La cifra corresponde a Valdivia y fue señalada por un estudio del Instituto Forestal. Esto significa que las familias gastan más del 10% de sus ingresos en energía, pero aún así no cubren sus necesidades.
A partir del seminario abierto en Valdivia el pasado 23 de agosto en la Universidad Austral de Chile, el Diario Austral sacó una nota sobre la pobreza energética y los estudios de INFOR en torno al tema.
La necesidad de elaborar una definición de Pobreza Energética para Chile fue declarada en la Política Energética 2050 cuando se expone que, en Chile, es necesario responder a cuáles son los elementos que determinan la pobreza energética y cuál es el nivel actual en nuestro país. Se plantea la necesidad de definir el concepto y su forma de medición con el objetivo de establecer políticas específicas para su reducción. La Red de Pobreza Energética (RedPE) nace al alero de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile con un equipo multidisciplinario que busca enfrentar este desafío. Actualmente la red se compone de investigadores y socios de distintos ámbitos, tanto públicos como privados, de regiones y de diferentes actores de la sociedad civil. El enfoque de la red se ha iniciado desde la escala de la vivienda, para avanzar hacia una escala territorial de las dimensiones que afectan la pobreza energética.
Es en la escala de vivienda, donde precisamente existe el gran desafío de construir indicadores que nos permitan evaluar la pobreza energética residencial, en los distintos contextos climáticos, geográficos y territoriales de nuestro país. Chile, desde los 80, inició una política habitacional para suplir el déficit cuantitativo de hogares, que dejó como resultado, un extenso parque habitacional edificado a lo largo de todo el país, con pobres estándares constructivos y mínimos requerimientos de espacio público. Es precisamente la mala calidad constructiva que tienen las viviendas, la responsable de la contaminación por combustión a leña (Material Particulado 10 y 2.5) que sufren muchas ciudades al sur del nuestro país, afectando la salud de la población. Una vivienda mal aislada y llena de infiltraciones de aire, no permite mantener el calor dentro de la vivienda; y eso, en consecuencia, implica mayor cantidad de energía requerida para generar calor y mantener un ambiente mínimamente confortable.
En el caso de las ciudades del sur, esa energía calórica se genera a partir de la combustión de leña. Y no se puede prohibir el uso de leña, cuando es el recurso energético más barato y asequible para las familias de menores ingresos. No contar con recursos para costear la calefaccionar en un hogar, implica tener que tolerar el frío sin otra alternativa que abrigarse más dentro de la vivienda y en el caso de los adultos mayores, permanecer mayor tiempo dentro de la cama. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Si prohibimos el uso de leña, las personas más vulnerables no pueden costear otros combustibles para calefaccionar, lo cual trae como consecuencia problemas de salud de las personas por bajas temperaturas dentro del hogar. Pero su extensivo uso, genera por otro lado, la contaminación atmosférica, que también afecta a la salud de las personas. Si bien hoy contamos con un subsidio de reacondicionamiento térmico y una reglamentación térmica para vivienda, los requerimientos exigidos siguen siendo pocos, sobre todo para la zona sur de nuestro país, que cuenta con climas con frío extremo.
Mejorar la calidad constructiva de una vivienda, no es sólo preocuparse de la aislación térmica. Implica resolver problemas de infiltraciones, puentes térmicos, humedad, garantizar adecuados niveles de ventilación, así como contar con fuentes de calefacción limpias, seguras y con combustible asequibles y disponibles. El desafío de mejorar la calidad de nuestras edificaciones es a toda escala y en todo el territorio, porque no sólo las familias más vulnerables pasan frío en invierno, las familias de clase media también. La vivienda debe garantizar una calidad de ambiente interior saludable y confortable, con los mínimos requerimientos energéticos posibles. Si esto último es de consenso nacional, entonces cabe preguntarse:
¿Cuántos chilenos sufrimos algún tipo de pobreza energética?
Las políticas públicas e iniciativas privadas relacionadas con temas de vivienda y urbanismo tienen como objetivo primario el mejoramiento de las condiciones en que las personas viven y se desarrollan; esto es particularmente relevante cuando nos referimos a quienes viven en campamentos —asentamientos que agrupan a familias vulnerables en zonas geográficas con problemas de habitabilidad.
Según las estadísticas de Techo —organización no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a la gestión de viviendas sociales y a la superación de la pobreza— alrededor de 700 campamentos se distribuyen en nuestro país, lo que alcanza a más de 40.000 familias socioeconómicamente vulnerables. Las viviendas de campamentos usualmente están expuestas a condiciones que no solo son inadecuadas sino que también ponen en riesgo a las personas que residen en ellas; así, la evidencia indica que la precariedad habitacional está relacionada con la salud y por ende, con la calidad de vida.
La falta de acceso a agua potable, saneamiento y electricidad favorece la exposición de quienes viven en campamentos a riesgos biológicos, químicos y físicos. Por ejemplo, existe un aumento de la probabilidad de accidentes asociado al uso de fuentes informales de electricidad y la utilización de combustibles fósiles —carbón o leña— favorece la emisión de contaminantes intra y extradomiciliarios, y con ello las enfermedades respiratorias, lo que recae directamente y en mayor cantidad en efectos negativos sobre la población infantil.
La vulnerabilidad de estas comunidades se ilustra en múltiples situaciones, donde la pobreza energética es una causa estructural y el deterioro de la salud es una consecuencia común. Superar estas condiciones de vulnerabilidad no solo implica mejoras en la salud individual sino que representan rasgos necesarios en una sociedad moderna y sustentable. En este contexto, los campamentos ilustran un desafío para la salud urbana que no solo debería ser abordardo desde el enfoque tecnocrático sino que requiere incorporar una mirada multidisciplinaria.
Disminución de la tasa de enfermedades respiratorias, mejoras en salud mental, y menor tasa de accidentes domésticos son algunos de los efectos positivos en la salud que ha mostrado la evidencia internacional sobre la intervención de campamentos —reubicación o remodelamiento/acondicionamiento de viviendas —. A nivel nacional, el estudio de Burgos y cols. mostró que personas de campamentos de la Región Metropolitana reubicadas en viviendas sociales reducían la tasa de accidentes pero no mostraban diferencias significativas en cuanto a otros eventos de salud. Los autores destacaban dos aspectos relevantes: el acceso a servicios básicos y la respuesta social local como atributos valorados por una comunidad que no evidenció cambios estadísticamente significativos, ya que mantenía la percepción de inseguridad y falta de conectividad asociada al territorio.
Para formular políticas públicas consistentes con los estándares de un país desarrollado es necesario contar con más evidencia en esta materia. Es pertinente contar con más investigación local —con pertinencia territorial— que describa cómo las mejoras en las condiciones de la vivienda relacionadas con la infraestructura, la pobreza energética, la seguridad y la salud ambiental impactan en distintos aspectos de estas comunidades. Muchos de los beneficios pudieran no ser sustentables sin la participación de las personas, por lo que se hace necesario evaluar la forma cómo las familias viven las mejoras de las condiciones de habitabilidad con el fin de maximizar los beneficios y minimizar potenciales externalidades negativas.
Los invitamos a que nos acompañen el martes 21 de agosto a las 11:00 hrs en la próxima tertulia del (CR)2 titulada “Chile bajo una nube gris: contaminación atmosférica de norte a sur”, la cual se realizará en la Universidad de Concepción.
¿Quiénes somos?
Por muy tolerante al frío que se sea, esta semana en la zona centro sur del país las temperaturas exteriores se encuentran muy lejanas al rango de confort térmico de los seres humanos (generalmente entre 16ºC y 27ºC)(1). La “costumbre” al frío o más bien, “aguante” a bajas temperaturas en el hogar es una idea internalizada en nuestra sociedad. Para la mayoría, prácticas como pasar frío en invierno, tener algún tipo de enfermedad respiratoria unas dos veces esta temporada y desembolsar una cantidad preocupante de dinero en calefaccionar se aceptan como algo “normal”. Sumadas a esta “normalidad” se encuentran las emisiones de gases contaminantes al aire producto de la combustión, que se han vuelto el “sacrificio necesario” para sobrevivir a las bajas temperaturas de la estación.
La mayoría de los chilenos nos encontramos, especialmente en esta época, en disconfort térmico dentro de la vivienda por una gran cantidad de horas, y en los horarios de mayor exigencia, es decir, cuando se registran las mínimas diarias de temperatura es justamente cuando se pasa mayor tiempo en el hogar. Además, de acuerdo a cifras de CEPAL, un porcentaje no menor de familias necesita destinar más del 10% del presupuesto familiar en mantener condiciones aceptables de temperatura al interior de la vivienda. Ambos escenarios pueden definirse como pobreza energética porque es necesario gastar parte importante del presupuesto mensual en calefacción, en desmedro de otros gastos, o en caso de no poder cubrir dicho gasto, por asumir el frío y aguantarlo. Esta situación es realmente dramática si pensamos en grupos familiares integrados por menores de edad, ancianos o enfermos.
La actual reglamentación térmica chilena establece que los parámetros con los que se construyen la mayoría de las viviendas en Chile hasta el día de hoy es insuficiente para acondicionar térmicamente y mantener una temperatura confortable al interior de los hogares sin poder prescindir de sistemas de calefacción activos. Esto se observa en prácticamente todos los climas de nuestro país. De este modo nuestro ambiente habitacional se encuentra lleno de viviendas mal aisladas, con exceso de infiltraciones, puentes térmicos, condensación y con una envolvente (muros y cubierta en contacto con el exterior) deficiente que presenta una alta transmitancia térmica, es decir con un importante flujo de calor a través de ésta. Todo debido a una baja exigencia de estos factores en la construcción lo que se ve agravado por el mal uso de quiénes habitan las viviendas.
Los caminos para mejorar considerablemente esta situación y sacar a un alto porcentaje de familias de la pobreza energética son diversos y van desde empapar a nuestra sociedad de un aprendizaje respecto a habitar y entender una vivienda energéticamente eficiente, utilizar equipos o sistemas de calefacción con alto rendimiento energético y no contaminantes además de incluir energías renovables no convencionales, ERNC, en dichos sistemas. Pero ante todas estas estrategias, la más fundamental tiene que ver con el mejoramiento de nuestra vivienda desde los elementos que componen su envolvente (muros, ventanas, piso y cubiertas), aislándola de manera correcta y suficiente para cubrir una alta cantidad de horas de demanda de calefacción sin requerir demasiado consumo de estufas o equipos activos de acondicionamiento térmico. El mejoramiento de tan sólo este elemento, la piel de nuestro hogar, nos permitiría aumentar nuestro confort térmico, cuidar nuestro bolsillo y por lo tanto, mejorar nuestra calidad de vida.
Es urgente entonces que la Reglamentación Térmica Chilena aumente su exigencia, que existan programas o subsidios de apoyo al mejoramiento de viviendas existentes o nuevas y que se hagan los esfuerzos de manera colectiva para exigir y lograr un mayor estándar para nuestros hogares.
Sólo de este modo podremos avanzar a disminuir la pobreza energética en nuestro país, a evitar enfermedades relacionadas al frío o malas condiciones atmosféricas, aumentar nuestra calidad del ambiente interior y pasar inviernos más felices.
En la pasada cuenta pública se planteó una agenda país que busca enfrentar desafíos tales como el desarrollo, la equidad y la inclusión social. Cada uno de estos, requiere comprensiones profundas de sus condicionantes, expresiones e implicancias en la vida de las personas.
Como Red de Pobreza Energética, nos encontramos abocados desde el 2016 a la comprensión de este fenómeno caracterizado por la insuficiencia, mala calidad o poca sostenibilidad de fuentes que permitan a las personas y comunidades cubrir sus necesidades energéticas. En este sentido hay situaciones preocupantes como la territorialización de la pobreza energética. Por ejemplo, un 46% de la población total que no cuenta con acceso a electricidad se encuentra en el sur de Chile en las regiones del Bio-Bio y la Araucanía, evidenciando la precaria situación que se vive en esa zona del país.
Por otra parte, hay un uso diferenciado de combustibles para calefacción de acuerdo con la zona climática, lo que trae aparejadas consecuencias como el uso de leña en la zona sur donde la contaminación del aire se señala como principal problema ambiental. Confluyen así la costumbre y el costo en acceso a combustibles de bajo costo y altamente contaminantes, lo que sumado a las inadecuadas condiciones del revestimiento térmico de las viviendas, implica un uso intensivo de combustible para alcanzar el confort térmico.
Por otra parte, un 34% del segmento pobre, así como un 21% de la clase media baja afirman pasar frio en invierno, lo que se debe en gran medida a la falta de aislación de las viviendas y de calefacción para las mismas. La clase media sufre pobreza energética. Finalmente, sobre el gasto familiar en energía, es posible señalar que las familias de menores ingresos gastan un mayor porcentaje de su presupuesto que las familias de mayores ingresos, pero al revisar los valores absolutos (el total de dinero gastado) es mucho menor y no alcanza para cubrir de manera adecuada sus necesidades energéticas. En otras palabras, las familias de menores ingresos y la clase media realizan un esfuerzo mayor para calefaccionarse y cubrir sus necesidades energéticas. Estas cifras nos muestran que la pobreza energética va más allá del segmento con menos recursos, se extiende a la clase media, y son una expresión más de las profundas desigualdades existentes en nuestro país.
En este sentido, resulta esperanzador el anuncio de una Ruta Energética que declara entre sus tareas centrales la construcción de un Mapa de Vulnerabilidades, que permita localizar las condiciones territoriales, climáticas, económicas y sociales que afectan la capacidad de acceso, uso y sostenibilidad de este recurso. Creemos que este un paso en la dirección correcta, que apunta en parte a un abordaje de la complejidad del fenómeno, pero junto a él debe sumarse otros en orden al establecimiento de mecanismos permanentes de coordinación funcional intersectorial y multiescalar.
La superación de la pobreza energética no debe quedar en manos únicamente de una cartera, como por ejemplo la de Energía, sino que debe ser capaz de articular a todas las instituciones involucradas en todas sus escalas, sólo así se podrá hacer cargo de un problema tan profundo y complejo, facilitando de esta forma, la instalación de sistemas de observación que remitan información oportuna y relevante para la toma de decisiones y la articulación de agentes del mundo público, privado y de la sociedad civil detrás de un horizonte común de bienestar para todos y todas.
Creemos que así podremos avanzar en complejizar la acción del Estado a la hora de enfrentar con decisión y efectividad este y otros fenómenos, antiguos y nuevos, que afectan significativamente la vida de las personas.
El pasado 25 de mayo, el Ministerio de Energía presentó la Ruta Energética 2018-2022, documento que reúne propuestas y prioridades en materia energética para los próximos cuatro años. Esta hoja de ruta, que incluye una componente de consulta ciudadana, propone dentro de sus principales ejes generar un catastro de vulnerabilidad energética en las familias chilenas para así poder acortar las brechas existentes, así como regular los biocombustibles sólidos como la leña. En este contexto, una pregunta que surge es ¿cómo una política pública que busca modernizar el sector energético y utilizar energías limpias y amigables con el medio ambiente puede hacer un balance entre lo técnico y lo práctico en regiones donde la leña es la principal fuente de energía?
En la zona centro-sur de Chile, la pobreza energética está relacionada con una dependencia extrema de la leña para calefaccionar los hogares, con ciudades que llegan a un 95% de viviendas que utilizan leña para calefacción. Al alto consumo de este combustible se suma la deficiente aislación térmica de las construcciones. Es por ello que a pesar de un alto consumo de leña, en ciudades como Valdivia, alrededor de un 70% de las familias no llegan a las condiciones de confort recomendables al interior de sus viviendas o gastan un porcentaje muy alto de sus ingresos para lograrlo. Para contrarrestar esta situación, se han implementado Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) en todas las grandes ciudades desde Santiago al sur del territorio nacional.
El PDA define cuatro maneras para reducir las emisiones de material particulado, estos son: mejorar la aislación de viviendas nuevas y existentes, creación de un programa de recambio de calefactores, mejoramiento de la calidad de la leña y la difusión, sensibilización, capacitación y educación a la comunidad.
Si bien desde una mirada técnica, estos lineamientos apuntan a abordar las principales problemáticas asociadas a la contaminación atmosférica por consumo de leña, ocurre también que las familias han tenido, en algunos casos, que asumir el costo económico de los cambios establecidos a la generación de contaminantes en Chile. En este contexto, un estudio realizado por el Instituto Forestal, INFOR, ha mostrado que en general, todas las medidas del PDA, a excepción del mejoramiento térmico de viviendas, son regresivas, ya que familias de ingresos más bajos hacen un mayor esfuerzo económico que familias de ingresos más altos para resolver un problema común. Un ejemplo claro en este sentido es el programa de certificación de leña que generó un aumento importante en el precio o las alertas ambientales que prohíben el uso de leña. Estas medidas permiten descontaminar, pero a su vez al incrementar el gasto en calefacción, afectan directamente a aquellas familias con ingresos más bajos, quienes no pueden optar con fuentes de calefacción limpias.
Dentro de las propuestas de los PDA, el programa de re-acondicionaminto térmico de viviendas es la única medida de carácter redistributiva, es decir, que beneficia más a las familias de ingresos más bajos. Esto permitiría reducir de manera significativa la demanda de energía para calefacción (30% a 70%), lo que no sólo reduce la contaminación atmosférica, sino que el gasto de las familias y mejoras en las condiciones de confort.
El caso de los Planes de Descontaminación Atmosférica nos invitan a considerar el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a resolver el problema de la contaminación atmosférica desde una mirada holística, en la cual la contaminación atmosférica sería sólo la expresión de un problema mucho más profundo y complejo, como lo es la pobreza energética. Por ello, el foco de la política pública no debe ser sólo reducir la concentración de MP2,5, sino generar las condiciones para que las personas vivan en ambientes bien calefaccionados y saludables.
RED DE POBREZA ENERGÉTICA