El evento que se desarrolló en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Madrid, organizada por la Fundación un Techo para Chile, NRGizar, Fundación Energía Para Todos, Red de Pobreza Energética y la Iniciativa de Energía Distrital en Ciudades del Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas, quienes se encargaron de exponer proyectos que apuntan a superar la pobreza energética en Chile mediante el uso de las energías renovables y la aplicación de la eficiencia energética.
La directora de Espacio Público habló en el foro Pobreza energética: ¿Cómo asegurar una transición inclusiva?, el que se realizó en el marco de la Cumbre Social por la Acción Climática.
La instancia impulsada por la Red de Energía, Agua y Sustentabilidad (ENEAS) de la U. de Chile, se constituyó como un espacio de discusión para desarrollar, articular y difundir el conocimiento científico en materia energética, hídrica y de explotación de los recursos naturales en el marco de la nueva constitución planteada por la ciudadanía tras el estallido social.
La RedPE y el trabajo transdisciplinar
La RedPE, autora de este documento, nació el año 2017 y es una plataforma de colaboración transdisciplinaria de académicos, investigadores, estudiantes, instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil, que busca enfrentar los desafíos de la pobreza energética en Chile y en la región latinoamericana. Además, se enfoca en generar redes de colaboración nacionales e internacionales para resolver estos problemas.
La académica de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora de la RedPe, Anahí Urquiza, relevó el trabajo de instalar la pobreza energética como una de las desigualdades presente en el país. ” Este tipo de fenómenos son muy complejos, requieren sentarnos en la mesa entre muchas disciplinas e incorporar a actores de civiles y del sector público y privado”, indicó respecto al desafío de su abordaje.
El Rector Ennio Vivaldi, presente en el lanzamiento, valoró el papel que cumplen las universidades públicas cuando el Estado no aborda problemas de esta índole. “El rol que han jugado nuestras instituciones es, en gran medida, un suplemento que no lo están haciendo las instancias que lo debieran hacer”.
También asistió Patricio Rosas, diputado por el 24° Distrito de la Región de los Ríos y que participa en la Comisión de Ciencia y Salud de la Cámara. Respecto a este tipo de propuestas, el parlamentario destacó que “le hacen sentido a la falta de políticas públicas que tenemos en Chile para la determinación de la falta de ingresos de una gran parte de la población y para solventar los gastos que significa tener una energía y una calefacción acorde a un estándar humano”.
El vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, destacó el carácter transdisciplinar de la red y de la Universidad de Chile. “Una de las cosas más importantes que tiene este tipo de investigaciones es la conexión directa con la sociedad (…) El país está demandando hoy una mayor participación, democratización y orientaciones respecto de la universidad a un esfuerzo conjunto para superar las deficiencias que tenemos en la sociedad”, subrayó.
Impactar la política pública para enfrentar un nuevo problema en el país, es el objetivo del Policy Paper “Pobreza Energética. El acceso desigual a la energía de calidad como barrera para el desarrollo en Chile”. Este documento analiza el desafío de medir y abordar integralmente esta dimensión menos conocida de la pobreza.
El rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, valoró el rol que cumplen las universidades estatales cuando el Estado no aborda problemas sociales.
El diputado Patricio Rosas, se refirió a la falta de políticas públicas para solventar los gastos que significa tener una energía y una calefacción acorde a un estándar humano.
El vicerrector de la VID, Flavio Salazar, destacó el carácter transdisciplinar de la RedPE y de la Universidad de Chile y recalcó que estas investigaciones son las que el país necesita.
La coordinadora de la Red, Anahí Urquiza, agradeció a todos los que participaron en la creación del Policy Paper y valoró que hoy se comiencen a discutir estos temas en la opinión pública.
En la foto, parte de la Red de Inclusión Energética Latinoamericana junto a autoridades universitarias y el diputado Rosas.
Este seminario contó con la participación de invitados extranjeros expertos en el tema: Dr. Rigoberto García-Ochoa, Colegio de la Frontera Norte, México; Dr. Andrés Schuschny, Organización Latinoamericana de Energía -Olade; Arturo González, Universidad Nacional de Asunción Paraguay; Dra. Urphy Vásquez, INTE- Pontificia Universidad Católica del Perú y Dr. Omar Prias, Director Red Colombiana de Conocimiento en Eficiencia Energética – RECIEE, Universidad Nacional de Colombia.
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“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas”. Así, recordando a Mario Benedetti, hoy esta frase bien puede simbolizar la perplejidad de las instituciones políticas chilenas respecto de las demandas ciudadanas y la insensibilidad y represión con las cuales el gobierno fracasaba en contener una crisis que él mismo había radicalizado con sus propias acciones.
La incapacidad del ejecutivo de entender las raíces y el despliegue de esta crisis es indicador de la profunda ceguera que tiene sobre el Chile de los últimos años. No es que el estallido social haya de pronto cambiado las preguntas: las preguntas, demandas y tensiones que hoy se manifiestan en las calles no son nuevas. ¡No son 30 pesos, son 30 años!
Solo podremos entender a cabalidad esta crisis si nos quitamos lentes con los que solíamos mirar el mundo; si nos esforzamos en enfocar los puntos ciegos ínsitos en los conceptos, instituciones y prácticas desde las cuales hasta ahora hemos comprendido lo que nos rodea.
En efecto, no es sólo el ejecutivo quien ha quedado ciego: Chile no despertó solo porque salió de la inercia y salió a las calles, sino porque abrió los ojos de una manera distinta. Dejó de creer en lo que siempre había creído y vio las múltiples posibilidades que dicha creencia había escondido.
La historia tiene múltiples bifurcaciones, momentos de duda, olvido, silencios y actores emergentes. No existen principios y reglas que nos puedan guiar como verdades absolutas. Si tomamos conciencia de ello, y comprendemos que tanto el Estado como su forma de gobernar no son más una construcción inscrita en el tiempo y el espacio, podemos permitirnos confrontarlos con la realidad social.
En razón de lo anterior, debemos abandonar las posiciones binarias que tradicionalmente han condicionado nuestra estructura de pensamiento, abrirnos a la comparación de modelos y pensamientos y ser los agentes de las transformaciones.
Las ‘respuestas’ que Chile creía finalmente tener pueden resumirse en una serie de preceptos de fe: fe en el ‘milagro chileno’ como ejemplo de éxito de un modelo neoliberal de manejo económico y social; fe en la capacidad del libre mercado de impulsar el crecimiento de la economía, y en el carácter ilimitado de los recursos naturales en los que aquel se funda; fe en que los beneficios producidos por este crecimiento terminarán recayendo sobre todos los chilenos, y fe en la igualdad de oportunidad de todos los chilenos para tomar parte de estos beneficios ‘si sólo se empeñan lo suficiente’.
Hoy, esta crisis -y las muchas otras análogas que se han estado desatando en las cuatro esquinas del planeta- nos sugieren que esta fe puede estar mal puesta. Ha quedado claro, en primer lugar, que no existe garantía -más bien el contrario- que el crecimiento económico conlleve en automático (como por una ‘mano invisible’) mayor bienestar y posibilidades de desarrollo para las personas. Las desigualdades producen más desigualdades; la pobreza no se mide sólo en dinero, sino que también se observa en la incapacidad de contar con suficiente agua limpia para tomar, con energía de calidad para calefaccionar el hogar; en ver a la comunidad transformada en una ‘zona de sacrificio’ para promover los intereses de quienes no viven en ella. Es ya evidente que no hay esfuerzo que baste para salir de esta pobreza cuando las oportunidades se abren solo para algunos. El tiempo no sana las heridas históricas, sino les echa sal, y las hace cada vez más profundas.
No podemos esperar avanzar sin explorar nuevas formas de gobernanza, menos cuando vivimos en un mundo cada vez más complejo, globalmente interconectado, y medio ambientalmente frágil, como nos han mostrado los desafíos crecientes del cambio climático y la degradación ecológica. Los desafíos que nos depara el siglo XXI son radicalmente diversos y no debemos responder con la misma lógica e institucionalidad que antaño. La clásica oposición dual entre Estado y mercado nos ha mostrado dramáticamente sus lados más oscuros, y la gobernanza tal como la conocemos en la actualidad —centrada en encontrar un balance entre Estado y mercado— se ve fracturada por todas partes y está claramente desfasada con respecto a los desafíos y la sociedad actual.
Una luz de esperanza: desde hace más de dos décadas, han surgido alternativas que nos exhortan a salir de esta dualidad, a explorar una ‘tercera vía’ entre Estado y mercado. Entre ella, sin duda la más llamativa es la ‘gobernanza policéntrica acuñada por el Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom: la noción que, dadas las condiciones institucionales adecuadas, comunidades humanas a todas las escalas – hogares, barrios, pueblos, cuencas, grupos étnicos – pueden encontrar su forma de autogestión, promoviendo a la vez bienestar colectivo, justicia social y armonía con el medio ambiente. Surge de ahí una propuesta concreta respecto al gobierno desde lo común, fundada sobre el respeto, la autonomía de los ciudadanos y de los grupos en los que espontáneamente se unen, y una priorización de la deliberación y la colaboración por sobre la competencia y la individualización. Pero la función probablemente más central de este tipo de gobernanza es construir y dar cohesión a la comunidad. Para ello, no basta con que esta se asiente en instituciones respaldadas por la ley, sino también que aquellas instituciones y aquella ley sean consideradas legítimas por quienes las tienen que respetar.
Esto requiere, a la vez, rescatar la democracia representativa, fundada en una institucionalidad al amparo del Estado de Derecho, y en la que —al menos en teoría—cada ciudadano tiene voz, voto y participación en la gestión y construcción de los asuntos públicos.
Si queremos salir de esta crisis, tenemos que dejar de celebrar el falso triunfo de la democracia y gobernanza, y aceptar que ambas están hechas añicos. Sólo a partir de ahí, y del duro trabajo de reconstruir aquello que se ha despedazado, podemos esperar reconstruirnos como un país renovado, más justo, sustentable y más democrático.
Entender la violencia se ha convertido en un tema recurrente a partir del estallido social. ¿Qué motiva la acción de los encapuchados, los abusos por parte de las fuerzas del orden y los saqueos a locales comerciales? Algunos responsabilizan una educación insuficiente, la desesperanza adquirida, las expectativas de la juventud “millenial” o la crisis de los valores tradicionales. Otros, en relación con la conducta de las fuerzas policiales, señalan como factores explicativos la incompetencia de las autoridades de gobierno, la actitud violenta de los propios oficiales o la cultura represiva de los altos mandos militares.
Es probable que todas estas variables contribuyan al fenómeno. Sin embargo, a nuestro juicio, aquellas no explican, por sí solas, como la violencia escala en una manifestación y conducta aislada de unos pocos individuos, a describir de manera generalizada y recurrente la acción de una parte considerable de grupos sociales. Para comprender aquello, como sugería el sociólogo norteamericano Robert R. Merton en su libro “Social Theory and Social Structure” (1949), no debemos buscar las causas en los atributos y motivaciones personales de cada sujeto, sino más bien en el plano de las estructuras sociales, y particularmente, en la interrelación entre medios institucionalizados y fines culturales. Según señala Merton, cuando existe una coincidencia entre medios y fines, la sociedad opera de manera conservadora, sin alterar sus estructuras. Por el contrario, cuando los dos están en disonancia entre sí, se dan las condiciones para una crisis social.
En situaciones normales, la sociedad se rige por expectativas compartidas, por ‘normas simbólicas’ que respetamos precisamente porque podemos dar por sentado que otros las respeten también: de este modo, pagamos por adquirir ciertos bienes y servicios pues asumimos que los demás harán lo mismo y que quien no lo haga será sancionado por el orden público; asimismo, respetamos a quienes están encargados de mantener ese orden público porque suponemos que los demás lo harán y también porque creemos que los oficiales de policía actuarán conforme a lo que la ley establece; aceptamos que quien ocupa posiciones de autoridad pueda decidir por nosotros porque creemos que los demás también aceptarán esas mismas decisiones y, quizá más importante, porque presumimos que las autoridades decidirán en razón de los intereses movilizados por la opinión pública y que podrán ser removidas del cargo si no lo hacen.
La convivencia cotidiana se funda en el hecho que su validez es auto-evidente. Por lo mismo, puede permanecer por largo tiempo incuestionada. Incluso cuando es puesta en tela de juicio, por ejemplo, cuando se acusa a la ley de ser ilegitima, a los políticos de ser corruptos, los propietarios de haber obtenido su fortuna mediante fraudes, es posible todavía aceptar el rol de las instituciones solo por la creencia de que otros también las aceptarán y que quienes no, serán marginados y castigados. De esa manera, la sociedad se conserva y reproduce, pese a saberse a sí misma improbable e imperfecta. Por el contrario, cuando su plausibilidad empieza a decaer, se hace espacio para la incertidumbre sobre si una determinada norma será efectivamente aceptada por otros. Es aquí cuando se abre el espacio para soluciones alternativas al problema, para la innovación y una mayor creatividad. Pero con ello caen – o se suspenden – los fundamentos de cualquier comunicación orientada al consenso.
La violencia aparece entonces como una opción válida. Cuando algunos evaden la propiedad privada o pública sin ser sancionados, no es sólo el propietario que se ve afectado, si no la propia idea de propiedad, en tanto saquear o destruir se hacen parte de la normalidad. Cuando vemos que la ley se aplica sin medida y sin legitimidad y que otros se resisten a quien busca castigarlos, lo que se pierde es el valor de la ley misma. Y cuando vemos que los políticos no saben responder, cuando más de nueve décimos de la opinión pública está en contra de ellos, lo que se derrumba es el propio valor de la autoridad democrática.
En tal contexto, cuando todas las normas sociales pierden su plausibilidad, se hace patente lo que el filósofo italiano Giorgio Agamben llama la “vida desnuda”: una comunicación carente de presupuestos y centrada exclusivamente en el manejo del cuerpo. Entonces, el ser humano al frente, no es alguien del cual se pueda presuponer disposición a la argumentación y al cambio, sino un obstáculo para la imposición de la propia idea de lo correcto, un enemigo frente al cual las únicas opciones son subyugar o ser subyugado.
Afortunadamente, y a pesar de los temores del gobierno y las expectativas de un sector de los manifestantes, las normas sociales en las que descansa la convivencia de los chilenos parecen resistir todavía.
Ciertamente, su eficacia como medios institucionalizados aceptados en el sentido de Merton no es directa, como antes, pero ellas todavía definen el ámbito de lo que debiese esperarse: constitución democrática, acceso justo al sistema de la salud, educación de calidad, reducción de las desigualdades basadas en el origen socioeconómico y política medioambiental sustentable.
El reclamo reconoce la deseabilidad de los valores de la modernidad y su importancia como horizonte normativo común y, dentro de este marco, demanda, con rabia, que dichos valores puedan (¡al fin!) ser efectivamente realizados con los medios tradicionales.
De esta manera, el valor de las normas persiste, más se reconoce que ellas ya no describen lo que es, sino lo que debe ser
El problema es que cuando estas normas sociales ya no describen la realidad sino lo deseable, lo contra fáctico, se hace más probable aceptar definitivamente su ineficacia y descartarlas de una vez. Esta es la situación sociopolítica actual del país: un delicado equilibrio, sustentado en la esperanza, por parte de la clase política y de los protestantes, que aún es posible identificar una vía racional para alcanzar las promesas de desarrollo a pesar de la desconfianza mutua. Si este equilibrio es alterado, se abre espacio para alternativas, como la violencia, que no requieren ampararse en normas sociales, sino que justamente se nutren de la ausencia de aquellas. Así, manifestantes se convierten en violentistas, transeúntes en saqueadores y las fuerzas del orden, en abusadores.
Considerado lo anterior, el discurso bélico avanzado desde los primeros días por el presidente Piñera y reforzado con las medidas propuestas, centradas en fortalecer en orden público y perseguir a quienes hagan “desórdenes”, corren el riesgo de generar una mayor radicalización de los actores involucrados al confirmar la realidad de la retórica del enfrentamiento. Dicho enfrentamiento, puede acentuar la oposición entre bandos, contribuyendo a un debilitamiento más profundo de las mismas normas sociales. Se genera así un espiral, una escalada marcada por la adopción de más violencia como único medio si no para convivir, sí para seguir viviendo.
A un mes del estallido social, ya casi pasa desapercibido el anuncio de la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, para así dejar sin efecto el alza anunciada a principios de octubre.
La energía generada en el país es de 6.440 GWh. El 61% proviene de fuentes térmicas, tales como carbón, gas natural y petróleo. Chile queda a merced de la volatilidad del precio de los combustibles fósiles altamente contaminantes y de una infraestructura vulnerable.
La democracia representativa, fundada en una institucionalidad al amparo del Estado de Derecho, y en la que —al menos en teoría—cada ciudadano tiene voz, voto y participación en la gestión y construcción de los asuntos “públicos” ha conocido un destino paradójico en el transcurso de las últimas décadas, y eso sin hablar de los últimos días en Chile. El ejercicio de los poderes políticos y económicos ya no permite que los ciudadanos tengan influencia en estos asuntos, es más, todo lo que orienta hoy nuestro futuro no se somete al debate público y vinculante.
En este contexto, parece inexorable una verdadera revolución de la gobernanza y avanzar hacia nuevas formas y nuevos tratos. Resulta interesante al respecto la noción de Gobernanza Policéntrica, término acuñado por Elinor Ostrom —Premio Nobel de Economía 2009—, que alude a una idea concreta respecto al gobierno de los recursos comunes, sobre la base del respeto de la autonomía de los ciudadanos en su actuación a distintas escalas de intervención – casa, familia, barrio, trabajo, colegio – y que busca priorizar las estrategias de resolución de conflictos y de coordinación del tejido social.
Este modelo, nos da pie para discutir sobre el estatus de derecho de bienes y servicios comunes necesarios para el bienestar, tales como el agua o la energía. Respecto de este último, sobre todo por el creciente desarrollo del concepto de pobreza energética, se plantea la necesidad de considerarlo como un derecho “in status nascendi”, es decir, un derecho humano en formación habida cuenta de los conflictos socio‐ambientales y sus repercusiones en la calidad de vida.
La gobernanza tal como la conocemos en la actualidad —centrada en el Estado y los mercados— se ve fracturada por todas partes y está claramente desfasada respecto con la sociedad actual y los desafíos que nos esperan y apremian. No podemos seguir respondiendo a ellos con la lógica y estructura de gobernanza de los siglos XIX y XX. El principal y más grande desafío de esta nueva forma de gobernar, es construir y dar cohesión a la comunidad. Para ello, no basta con que sólo sea legal, sino que también debe ser considerada legítima.
20/11/2019
Seminario Internacional “Pobreza Energética: Adaptación y Mitigación en la transición Energética Latinoamericana”.
¿Cuándo?: 27, 28 y 29 de noviembre 2019.
NUEVA UBICACIÓN:
Miércoles y jueves (todo el día); viernes (solo por la tarde): Colegio de Ingenieros, Sta. María 506, Providencia. Metro Salvador, Santiago.
Viernes mañana: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Av. Portugal N°84, Santiago.
Revisa aquí el PROGRAMA COMPLETO de los paneles de discusión y actividades
Seminario gratuito, previa inscripción AQUÍ
Estos últimos días nos remece una avalancha de emociones. En un mismo día podemos pasar rápidamente de los malestares a las preocupaciones, de la incredulidad a la indignación, pero también se hace espacio la esperanza.
Los problemas que enfrentamos son graves y urgentes, deudas pendientes de hace mucho tiempo que demandan reflexiones y diálogos profundos para poder salir de esta crisis, sumado a situaciones actuales que son inaceptables. Bajo este contexto, no es fácil volver a mirar la relación que existe con las condiciones socio-ambientales y el desafío que nos trae el cambio climático.
Sin embargo, no podemos pensar en la crisis social sin asumir la crisis ecológica, menos ahora que vemos que se abren nuevos caminos en el momento constituyente que ya está en marcha, y que nos permiten, por primera vez en nuestra historia, hacernos cargo de los desafíos climáticos que el país debe enfrentar de manera seria y a largo plazo. Perdernos en atacar los síntomas sin preocuparnos de la enfermedad es hipotecar el futuro de todo el país.
La evidencia científica es tan abrumadora como incontestable, Chile es un país altamente vulnerable frente al cambio climático.
Es muy claro en identificar las amenazas climáticas (ej. sequías, aluviones, incendios, olas de calor, marejadas, etc.), pero queda mucho por saber sobre sus consecuencias sociales.
Sin embargo, sabemos que el impacto social de las amenazas climáticas está relacionado estrechamente con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una gran cantidad de nuestra población y la actual crisis social no ha hecho otra cosa que recordárnoslo de la manera más dramática.
Además hay ciertos elementos que ya hemos identificado como críticos.
(1) Las consecuencias del cambio climático afectan más a los grupos vulnerables, tanto por su fragilidad frente a diversas crisis como por su dependencia de las decisiones de los grupos dominantes.
(2) Las amenazas climáticas profundizan los problemas ambientales ya existentes, por las condiciones de sobreexplotación de los recursos, y las debilidades institucionales para proteger ecosistemas y resguardar el uso común de los recursos.
(3) Contamos con poca información sobre las condiciones en las cuales los territorios enfrentan estas amenazas actualmente (considerando tanto su sensibilidad como su resiliencia) y lo poco que existe no está siendo utilizado para la toma de decisiones.
El desafío que enfrentamos es gigantesco: debemos poner en marcha las transformaciones estructurales que el país necesita para reducir la desigualdad y la injusticia social, considerando los riesgos climáticos actuales y futuros, así como los co-impactos que produzcan las medidas que se establezcan.
Un ejemplo es la transición energética, ineludible e impostergable, que no debiese perjudicar a los sectores vulnerables, ya sea por el aumento del costo de la vida, los cambios en las posibilidades de empleo o la afectación de ecosistemas.
La frase anterior no es trivial: “debemos poner en marcha las transformaciones estructurales que el país necesita” y esto implica como tomar decisiones colectivas vinculantes de forma legítima (nuevo pacto social) y decidir cómo se utilizará el territorio y la capacidad que tendrán las comunidades que viven en ellos para definir los cambios necesarios que permitan enfrentar las amenazas (fin al neoliberalismo desatado).
Además, fortalecer las capacidades institucionales para la toma de decisiones con una proyección de largo plazo (2050), la participación de las comunidades y la consideración de diferentes fuentes de conocimiento (gobernanza policéntrica).
Para lograr una transformación de esta envergadura necesitamos una discusión profunda, que permita reconocer los diferentes conocimientos existentes sobre los fenómenos involucrados, desarrollar estructuras de coordinación entre múltiples esferas, fortalecer nuestras condiciones de resiliencia (disminuyendo la dependencia de pocos sectores productivos altamente sensibles al clima y propensos a la sobreexplotación, restaurando ecosistemas, fortaleciendo capacidades institucionales para identificar riesgos e implementando cambios en las zonas vulnerables) y activando un amplio proceso deliberativo que nos permita definir el futuro que queremos.
Con tristeza, pero realismo, fuimos conscientes que la COP25 no podía realizarse en Chile bajo las condiciones actuales. No habría sido responsable haber puesto en riesgo a nuestra población por las medidas extremas de seguridad que se habrían tomado para mantener la “normalidad”, poniendo en peligro al mismo tiempo las urgentes negociaciones climáticas.
Ahora, estando más lejos de esta pérdida, debemos retomar la agenda interna con más fuerza que antes.
El cambio climático no es una preocupación de científicos y activistas globales, es un problema de desigualdad que nos golpea con fuerza y hará crecer aún más la situación de vulnerabilidad y desigualdad territorial de nuestro país. Debemos ser parte de estos procesos, para que la anhelada transformación social sea también una transformación socio-ecológica.
Estos cambios no pueden hacerse en un panel de expertos o entre actores políticos que tomen decisiones de espaldas a la ciudadanía.
Hablamos de transformaciones profundas, difíciles de llevar a cabo en procesos urgentes, pero tremendamente necesarias para abordar los problemas de raíz. Los desafíos climáticos urgen por una mejora en la capacidad de tomar decisiones en los propios territorios, que fomenten la participación real de la comunidad, dejando ámbitos de regulación a nivel nacional, pero con espacios de innovación y coordinación entre ambos espacios.
Ya en el año 2009, la premio Nobel de Economía Elinor Ostrom nos hablaba de una “gobernaza policéntrica” para referirse a esta forma de gobernar los recursos comunes, respetando la soberanía territorial de los habitantes en diferentes niveles, valorando las estrategias de resolución de conflicto y tejido social a nivel local.
La crisis actual también puede ser observada como una “fisura en el régimen” (hablando en el lenguaje de las llamadas “transiciones socio-técnicas”) y, por lo tanto, es una oportunidad de cambio estructural que es urgente de lograr.
Estamos en un momento decisivo o transformamos nuestra sociedad o quienes sobrelleven las consecuencias del cambio climático serán solo los más privilegiados de los privilegiados.
Acompañando un proceso constituyente, la planificación de largo plazo que debemos impulsar en nuestro país (como parte también de nuestros compromisos internacionales para enfrentar el cambio climático) nos podría permitir establecer una verdadera perspectiva de Estado que vaya más allá del gobierno de turno, y que nos permita definir cómo viviremos ahora y en el futuro, considerando los diversos riesgos a los que nos enfrentaremos y fortaleciendo la resiliencia para enfrentarlos.
RED DE POBREZA ENERGÉTICA