En la pasada cuenta pública se planteó una agenda país que busca enfrentar desafíos tales como el desarrollo, la equidad y la inclusión social. Cada uno de estos, requiere comprensiones profundas de sus condicionantes, expresiones e implicancias en la vida de las personas.

Como Red de Pobreza Energética, nos encontramos abocados desde el 2016 a la comprensión de este fenómeno caracterizado por la insuficiencia, mala calidad o poca sostenibilidad de fuentes que permitan a las personas y comunidades cubrir sus necesidades energéticas. En este sentido hay situaciones preocupantes como  la territorialización de la pobreza energética. Por ejemplo, un 46% de la población total que no cuenta con acceso a electricidad se encuentra en el sur de Chile en las regiones del Bio-Bio y la Araucanía, evidenciando la precaria situación que se vive en esa zona del país.

Por otra parte, hay un uso diferenciado de combustibles para calefacción de acuerdo con la zona climática, lo que trae aparejadas consecuencias como el uso de leña en la zona sur donde la contaminación del aire se señala como principal problema ambiental. Confluyen así la costumbre y el costo en acceso a combustibles de bajo costo y altamente contaminantes, lo que sumado a las inadecuadas condiciones del revestimiento térmico de las viviendas, implica un uso  intensivo de combustible para alcanzar el confort térmico.

Por otra parte, un 34% del segmento pobre, así como un 21% de la clase media baja afirman pasar frio en invierno, lo que se debe en gran medida a la falta de aislación de las viviendas y de calefacción para las mismas. La clase media sufre pobreza energética. Finalmente, sobre el gasto familiar en energía, es posible señalar que las familias de menores ingresos gastan un mayor porcentaje de su presupuesto que las familias de mayores ingresos, pero al revisar los valores absolutos (el total de dinero gastado) es mucho menor y no alcanza para cubrir de manera adecuada sus necesidades energéticas.  En otras palabras, las familias de menores ingresos y la clase media realizan un esfuerzo mayor para calefaccionarse y cubrir sus necesidades energéticas. Estas cifras nos muestran que la pobreza energética va más allá del segmento con menos recursos, se extiende a la clase media, y son una expresión más de las profundas desigualdades existentes en nuestro país.

En este sentido, resulta esperanzador el anuncio de una Ruta Energética que declara entre sus tareas centrales la construcción de un Mapa de Vulnerabilidades, que permita localizar las condiciones territoriales, climáticas, económicas y sociales que afectan la capacidad de acceso, uso y sostenibilidad de este recurso. Creemos que este un paso en la dirección correcta, que apunta en parte a un abordaje de la complejidad del fenómeno, pero junto a él debe sumarse otros en orden al establecimiento de mecanismos permanentes de coordinación funcional intersectorial y multiescalar.

La superación de la pobreza energética no debe quedar en manos únicamente de una cartera, como por ejemplo la de Energía, sino que debe ser capaz de articular a todas las instituciones involucradas en todas sus escalas, sólo así se podrá hacer cargo de un problema tan profundo y complejo, facilitando de esta forma, la instalación de sistemas de observación que remitan información oportuna y relevante para la toma de decisiones y la articulación de agentes del mundo público, privado y de la sociedad civil detrás de un horizonte común de bienestar para todos y todas.

Creemos que así podremos avanzar en complejizar la acción del Estado a la hora de enfrentar con decisión y efectividad este y otros fenómenos, antiguos y nuevos, que afectan significativamente la vida de las personas.