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Género y energía: otra cara de la pobreza

El vínculo entre pobreza y género ha impulsado numerosas investigaciones en organismos internacionales. En Chile, este tema no es titular ¿Será porque es un tópico emergente o porque preferimos evitar asuntos que son duros de roer? La pobreza es compleja de abordar porque tiene muchas caras y una de ellas es la que nace del cruce entre energía, género y pobreza: las mujeres son las más pobres energéticamente.

El concepto de pobreza energética sigue siendo desconocido para muchos. Acogiendo a los esfuerzos impulsados por el Estado, la Red de Pobreza Energética ha trabajado en su definición exponiendo que un hogar se encuentra en un estado de pobreza energética cuando no dispone de energía suficiente para cubrir las necesidades fundamentales, como acceso a agua, temperatura mínima y máxima, agua caliente sanitaria, iluminación, por mencionar algunas.

La pobreza energética va más allá del mero acceso al recurso, pues integra variables como calidad y equidad así como de sociales y culturales. No es lo mismo, por ejemplo, climatizar una casa con leña húmeda y estar expuesto a contaminación intradomiciliaria, que calefaccionar con una fuente limpia como la geotermia. Si bien existen todavía variados desafíos en esta temática de género, de cara al comienzo de la época invernal y la llegada de las bajas temperaturas, es la pobreza energética una de las caras de esta desigualdad.

En Chile, esta discusión es incipiente, sin embargo, en países como Reino Unido y España se han realizado estudios que señalan que las mujeres son las más expuestas a la pobreza energética. En el Reino Unido los movimientos ciudadanos han tomado el tema como una bandera de lucha en contra la injusticia social. Por otra parte, la Asociación Catalana de Ingeniería Sin Fronteras en 2016 señaló que los sectores más vulnerables en España son las familias monoparentales, las mujeres jubiladas, jefas de hogar, trabajadoras de servicio doméstico y las mujeres migrantes.

La realidad chilena ofrece un escenario similar: es la mujer quien realiza mayor trabajo no remunerado, lo que incluye trabajos domésticos y de cuidado en el hogar, destinando en promedio 2 horas diarias más para actividades de este tipo (Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo). La mujer es quien pasa más tiempo en el hogar, jugando un rol protagónico en el cuidado de niños y adultos mayores.

Por otra parte, de acuerdo a datos de la encuesta CASEN 2015 los hogares liderados por mujeres muestran una tendencia hacia estados de conservación más precarios de las viviendas (tipo de vivienda, material y estado de conservación de muros, piso y techo) respecto de aquellos hogares liderados por hombres.

Estos datos sugieren que la pobreza energética afecta mayormente a mujeres, siendo este nexo entre género y pobreza una categoría de análisis urgente a la hora de impulsar políticas públicas que buscan disminuir la pobreza energética de nuestro país. Creemos y sostenemos que el primer paso es incluir la perspectiva de género a la hora de construir los instrumentos de diagnóstico, ya que partir con datos certeros que visibilicen esta dramática situación en la que viven miles de mujeres junto a las personas que ellas tienen a cargo, es fundamental para hacer de nuestra sociedad una más inclusiva, justa y sana.

Sofía Vargas, Investigadora CEGA

Jorgelina Sannazzaro, investigadora NUMIES

 

* Ambas investigadoras pertenecen a la Red de Pobreza Energética – RedPE

FUENTE: El Quinto Poder

Conferencia: Pobreza Energética y la Agenda 2030 de desarrollo sostenible

El Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Fundación Friedrich Ebert convocan a presentar trabajos de investigación, ponencias o conformación de mesas de trabajo de manera presencial o virtual que aborden (de manera no excluyente) los siguientes temas:
– Teoría, epistemología y ontología de la pobreza energética
– Justicia energética: energía para todos
– Transición sustentable de energía y reducción de la pobreza
– Eficiencia energética y calidad de vida
– Consumo sustentable de energía
– Energía y pobreza en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
– Impactos económicos, sociales y ambientales de la pobreza energética
– Pobreza energética como política pública a escala nacional y subnacional
– Pobreza energética, mitigación y adaptación al cambio climático
– Gestión proactiva de la pobreza energética

 

Dirigido a:
Académicos(as) e investigadores
Planificadores(as) del desarrollo sostenible
Funcionarios(as) gubernamentales de los niveles federal, estatal y municipal
Organizaciones no gubernamentales
Estudiantes

 

Fechas clave
Entrega de resumen de presentación (300 palabras máximo): 14 de marzo, 2018
Notificación de aceptación: 19 de marzo, 2018
Entrega de presentación en Power Point: 6 de abril, 2018
Conferencias magistrales
Pobreza energética. Discusiones Norte-Sur
Dr. Rigoberto García Ochoa
El Colegio de la Frontera Norte
 
Pobreza energética en la Agenda 2030 de Chile
Dra. María del Valle Barrera
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Chile
Pobreza energética: una aproximación compleja para los desafíos del Sur
Dra. Anahí Verónica Josefina Urquiza Gómez
Coordinadora Red de Pobreza Energética,
Universidad de Chile
Mayores informes en: pobrezaenergetica@colef.m

Importante avance con acuerdo para electrodependientes abre desafíos relacionados a pobreza energética en el sector Salud

Contar con suministro de energía permanente es fundamental para las personas cuya vida se sostiene en equipamiento médico que requiere electricidad. Son los electrodependientes, que, según cifras del Ministerio de Salud, son 20 mil en Chile.

El 11 de diciembre el Ministerio de Energía y la asociación de Empresas Distribuidoras de Electricidad formalizaron un acuerdo para resguardar la salud de un grupo inicial de 730 familias, con el propósito de beneficiar al total en el primer semestre de 2018.

La iniciativa público-privada establece descuentos relacionados al consumo de electricidad por el uso de equipos médicos y soporte de respaldo en caso de cortes prolongados. Este equivale a 50 kWh/mes (5.500 pesos) y será aplicado en las boletas eléctricas de clientes residenciales con pacientes electrodependientes.

Las empresas también se comprometieron a no cortar el suministro en caso de deuda y a dar solución en forma prioritaria en caso de cortes de energía prolongados. Esto es importante, debido al precedente del invierno de 2017, cuando la Región Metropolitana sufrió una larga interrupción del suministro eléctrico iniciado por el mal tiempo. También se comprometieron hacer todos los esfuerzos para proveer soluciones técnicas que mitiguen los efectos de los cortes de energía, ya sea a través de una atención prioritaria en la falla que afecte al domicilio del paciente o mediante acciones que ayuden a extender el funcionamiento del dispositivo de uso médico, como la entrega de equipos que permitan abastecer de electricidad a quien lo requiera.

Si bien el acuerdo muestra un avance en términos de cubrir una necesidad energética fundamental en materia de pobreza energética, los altos consumidores energéticos del sector salud –particularmente hospitales y clínicas– enfrentan un desafío mayor, que en la era del cambio climático adquiere vital importancia. Este sector deberá establecer estrategias efectivas que permitan asegurar la energía para procedimientos médicos, para el almacenamiento de químicos y medicamentos, para mantener condiciones adecuadas para los cuidados de salud y para otras acciones propias de sus obligaciones.

Ver Noticia en Diario UChile.

Macarena Valdés. Co-responsable Línea Bienestar, Cultura y Eficiencia Energética. Especialista en Epidemiología, Escuela de Salud Pública.

Marisa de Martini. Especialista en Periodismo y Comunicaciones. Centro de Energía


Workshop indicadores: “Construyendo indicadores para medir Pobreza Energética”

El taller “Construyendo indicadores para medir Pobreza Energética” se llevó a cabo el 19 de enero del 2018. La instancia se centró en la discusión sobre los indicadores apropiados para medir la pobreza energética en el país.

Para esto, Anahí Urquiza comenzó la jornada presentando los elementos base para la discusión sobre las categorías apropiadas al hablar de esta temática. De esta forma, la dimensión del acceso fue dividido en umbrales físicos, económicos y tecnológicos; la calidad fue subdividida en contaminación atmosférica y condiciones habitacionales; mientras que equidad fue detallado en la calidad del suministro, el gasto energético y la desigualdad ambiental.
La jornada contó con las presentaciones de Francisco Guerrero ”Pobreza Energética: Indicadores y consideraciones” y de Pablo Silva “Pobreza Energética: Cuando las casas hacen daño”.

Participantes

Patricia González – Antropología – Independiente

Tamara Oyarzún – Psicología – UChile

Francisco Guerrero Moya – Arquitectura – Independiente

Pablo Silva Posada – Ingeniero Constructor – Independiente

Julián Cortés – Derecho – UChile / CITRID

Lisset Manzano – Energías Renovables, especialidad en

Solar fotovoltaica – Independiente

Marco Bili – Sociología – UAI/CR2

Sofía Vargas – Comunicación del Riesgo – UChile / CEGA

Germán Marchant – Psicología – UChile

Constancia Verde – Arquitectura – Independiente

Anahí Urquiza – Antropología/Sociología – UChile / CR2 / CITRID

Catalina Amigo – Antropología – UChile / CR2 / CITRID


PANEL: “Gobernanza del Riesgo y Política pública: Desafíos regionales”

18/01/2018

Martes 23 de enero, 10:30 a 13:00 horas, sala B07, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (Av. Beaucheff 851, Santiago centro)

El propósito de este encuentro es abordar la gobernanza del riesgo, la cooperación internacional y conocer el enfoque y/o aporte que la academia puede realizar a la política pública de la reducción de riesgos y desastres.

Exponen:

– Tesania Velásquez, Directora Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú

– Óscar Gómez, Research Fellow, JICA Research Institute

– Jaime Campos, Director de CITRID

Charla abierta a todo público y gratuita.

Más información en: Sitio web CITRID


Zonas de sacrificio y plan de descontaminación

Señor Director:

A finales de diciembre, la Contraloría General de la República decidió abstenerse de dar curso al decreto que aprobaba el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente para las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. El argumento esgrimido es que no se “ajustaría a derecho”, al no cumplir con la finalidad de ser un instrumento que permita reducir emisiones, ya que las emisiones declaradas habrían sido superiores a las registradas por el sistema de monitoreo existente.

Es especialmente preocupante que se ponga en duda la efectividad del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica en un territorio considerado como zona de sacrificio, ya que se constituye como un argumento más frente a la idea ya instalada de que el Estado ha abandonado a la población de estos territorios. Por otra parte, la divergencia con el inventario de emisiones refuerza el cuestionamiento a la institucionalidad ambiental y su efectividad en zonas críticas para el país.

A pesar de que esta situación ha sido considerada por algunas autoridades como un error, debido a la sensación de abandono que ha generado en los habitantes de las zonas afectadas, la desconfianza en relación a este tipo de negligencias es comprensible. La idea de favorecer la inversión, el desarrollo de ciertas industrias y la provisión de energía para el desarrollo del país, ha estado instalada en nuestro país por décadas y servido de justificación para hacer la vista gorda sobre la contaminación de ciertos territorios. De esta forma, la minimización de los efectos en la salud de las personas que habitan en esas zonas es observada por diversos actores como una acción de invisibilización intencional que permite continuar con proyectos de importancia económica.

Los habitantes de las localidades de Quintero y Puchuncaví han visto vulnerados sus derechos durante muchos años, no solo al tener que soportar la contaminación sistémica de su entorno, los derrames, las emanaciones de gases y las intoxicaciones de sus hijos, sino que también al tener que modificar sus dinámicas, teniendo que cerrar las ventanas para dormir, comprando agua embotellada para evitar la presencia de metales pesados y alejándose del mar, de sus lugares tradicionales y de su identidad, porque aparentemente se va a seguir permitiendo que sus vidas estén contaminadas.

A partir de investigaciones antropológicas en estos territorios, sabemos que el sentimiento de abandono es tan común que está naturalizado. Este abandono no solo abarca el tema ambiental y sus consecuencias directas en salud sino que se identifica en otras áreas, relacionando la contaminación de sus entornos con el deterioro del tejido social, la falta de recursos y oportunidades para su población. Debido a esta sensación de abandono, muchos de sus habitantes no solo desconfían de la efectividad de los instrumentos y regulaciones ambientales, sino que derechamente no creen en la intencionalidad de las autoridades.

Este incidente deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión ambiental, los sistemas de monitoreo y la transparencia de los procesos, para que la población involucrada efectivamente pueda ejercer algún tipo de control sobre la contaminación a la que están expuestos.

La decisión de la Contraloría abre la oportunidad de rectificar el plan de prevención y descontaminación de una zona emblemática afectada por la injusticia ambiental del país y, al mismo tiempo, nos obliga a asumir que debemos mejorar sustantivamente nuestros mecanismos de monitoreo, transparencia de los registros y el involucramiento de la comunidad en estos procesos. De lo contrario, además de mantener a la población en condiciones de vulneración de derechos, seguiremos fomentando la desconfianza hacia nuestra joven institucionalidad ambiental.

Dra. Anahí Urquiza y Javiera Chahuán, antropólogas.
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y Red de Pobreza Energética U. Chile (RedPE)

Anahí Urquiza. Académica de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora Transdisciplina de la Red de Pobreza Energética.

Javiera Chahuán. Licenciada en Antropología con
mención en Antropología Social, Universidad de Chile.

 

 


Resumen talleres 2017

Durante el 2017, RedPE organizó cuatro talleres internos para discutir y orientar, entre los miembros de las distintas líneas de investigación, los caminos a tomar para abordar de mejor manera la problemática de la pobreza energética en el país.

El primer taller se llevó a cabo el 28 de abril en las salas de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Al encuentro asistieron 20 colaboradores de La Red, los cuales abrieron la jornada discutiendo sobre las propuestas  de sistematización de las líneas de  trabajo. El taller continúo con el debate sobre las propuestas estructurales para RedPE, entre las cuales destacó analizar la PE dentro del hogar como una forma de medición, avanzar a través de un desarrollo sostenible como marco de trabajo y la necesidad de abordar el fenómeno a través de la interdisciplina. Por último, la jornada finalizó con las propuestas de objetivos, los cuales se dividen en investigación, docencia y extensión.
El Taller N°2 fue realizado el 16 de junio, con alrededor de 30 asistentes. En esta ocasión, el encuentro partió con la revisión general de los avances de La Red durante esos meses y también con la discusión sobre las definiciones conceptuales en las que trabajaría RedPE. A los principios transversales fijados durante el taller anterior, se sumó la transición energética como horizonte y la necesidad de articular diálogo con los tomadores de decisiones. También fue la instancia para trabajar los conceptos de acceso, calidad y equidad energética, por lo que los asistentes fijaron variables, intervenciones y soluciones que vinculen a estas tres categorías definidas por RedPE. Para finalizar, se desglozaron las recién creadas líneas de investigación, anotando temas vinculados a ellas y fuentes que trabajen en torno a soluciones.
El tercer taller cambió de sede, ya que se realizó el 01 de septiembre en la Casa Central de la Universidad de Chile. Al eventos asistieron 40 personas, quienes partieron analizando el trabajo de RedPE durante ese periodo. La discusión del tercer taller se centró en hilar las definiciones sobre PE creadas y sus posibles soluciones aplicables a los contextos de cada región del país. A la vez, se presentó el primer documento de trabajo realizado por miembros de RedPE, lo cual generó un espacio para comentarios y opiniones desde las visiones y experiencias de cada uno de los colaboradores y la experiencia de su especialidad. El encuentro también contó con dos paneles; uno sobre los conceptos e indicadores de pobreza energética, mientras que en el segundo se relataron los proyectos vigentes a nivel nacional que tienen que ver con el tema.
Por último, el cuarto taller fue realizado el 24 de noviembre en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. “Diálogos transdisciplinarios” fue el nombre del encuentro, al cual llegaron alrededor de 40 miembros de la comunidad RedPE. En esta ocasión, la jornada comenzó con una mesa panel acerca de dos proyectos en los que estaba trabajando RedPE. La discusión siguió por la revisión de los trabajos realizados por cada línea de investigación, apuntando a  dónde deberían ir centradas las políticas públicas orientadas a la problemática de la pobreza energética. El taller también contempló un espacio para discutir sobre las reflexiones extraídas en el seminario “Pobreza Energética: Nuevos desafíos para la articulación entre Academia y Política”, también organizado por RedPE. El encuentro finalizó con el análisis de los miembros sobre las proyecciones del 2018.

Pobreza energética: una urgencia ineludible

En mayo de 2016 fue promulgada la Ley 20.928 de Equidad Tarifaria, otro gran paso que fue perfeccionado con decretos adicionales, los que fijaron precios de la electricidad, ajustes y recargos, legalizando así una forma de equidad en el acceso a la energía: establece que ninguna cuenta de luz superará el 10% del promedio nacional; rebaja el costo en las comunas donde hay proyectos de generación de energía; y elimina el cobro individual por corte y reposición.

 

Tanto la Política Energética 2050 como la Ley 20.928 asumieron un concepto acuñado en el extranjero y que un grupo de profesionales e instituciones estudia hoy en Chile: la pobreza energética. Una de las metas de la política Energía 2050, sobre la cual trabaja el Ministerio de Energía, es contar con una definición que se adapte a la realidad nacional.

A nivel de países desarrollados, se entiende que una persona o familia está en el umbral de la pobreza energética cuando destina más del 10% de sus ingresos a pagar la energía. En Chile, la realidad es diferente. En algunas regiones, como la Metropolitana, las personas prefieren o están obligadas a pasar frío debido a los altos precios de la calefacción. En la zona sur, se usa leña para calefaccionar, muchas veces húmeda, que es barata pero tiene un enorme costo en salud (se calculan más de 3.700 muertes prematuras por enfermedades cardiopulmonares asociadas a contaminación atmosférica).

 

Las caras de la pobreza energética son muchas. Se espera por esta razón que emane de allí una definición que aborde este concepto en toda su complejidad.

Es cierto que se han dado pasos importantes.

La Ley 20.928 de Equidad Tarifaria responde a algunas dimensiones de la pobreza energética: atendiendo necesidades básicas de hogares vulnerables al eliminar el cobro por reposición, el que podía implicar una fracción importante de los ingresos de una familia, mejorando las condiciones de acceso, desde una perspectiva económica, a la electricidad. La normativa hace también un reconocimiento a la generación local, que comprende que la generación energética local puede tener un efecto directo en el bienestar de las personas cercanas a una central, incorporando de esta forma el concepto de equidad, el cual está presente en el tercer y último beneficio de la ley, al garantizar que entre los chilenos no haya grandes diferencias en el precio de la energía eléctrica.

 

Como investigadores del Centro de Energía de la Universidad de Chile e integrantes de la Red de Pobreza Energética, consideramos que Chile debe dar un nuevo paso, necesario en esta nueva fase del desarrollo del país. Creemos que llegó el momento no sólo de definir la pobreza energética, sino de diagnosticarla, hacerse cargo de ella, y superarla.

¿Qué significa pobreza energética? Que tenemos necesidades de diverso tipo y que deberían ser todas garantizadas: iluminación, conservación de alimentos, acceso a la comunicación, protección para los electrodependientes, entre otras. Pueden ser todas de diversa magnitud, pero son todas importantes, porque la energía cubre necesidades por las cuales el Estado debe velar.

Paz Araya. Investigadora del Centro de Energía de la Universidad de Chile y Coordinadora de Poryectos RedPE.

Patricio Mendoza. Académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica y del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Coordinador Digital RedPE.


Exitoso cierre del proyecto “Superando la vulnerabilidad energética en Renca”

Dos actividades, una el jueves 30 de noviembre y otra el viernes 1 de diciembre, marcaron el cierre del proyecto piloto “Superando la vulnerabilidad energética en Renca”, impulsado por EBP Chile y EGEA ONG, gracias al financiamiento de la Embajada de Suiza en Chile, acompañados por la Red de Pobreza Energética que forma parte de la mesa técnica consultiva del proyecto.

El viernes 1 se cerró el proyecto en Renca, con las palabras del embajador suizo en Chile, Edgar Dörig, quien resaltó los resultados y la necesidad de que se repliquen este tipo de iniciativas en otras comunas del país.

Las autoridades de Renca eligieron 18 familias de seis sectores diferentes de la comuna, a las cuales se les realizó un diagnóstico de la situación de vulnerabilidad energética. Para esto se evaluó el estado de la conexión eléctrica, del calefón, el uso de combustibles para calefacción y el estado general de las viviendas. Tras el diagnóstico se realizó un taller con las 18 familias, en el que se identificaron las principales medidas para reducir la vulnerabilidad energética de los distintos hogares.

Es destacable el carácter personalizado de este piloto, que permitió focalizar los recursos de acuerdo a las necesidades energéticas más urgentes de ser resueltas, considerando las percepciones de las familias.  Entre las acciones realizadas está el recambio de luminarias por ampolletas led, arreglos de conexión del cableado eléctrico, instalación de refrigeradores eficientes, sellado de puertas y ventanas, balones de gas, termos, entre otras. Todas estas medidas están orientadas a mejorar la eficiencia energética de los hogares para reducir el gasto y la demanda energética de cada familia.

Esta iniciativa fue presentada por Nicolás Azócar, en representación del municipio de Renca, y por la académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile Antonieta Urquieta, en representación de la RedPE en el Foro Alcaldes ante el Cambio Climático, organizado por ADAPT Chile y la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático. En este panel se presentaron también las experiencias de Peñalolén, Petorca y Concepción.

Ambas instancias dan cuenta del posicionamiento del tema de pobreza energética y de cómo comienza a materializarse en iniciativas concretas. Las medidas implementadas a través del piloto son una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las familias, al mismo tiempo que nos retribuyen la experiencia de aprender sobre los desafíos que implica la pobreza energética. Como RedPE destacamos el carácter colaborativo de la intervención, que implicó involucrar a actores del sector público y privado, así como a las familias involucradas. Esperamos que este proceso de aprendizaje permita desarrollar nuevas estrategias de intervención y que impulse el surgimiento de programas para enfrentar la vulnerabilidad energética a escala nacional, sin perder de vista la relevancia de observar esto a escala local y territorial.


Seminario “Transición Energética y Participación”

07/12/2017

TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y PARTICIPACIÓN

Inscripciones AQUÍ

15 de diciembre de 2017

9:00-13:00 hrs.

Sala Mathilde Brandau (Av. Santa María 076, 6o piso)

Facultad de Derecho – Universidad de Chile

En los últimos años, las políticas energéticas han sido el foco de los esfuerzos internacionales para lograr trayectorias más sustentables de desarrollo. Con ello se busca : garantizar un suministro energético seguro, constante y suficiente para las necesidades económicas y de desarrollo de los países; superar el problema de la pobreza energética y las consecuencias que este involucra en términos de acceso, calidad y equidad; y hacer compatible el desarrollo energético con la protección del medio ambiente, reduciendo tanto sus impactos ambientales a nivel local -contaminación del aire, agua y suelos, impacto sobre ecosistemas etc.- como sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (principales determinantes del cambio climático), respecto de los cuales el sector energético el mayor responsable a nivel global.

Frente a estas necesidades, ha ido cobrando creciente relevancia el propósito de diseñar e implementar la ‘transición’ de los sistemas energéticos regionales, nacionales y locales hacia configuraciones socio-técnicas más sustentables, en todas sus dimensiones.

Sin embargo, tal como ocurre con la gran mayoría de los problemas asociados con el desarrollo sustentable, la urgencia, criticidad y larga duración características de las transiciones energéticas se enfrenta con su naturaleza compleja, no lineal, sistémica y multiescalar, lo que las transforma en lo que se ha denominado “wicked problems” (problemas retorcidos), cuyas soluciones serán siempre riesgosas, arbitrarias y controversiales. No se trata sólo de la dificultad de describir con precisión y claridad el actual estado de los sistemas energéticos, sistemas en que un conjunto de tecnologías, actores e instituciones coexisten e interactúan dinámicamente en múltiples niveles; sino también de determinar el futuro hacia el cual hacer transitar dichos sistemas, en un contexto en el cual toda representación del futuro lleva intrínsecas e irreducibles incertidumbres, y moviliza una pluralidad de intereses, normas y valores a veces contradictorios. Lo anterior dice relación también, con el diseño de estrategias de transición que tomen en cuenta la inercia de las configuraciones existentes, la no  inealidad de los cambios, y el carácter policéntrico y autoorganizado de la sociedad moderna.

Frente a esto, se ha generado un creciente llamado a abandonar -o por lo menos complementar- los tradicionales enfoques centralizados de planificación y regulación, en favor de modalidades más indirectas y experimentales de gestionar las transiciones energéticas, dando un fuerte peso a procesos ‘participativos’ que abren la construcción e implementación de estas transiciones a una variedad de puntos de vista, racionalidades y conocimientos distintos. Es este el caso, sólo para citar algunos ejemplos, de la Estrategia de Desarrollo Energético de Nueva Zelanda, la Política Energética 2005-2030 de Uruguay, el proceso de política energética de Alemania, el Green Paper y White Paper de Australia o el proyecto Roadmap 2050 de la Unión Europea.

En Chile, la ‘participación’ es uno de los ejes centrales del proceso de construcción e implementación de la política energética de largo plazo del país, Energía 2050, en la cual participaron políticos, organismos públicos, empresas privadas, académicos, sociedad civil, asociaciones gremiales, ONGs y opinión pública con el fin de elaborar “una agenda que sirviera como hoja de ruta para construir y ejecutar una Política Energética de largo plazo que tenga validación social, política y técnica” (Máximo Pacheco, en Ministerio de Energía 2014: p. 7) y permita “avanzar hacia una energía sustentable, en todas sus dimensiones” (Ministerio de Energía 2015: p. 39).

A partir de lo previo, resulta útil y urgente de reflexionar sobre el concepto y formas de participación que se ponen en juego en los distintos niveles de estas transiciones energéticas, para aportar tanto al debate en términos de política energética como a aquel respecto del rol de la participación en la definición de la política pública y su relación con las tradicionales formas de democracia electoral representativa.

En tal contexto se plantean algunas interrogantes sobre: el rol que juega cada instancia de participación, cuál es su contenido, por qué es necesaria, qué ganamos, qué nos falta.

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