Red de Pobreza Energética recopila información de Constituciones en el Mundo en Materias Medioambientales












Como todos los años, las y los ciudadanos del mundo nos sumamos a “La hora del planeta”. Éste es un llamado y acción global que convoca a apagar la luz y todos los artefactos electrónicos durante una hora, el 27 de marzo, entre 20:30 y 21:30. Cada año, esta acción conlleva al debate respecto del impacto de las acciones puntuales o individuales, y su beneficio real para el planeta. Si ahondamos un poco, la acción de apagar la luz no es antojadiza, puesto que, la energía —en su más amplio sentido— es el mayor contribuyente de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Así, el acto simbólico de “apagar la luz” busca que reflexionemos respecto al modelo de desarrollo que tenemos, sobre el que queremos tener y, particularmente, en cómo podemos generar las condiciones para avanzar hacia una economía baja en carbono. En esto, la energía cumple un rol clave.
La hora del planeta no es una mera acción de carácter comunicativo, es una acción que mediante la oscuridad y la paralización busca que tomemos conciencia respecto de la necesidad y urgencia de esfuerzos para una transición energética hacia fuentes de energías más limpias. Asimismo, debemos ser claros en que la transición no es sólo sinónimo de energías renovables y limpias, es también una transformación del paradigma energético, es una crítica a los modelos de desarrollo que han priorizado los rendimientos económicos en desmedro de las comunidades locales, relegadas como costos de transacción y/o (per)zonas de sacrificio.
Chile es un país desigual, pero eso no significa que tengamos que seguir siéndolo. La pandemia hizo aun más visibles esas desigualdades. El estallido social ha puesto de manifiesto una necesidad imperiosa de cambios profundos, de nuevos acuerdos colectivos donde esta vez seamos todos partícipes. Así, se hace perentorio concebir el desarrollo energético del país desde una nueva óptica respecto a los desafíos que impondrá el cambio climático y sus consecuencias socio-naturales.
En Chile tenemos la oportunidad histórica de ponernos a escribir una nueva constitución que enmarcará el país que anhelamos y cómo queremos seguir construyéndolo. Las definiciones que acordemos delinearán no solo el desarrollo económico, sino que social, político y cultural, el rol del Estado y de cada uno de los habitantes del país. Por lo tanto, creemos fundamental que este debate considere a la energía como derecho humano para avanzar en una transición energética justa, garantizando el acceso equitativo a los servicios energéticos de calidad, donde la justicia ambiental, territorial e intergeneracional, además del derecho a una vivienda digna y adecuada sean sus bases fundamentales.
Escribir estas líneas sobre “La hora del planeta” nos recuerda también que somos unos privilegiados por contar con energía para hacer funcionar nuestros equipos electrónicos, iluminarnos, para calentarnos e incluso para refrescarnos. Pero no debemos olvidar que muchos habitantes del país no cuentan con ese privilegio, que no pueden acceder a plataformas digitales para educarse, que pasan inviernos fríos, que usan combustibles contaminantes en sus hogares, no tienen la posibilidad de refrigerar sus alimentos, o viven en zonas contaminadas por la generación de energía. Por ellos y con ellos, debemos escribir nuestra carta magna.

Roxana Bórquez. Investigadora RedPE y CR2

Julián Cortés. Investigador RedPE y ENEAS

Paz Araya. Investigadora RedPE.
Este viernes 5 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Eficiencia Energética, fecha que busca promover el uso adecuado, eficiente y sustentable de la energía. El Académico del Departamento de Geología y director del Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes (CEGA) e integrante de la RedPE, la Red Transdisciplinaria ENEAS y PROMA de la U. de Chile, Diego Morata, destaca algunos de los principales problemas que se han evidenciado durante la pandemia en esta materia.
Sin lugar a duda, esta crisis sociosanitaria que, como humanidad estamos sufriendo desde más de un año, nos tiene que servir de aprendizaje para cambiar determinados esquemas y paradigmas que teníamos enquistados en nuestro metro cuadrado de confort. En particular, en Chile hemos podido ver cómo los temas de eficiencia energética y sustentabilidad aparecen y desaparecen de la agenda política-social como si fuesen cometas.
Es cierto que el discurso sociopolítico de los últimos meses estaba (y con justa razón) centrado en cómo abordar la pandemia en el país. Pero, a pesar de ese tema prioritario que se tomó la agenda durante gran parte de 2020, hay una deuda enorme que Chile tiene con el medio ambiente, la sustentabilidad y, en particular, la eficiencia energética. Y han salido opiniones interesantes comenzando por una entrevista que le hicieron a nuestro Rector Ennio Vivaldi, en donde se pone de manifiesto la importancia de invertir en ciencia para abordar problemas que afectan a nuestra sociedad.
Conseguimos pasar el invierno del 2020 y, posiblemente a consecuencia de las restricciones de movilidad en las grandes ciudades, no fue un mal año en lo que se refiere a calidad del aire. Pero el problema de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de este país sigue vigente. Hay demasiadas zonas de sacrificio. Hay muchos problemas ambientales relacionados con un desarrollo feroz que no respeta el medio ambiente. Hay poca cultura cívica, pues es normal ver en nuestras calles a ciudadanos que tiran los papeles de envoltorios de caramelos al suelo.
Pronto llegará el otoño, las lluvias y la natural bajada de temperatura, por lo que volveremos a ver esas imágenes repetidas hasta la saciedad de personas con problema respiratorios asociados a una mala calidad de aire esperando en los centros médicos a ser atendidos. Una vez más, presenciaremos calles inundadas por problemas de mala gestión territorial. Estas son imágenes que se repiten año tras año y que necesitan una mirada holística con una fuerte base en la ciencia. Sin ir más lejos, este verano vimos cómo una lluvia pronosticada hizo estragos en el centro de nuestro país. Sin lugar a duda, no podemos controlar que llueva más o menos, pero si podemos tener una mejor gestión de nuestro territorio a fin de construir un futuro más sustentable.
Por otra parte, se empieza a oír el serio problema de que el centro-sur de Chile puede llegar a tener en relación con la crisis hídrica. Se habla mucho y falta realmente una visión de Estado que aborde, de verdad, con recursos importantes, la problemática desde los diferentes aspectos que ella conlleva. En el sur de nuestro país, la radiación solar no es intensa y estamos viendo que, con las reducciones de precipitaciones, nuestros ríos ya no llevan los caudales que se veían en años anteriores. En este contexto, estudios del CEGA están mostrando que es posible, desde el punto de vista técnico, implementar pequeñas plantas de generación y co-generación geotérmica en esta zona de Chile. Se trata de instalaciones que ocupan muy poco espacio, por lo que el impacto ambiental es mínimo, permitiendo la generación de electricidad y calor que puede usarse para la calefacción distrital.
Como sociedad también hemos demostrado que el sur de Chile no quiere mega-proyectos que impactan fuertemente en el medio ambiente. Por tanto, la geotermia debiese tomarse la agenda de la matriz energética de esta zona, ya que el potencial está bajo nuestros pies. Sólo se necesita la voluntad política de hacerse cargo que esa fuente de energía permitiría una independencia energética importante y daría seguridad y estabilidad a nuestra matriz eléctrica. Asimismo, este tipo de proyectos supondrían una reducción de los problemas de salud asociados a la mala calidad del aire y una mejora en la calidad de la construcción de nuestras viviendas. Estamos hablando de una de las mejores soluciones para un futuro más sustentable, sobre todo si se pone en la balanza el costo que el Estado necesita hacer todos los años por la cantidad de vidas humanas que se pierden con estos problemas ambientales y de salud asociados.
Son muchos los desafíos que tenemos por delante si aspiramos a un Chile más sustentable. Quizá esta pandemia nos ha abierto un poco más nuestra visión hacia una sociedad más justa e igualitaria. Pero aún quedan muchos retos por delante. Debemos tomar conciencia que el medio ambiente y la sustentabilidad no tienen color político. Deben ser un tema transversal a la sociedad, resguardado en el amparo de una nueva constitución, que permita tener un Estado mucho más participativo y que favorezca el trabajo inter, multi y transdiciplinario hacia una mejora en la eficiencia energética y la sustentabilidad.

Diego Morata. Director del Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes y académico del Departamento Geología de la Universidad de Chile. Gerente de EBP Chile y Directora de Espacio Público. Es parte de la Red Transdisciplinar ENEAS de la Universidad de Chile y también de la Red de Pobreza Energética.
Estos deben ser temas transversales a la sociedad, resguardados en el amparo de una nueva Constitución, que permita tener un Estado mucho más participativo y que favorezca el trabajo inter, multi y transdiciplinarios hacia una mejora en la eficiencia energética
y la sustentabilidad.
La crisis sociosanitaria que estamos sufriendo hace más de un año nos tiene que servir de aprendizaje para cambiar esquemas y paradigmas que teníamos enquistados en nuestro día a día. En particular, en Chile hemos podido ver cómo los temas de eficiencia energética y sustentabilidad aparecen y desaparecen de la agenda política-social como si fueran cometas.
Es cierto que el discurso sociopolítico de los últimos meses estaba centrado en cómo abordar la pandemia en el país. Y con justa razón. Pero, a pesar de ese tema prioritario, hay una deuda enorme que Chile tiene con el medio ambiente, la sustentabilidad y la eficiencia energética. Ya existen opiniones interesantes en donde se pone de manifiesto la importancia de invertir en ciencia para abordar éste y otros problemas que afectan a nuestra sociedad.
Conseguimos pasar el invierno de 2020 -posiblemente a consecuencia de las restricciones de movilidad en las grandes ciudades- con números no tan malos en cuanto a la calidad del aire. Pero el problema de mejorar los estándares de vida de los ciudadanos sigue vigente, partiendo por la gran cantidad de zonas de sacrificio existentes. Hay muchos problemas ambientales relacionados con un desarrollo feroz que no respeta el ecosistema. Hay poca cultura cívica, pues es normal ver en nuestras calles a ciudadanos que tiran los papeles de envoltorios de caramelos al suelo.
Pronto llegará el otoño, las lluvias y la natural bajada de temperatura, por lo que volveremos a ver esas imágenes repetidas hasta la saciedad de personas con problemas respiratorios asociados a una mala calidad de aire, esperando en los centros médicos a ser atendidos. Una vez más, presenciaremos calles inundadas por problemas de mala gestión territorial. Estas son imágenes que se repiten año tras año y que necesitan una mirada holística con una fuerte base en la ciencia. Sin ir más lejos, este verano vimos cómo una lluvia pronosticada hizo estragos en el centro de nuestro país. Sin lugar a duda, no podemos controlar que llueva más o menos, pero sí podemos tener una mejor gestión de nuestro territorio a fin de construir un futuro más sustentable.
Al mismo tiempo, hay que poner luces sobre la crisis hídrica en la zona centro-sur. Actualmente, falta una visión de Estado que aborde de verdad y con recursos importantes la problemática desde los diferentes aspectos que ella conlleva. En el sur de nuestro país, la radiación solar no es intensa y estamos viendo que, con las reducciones de precipitaciones, nuestros ríos ya no llevan los caudales que se veían en años anteriores. En este contexto, estudios del Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes están mostrando que es posible, desde el punto de vista técnico, implementar pequeñas plantas de generación y co-generación geotérmica en esta zona. Se trata de instalaciones que ocupan muy poco espacio, por lo que el impacto ambiental es mínimo, permitiendo la generación de electricidad y calor.
Este viernes 5 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Eficiencia Energética y son muchos los desafíos que tenemos por delante si aspiramos a un Chile más sustentable. Quizá esta pandemia nos abrió un poco más nuestra visión hacia una sociedad más justa e igualitaria. Pero aún quedan muchos retos por delante, especialmente entendiendo el contexto social y político que estamos enfrentando desde el estallido social. Debemos tomar conciencia que el medio ambiente y la sustentabilidad no tienen color político. Deben ser temas transversales a la sociedad, resguardados en el amparo de una nueva Constitución, que permita tener un Estado mucho más participativo y que favorezca el trabajo inter, multi y transdiciplinario hacia una mejora en la eficiencia energética y la sustentabilidad.

Diego Morata. Director del Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes y académico del Departamento Geología de la Universidad de Chile. Gerente de EBP Chile y Directora de Espacio Público. Es parte de la Red Transdisciplinar ENEAS de la Universidad de Chile y también de la Red de Pobreza Energética.
El documento reunió esfuerzos de las universidades de Chile, Concepción y Austral de Chile, teniendo como objetivo conceptualizar y analizar de manera interdisciplinaria la calidad del aire en el país, entregando recomendaciones basadas en evidencia para aportar al desarrollo de políticas públicas.





Combatir los problemas de contaminación del aire en Chile es una de las tareas a los que venimos haciendo alusión, en particular, la contaminación en el sur del país producida por la combustión de leña, la cual, requiere particular atención pues conlleva una serie de por atender, observar y mejorar.
“¡Qué traje tan magnífico! ¡Qué bordados tan exquisitos! Hasta que en medio de los elogios se oyó a un niño que dijo: – ¡Pero si está desnudo!” (El traje nuevo del emperador– Hans Christian Andersen). A través de la enseñanza de esta inocente fábula, quisiéramos darle cuerpo a ese clamor que la ciudadanía expresaba, mas no era oída: sólo porque todo el mundo—gobierno y expertos de la inteligencia artificial— crea que algo es verdad, no significa que lo sea; y sí, es la gente y su realidad aquel niño que devela la desnudez del emperador.
No se trata de un alegato contra quienes democráticamente detentan el poder, ni contra aquellos que meritocráticamente desarrollan una disciplina es, por el contrario, un llamado, o más bien un ruego hacia una ética de responsabilidad para con los ciudadanos/as basada en los derechos fundamentales. Y es aquí donde entra la reflexión sobre el aire que estamos respirando y sobre la calidad y el acceso a la calefacción en nuestro país.
De acuerdo con la encuesta nacional de medio ambiente 2018, el principal problema ambiental que afecta a los chilenos y chilenas es la contaminación del aire. Esta es una percepción generalizada a lo largo del país y es especialmente destacable en las regiones de Aysén, La Araucanía y Ñuble. Esta percepción tiene una razón de ser, porque el Cuarto Reporte del Estado del Medio Ambiente del (MMA) indica que en Chile más de nueve millones de personas están expuestas a niveles de contaminación del aire por sobre las normas internacionales. Esto ha provocado miles de muertes prematuras al año en el último tiempo.
Por ello, no resulta concebible en un Estado democrático de derecho, responsable frente a sus ciudadanos y respetuoso de la vida de todos y cada uno de ellos, que siga permitiéndose —bajo premisas económicas o análisis costo/beneficio— la existencia de “umbrales de tolerancia aceptables” o peor aún las llamadas “zonas de sacrificio”. Por el contrario, un Estado, movido por una ética de responsabilidad para con su sociedad, debe a lo menos, obrar bajo premisas de precaución, es decir, que frente a sospechas fundadas de que ciertos productos, tecnologías o eventos que podrían crear un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, debe tomar medidas sin esperar que se cuente con una prueba científica definitiva.
En otras palabras, el Estado debe ser capaz de identificar los efectos potencialmente negativos; evaluar la situación a la luz de los datos científicos disponibles; reconocer el margen de incertidumbre científica que se genera, y finalmente promover y aceptar la participación de todos los interesados.
Combatir los problemas de contaminación del aire en Chile es una de las tareas a los que venimos haciendo alusión, en particular, la contaminación en el sur del país producida por la combustión de leña, la cual, requiere particular atención pues, además de su impacto en el medioambiente, y en la salud de quienes están expuestos, conlleva una serie de por atender, observar y mejorar. La comercialización de leña seca, la informalidad del negocio y las condiciones precarias en las que trabajan muchas personas que cortan y venden este combustible son problemas que se deben abordar de forma sincronizada y efectiva. Hasta aquí ni siquiera hemos hablado de la sostenibilidad del bosque que se asume como renovable. Sin embargo, no hay certeza que se esté manejando de forma sostenible para suministrar toda la leña que se utiliza en Chile para calentar casas o preparar los alimentos.
Es imposible negar que no se hayan realizado esfuerzos por suministrar energía limpia y sostenible, pero si es claro que los esfuerzos no han sido organizados para darle efectividad a la tarea de descontaminar las ciudades del centro-sur en invierno. Una de las opciones para llevar a cabo esta tarea es la promoción del uso de la energía geotérmica, energía limpia y cuyo potencial en nuestro país es abundante. Además es la única energía renovable que funciona independiente del clima y estable durante las 24 horas. Sin embargo, la energía que está bajo nuestros pies, no ha sido prioridad en las políticas públicas.
Estudios y datos científicos son tajantes: en la medida que avance el invierno más aumentan las enfermedades respiratorias, esto dado por el frío y también por la contaminación. Todo parece indicar que la pandemia del coronavirus comenzará a mostrarnos su peor cara en las siguientes semanas invernales y es ahora cuando debemos aprender las lecciones de países que han logrado salir airosos en sus esfuerzos para combatir la crisis sanitaria. Además queda en evidencia que se necesita un plan por parte del gobierno, la participación ciudadana el fortalecimiento de los gobiernos locales, quienes a fin de cuentas son quienes mejores conocen las necesidades inmediatas de la población.
Hoy es el momento de armar una estrategia co-construída y optar por las energías renovables, locales y no contaminantes, es una oportunidad única de fortalecer los instrumentos de gobierno local —como las ordenanzas municipales— no olvidando el debate constituyente que hemos dejado pendiente y con el imperativo de que los chilenos y chilenas respiremos un aire limpio.
Es conocido el efecto de la contaminación del aire sobre enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cánceres, particularmente en sectores socialmente vulnerables[1]. Existen antecedentes de que la contaminación atmosférica aumenta la tasa de incidencia y mortalidad de las enfermedades respiratorias. En 2002, el síndrome respiratorio agudo causado por un virus genéticamente similar al actual coronavirus tuvo una letalidad promedio cercana al 6,6% en ciudades de China. Recientemente, en la provincia china de Shandong, se estudió la correlación diaria entre contaminantes como material particulado fino (MP2, 5) y grueso (MP10), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2) y la incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo con este estudio, cuando aumenta la concentración diaria de estos contaminantes aumenta también la incidencia de éstas[2].
Actualmente existe evidencia en Estados Unidos[3] e Inglaterra[4] acerca del rol de los contaminantes en la dispersión e incidencia de COVID-19. Tanto el sentido común como el principio precautorio llevan a pensar que, aunque no tengamos certeza absoluta sobre la transmisión aérea del virus, la calidad del aire debería ser un factor relevante por consideraren esta pandemia.

Julián Cortés. Investigador del Programa de Riesgo Sísmico, Universidad de Chile.

Mauricio Muñoz. Investigador del CEGA -Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes
Teniendo en cuenta el principio precautorio, sería preciso complementar las medidas de cuarentena y aislamiento con medidas ambientales a corto plazo —como el monitoreo de la calidad del aire y la vigilancia del cumplimiento de la norma—, y a mediano y largo plazo —como la transición a una matriz energética coherente con el escenario actual. Es posible que la evidencia sobre la transmisión aérea del virus demore en construirse; no obstante, ya sabemos que la contaminación del aire aumenta las enfermedades y muertes por causas respiratorias, cardiovasculares y cánceres, afectando particularmente a personas que experimentan algún tipo de vulnerabilidad como enfermedades basales o condiciones sociales desventajadas, y que incrementa la incidencia de infecciones del tipo influenza, es decir, de cuadros similares al COVID19.
Gentileza: Ciper Académico.
Autores: Felipe Encinas, Ricardo Truffello,
Anahí Urquiza y Macarena Valdés
15 de Mayo de 2020 en ciperchile.cl disponible aquí
Hace un par de décadas surgió la controversia sobre el riesgo que el bisfenol A —una sustancia química conocida como BPA— implicaba para la salud. Esta sustancia es ampliamente utilizada en la producción de plásticos y resinas, y comenzó a usarse en la fabricación de chupetes y accesorios para niñas y niños. En estudios toxicológicos realizados en condiciones controladas con animales de laboratorio, este compuesto fue caracterizado como un disruptor endocrino, es decir, una sustancia que afecta el metabolismo de diversas hormonas y con ello el neurodesarrollo, la inmunidad y la potencial aparición de cánceres. Sin embargo, en estudios epidemiológicos realizados en grupos poblacionales de seres humanos, la evidencia causal sobre la relación entre BPA y los efectos anteriormente mencionados no resultaba concluyente, lo que significa que estos estudios no generaban la misma evidencia que la obtenida en el laboratorio. La incertidumbre sobre el riesgo que representaba el BPA para la salud de niñas y niños instó a varios países a prohibir su uso en la elaboración de accesorios infantiles, mientras que otros han esperado a que la evidencia sea concluyente.
¿Qué sucede cuando la evidencia científica no es una receta de cocina que aplicamos y que nos entrega siempre el mismo resultado? Hay muchos ejemplos en salud ambiental en que la evidencia epidemiológica no es concluyente, tal como sucedió con el BPA, y que hacen que la toma de decisiones requiera de un enfoque basado en la salud pública. Situaciones como la del BPA nos permiten reconocer el principio precautorio como un enfoque que responde a la incertidumbre con medidas preventivas que permiten reducir los potenciales efectos negativos en la población; por lo mismo, este principio nos motiva a interpretar la falta de evidencia como riesgo y no como falta de causalidad. Teniendo en cuenta esta premisa, parece necesario reflexionar sobre cuál será nuestra postura como país para enfrentar eventos agudos como la actual pandemia del coronavirus, o estados más crónicos, como la crisis de inequidad que ha progresado en las últimas décadas.
Bajo el escenario actual de la pandemia por COVID19 —la enfermedad producida por el coronavirus— y el rápido aumento de la incidencia en regiones como la Metropolitana y la región de Magallanes, es pertinente tener una postura precautoria respecto del rol que jugará la contaminación del aire en indicadores sanitarios como la incidencia o la letalidad. En las últimas semanas, la calidad del aire ha sido buena en algunas ciudades, sin embargo, las bajas temperaturas experimentadas en las ciudades del sur de país, implicarán una mayor demanda energética y con ello mayor contaminación atmosférica, y en algunos casos, mayor contaminación intradomiciliaria. En efecto, si revisamos los datos de las estaciones de monitoreo del aire —pertenecientes al Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, SINCA—en ciudades como Osorno, Puerto Montt y Coyhaique ya se indica alerta y preemergencia ambiental.
Teniendo en cuenta el principio precautorio, sería preciso complementar las medidas de cuarentena y aislamiento con medidas ambientales a corto plazo —como el monitoreo de la calidad del aire y la vigilancia del cumplimiento de la norma—, y a mediano y largo plazo —como la transición a una matriz energética coherente con el escenario actual. Es posible que la evidencia sobre la transmisión aérea del virus demore en construirse; no obstante, ya sabemos que la contaminación del aire aumenta las enfermedades y muertes por causas respiratorias, cardiovasculares y cánceres, afectando particularmente a personas que experimentan algún tipo de vulnerabilidad como enfermedades basales o condiciones sociales desventajadas, y que incrementa la incidencia de infecciones del tipo influenza, es decir, de cuadros similares al COVID19.
Aunque las redes sociales y los medios de comunicación han destacado que medidas como la cuarentena están teniendo un efecto positivo en la calidad del aire, es también cierto que este efecto es temporal y probablemente no significativo. Por lo mismo, esta pandemia representa un desafío que aviva la fantasía que todas y todos tengamos acceso a salud, es decir, que la protección del bienestar físico, mental y social, y no tan solo la ausencia de enfermedad, sea un derecho indiscutible para todos lo miembros de nuestra sociedad. Para que esta fantasía se haga realidad y podamos superar la crisis de manera equitativa, se hace necesario establecer la idea que el principio precautorio no sea tan solo un enfoque basado en una postura filosófica, sino que sea uno de los principios fundamentales del nuevo pacto social que es requerido para solucionar los problemas crónicos que acarreamos del pasado y para enfrentar de mejor forma los desafíos actuales y futuros que la era del antropoceno trae consigo.

Macarena Valdés S. Doctora en Salud Pública. Investigadora Red de Pobreza Energética. Profesora asistente de la Escuela de Salud Pública e investigadora postdoctoral de Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2. Amante del esquí y el boulder.
La humanidad enfrenta hoy una grave crisis climática que demanda la urgencia de modificar nuestra relación con el medio ambiente, así como también la de reducir las desigualdades socio-estructurales, pues son dos caras de una misma moneda.
La idea de explotar constantemente a otros seres vivos con la finalidad de cubrir necesidades infinitas, sostiene un modelo económico inviable y una sociedad profundamente injusta.
Hoy día el modelo capitalista movilizado por el consumo material, que cuenta con recursos limitados en mercados globalizados, está siendo tensionado, cuestionando las estructuras que lo mantienen, poniéndose en contradicción con los propios derechos enarbolados por su éxito.
Los asuntos ambientales en general – y especialmente el cambio climático – son problemas de desigualdad: decisiones pensadas y tomadas en función del beneficio de algunas personas, generan consecuencias que profundizan las vulnerabilidades de otras. En ese contexto, las mujeres y disidencias quedan en una posición de evidente desventaja como resultado de los roles de género que históricamente se les han atribuido.
Tradicionalmente las mujeres y cuerpos feminizados han sido encargadas de las tareas de cuidado de los hogares, incluyendo la crianza, el cuidado de personas enfermas, de las personas mayores, el abastecimiento de alimentos, agua, energía y necesidades importantes como actividades de higiene, educación, entre muchas otras, según el contexto cultural donde nos encontremos.
Paralelamente, las decisiones políticas y económicas han estado en manos masculinas, donde el modelo económico se ha desarrollado, en base al sometimiento y extractivismo de territorios y de sus habitantes, sostenido en la producción de “recursos naturales” necesarios para el estilo de vida de ciertos grupos de personas en diferentes rincones del planeta.
Para reflexionar sobre este tema es posible pensar en dos niveles: la mayor vulnerabilidad de las mujeres y la menor posibilidad de incidir en las transformaciones públicas que se requieren.
Miremos algunos datos para hacernos una idea. Según la encuesta CASEN 2017, en vulnerabilidad debemos considerar la feminización de la pobreza, donde el 20% de las mujeres están en situación de pobreza multidimensional, pero además al mirar que el 22% de las familias en campamentos son monoparentales, el 96% de ellas tienen jefaturas femeninas (Techo-Chile, 2015).
Por otro lado, las mujeres ocupan en promedio el doble del tiempo en tareas domésticas, incluyendo a las que tienen trabajo remunerado además del doméstico (ENUT, 2015), siendo las principales afectadas si estas horas se amplían por problemas climáticos (limitaciones de recursos, eventos extremos, etc.). Este fenómeno es especialmente evidente cuando hablamos de Pobreza Energética.
Paradójicamente son las mujeres quienes declaran mayor preocupación y se sienten más responsables cuando hablamos de cambio climático, tanto del problema como de involucrarse en la solución (cerca de 10% de diferencia) (Statknows, 2019).
Sin embargo, la participación en cargos políticos solo se ha logrado acercar al 20% (SERVEL, 2018). En el sector privado la situación no es mejor, ya que en Chile solo el 13% de los principales cargos directivos de empresas son mujeres (Imad, 2017). Claramente, aún hoy día las mujeres están en una importante minoría cuando se toman decisiones políticas y económicas.
En este contexto podemos visualizar una gran oportunidad; tenemos la obligación de transformar nuestras estructuras económicas para hacer viable nuestra vida en el planeta y al mismo tiempo necesitamos transitar hacia un modelo que logre incorporar y valorizar el cuidado de otras personas y otros seres vivos, como la base de las decisiones políticas y económicas.
Más mujeres en los círculos de toma de decisiones nos permitirían avanzar en mostrar este escenario, estas visiones más colectivas, donde el cuidado de las nuevas generaciones sea la base de las expectativas de desarrollo.
¿Qué es lo humano?, ¿lo racional?, ¿la capacidad de pensar o de decidir para lograr beneficios individuales? Ninguna de las anteriores, es el lenguaje y pensamiento simbólico que existe para cuidar de otras personas, es decir, la capacidad de vivir colectivamente a través del sentido. Sin embargo, cuando la lógica reduccionista se apodera de nuestras estructuras, nos impide incorporar visiones más integrales que consideren un horizonte temporal más amplio, más inclusivo socialmente, y donde la sociedad asuma que no existe sin el entorno que la sostiene.
Colaboración y respeto. Más mujeres en las decisiones, más hombres en tareas de cuidado y más espacio para quienes no se adscriben a las definiciones binarias. Solo personas, donde los roles se compartan, las visiones se complementen y el futuro se construya de forma colectiva.
Cuando vemos a millones marchando por las calles, nos damos cuenta de que hoy tenemos una gran oportunidad, quizás una de las últimas. No la dejemos ir.

Anahí Urquiza. Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR)2 y Coordinadora de la Red de Pobreza Energética.
La Sociedad Civil por la Acción Climática SCAC organizó 10 días de actividades dirigidas 100% a reflexionar en torno al medio ambiente y el futuro.








La instancia impulsada por la Red de Energía, Agua y Sustentabilidad (ENEAS) de la U. de Chile, se constituyó como un espacio de discusión para desarrollar, articular y difundir el conocimiento científico en materia energética, hídrica y de explotación de los recursos naturales en el marco de la nueva constitución planteada por la ciudadanía tras el estallido social.

RED DE POBREZA ENERGÉTICA
SANTIAGO DE CHILE
