es este el caso, sólo para citar algunos ejemplos, de la Estrategia de Desarrollo Energético de Nueva Zelanda, la Política Energética 2005-2030 de Uruguay, el proceso de política energética de Alemania, el Green Paper y White Paper de Australia o el proyecto Roadmap 2050 de la Unión Europea.

En Chile, la ‘participación’ es uno de los ejes centrales del proceso de construcción e implementación de la política energética de largo plazo del país, Energía 2050, en la cual participaron políticos, organismos públicos, empresas privadas, académicos, sociedad civil, asociaciones gremiales, ONGs y opinión pública con el fin de elaborar “una agenda que sirviera como hoja de ruta para construir y ejecutar una Política Energética de largo plazo que tenga validación social, política y técnica” (Máximo Pacheco, en Ministerio de Energía 2014: p. 7) y permita “avanzar hacia una energía sustentable, en todas sus dimensiones” (Ministerio de Energía 2015: p. 39).

A partir de lo previo, resulta útil y urgente de reflexionar sobre el concepto y formas de participación que se ponen en juego en los distintos niveles de estas transiciones energéticas, para aportar tanto al debate en términos de política energética como a aquel respecto del rol de la participación en la definición de la política pública y su relación con las tradicionales formas de democracia electoral representativa.

En tal contexto se plantean algunas interrogantes sobre: el rol que juega cada instancia de participación, cuál es su contenido, por qué es necesaria, qué ganamos, qué nos falta.

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