En el 2010 se anunciaba con gran orgullo el ingreso de Chile al selecto grupo de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países ricos como la jerga pública había acuñado para estas naciones con más de medio siglo de historia colaborativa, siendo Chile el primer representante sudamericano en alcanzar dicho status.

Ser parte del grupo OCDE, desde una mirada socioambiental, reviste ciertas “curiosidades”. Por ejemplo, se observaba como nuestra economía basada en la explotación de los recursos naturales, se incorporaba al grupo OCDE, asimilándose a sólo uno de los entonces 30 miembros, constituyendo casi una particularidad frente a “pares” cuyas economías se sustentan en otros desarrollos productivos. Por otra parte,  la intensidad del CO2 y de la energía se han reducido más lentamente que en otros países “pares”, pese a que, en el año 2015, a raíz del Acuerdo de París, la nación comprometió la reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. El posible éxito en la verificación de este compromiso va a depender fuertemente del sector energético, responsable del 77% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile.

También resulta curioso que la matriz energética indicara casi un 20% de satisfacción de las demandas a partir de combustión de biomasa, es decir, leña como forma más básica de uso de renovables no convencionales, y que la dependencia de fuentes energéticas alcanzara a más de un 75% de fuentes importadas, que en el caso del petróleo llega a un 99%. Todo lo anterior redunda en un delicado equilibrio de la sustentabilidad del abastecimiento energético mediante incertidumbre frente a los vaivenes de la economía mundial.

Frente a estos desafíos, Chile ha propuesto una ruta en la modificación de su matriz energética. Se ha incorporado la participación ciudadana, tendiendo hacia el incremento de fuentes renovables a tasas crecientes y con metas claras. Así, por ejemplo, desde el año 2014 ha habido avances en el sector eléctrico mediante subastas de energía, ley de transmisión del 2016, conexiones adicionales a la red existente y la publicación de una Política de Energía 2050, reforzando incentivos a la inversión en fuentes renovables que debiesen aportar un 70% de la electricidad en tres décadas más. Lo anterior conlleva a realizar inversiones cuantiosas en infraestructura para reforzar la red, tender hacia un equilibrio entre la oferta y demanda de electricidad, que evite intermitencias y por ello reduzca el riesgo de apagones y la volatilidad de los precios.

Todo lo anterior pone de manifiesto la necesidad de explorar fuentes locales de energía e incorporar conceptos como la calefacción distrital y la implementación efectiva de prácticas que apunten hacia la eficiencia energética y su internalización a nivel doméstico. En este punto nos planteamos la inquietud respecto de la necesidad de contar con un suministro de fuentes renovables que sea continuo y sincrónico con la demanda de energía por los distintos agentes económicos. Si la mayor parte de fuentes renovables sigue proviniendo de la biomasa en forma de leña, como ha sido tradicionalmente, es válido cuestionarse si otras formas alternativas de biomasa o los productos de su transformación estarán disponibles en forma oportuna y local.

Acá surgen nuevas inquietudes y el concepto emergente de la pobreza energética, el que se manifiesta cuando no se dispone de energía suficiente para cubrir las necesidades fundamentales y básicas, considerando tanto lo establecido por la sociedad (lo objetivo) como por sus integrantes (lo subjetivo). Esto quiere decir que un hogar energéticamente pobre no cuenta con la capacidad de acceder a fuentes de energía limpias que le permitan decidir entre una gama suficiente de servicios energéticos de alta calidad (adecuados, confiables, sustentables y seguros), que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros.

Los niveles de pobreza energética son fuente de preocupación y su correcta valoración e incidencia va a depender de muchos factores, tales como la densidad poblacional, la actividad económica local, la conexión a sistemas de distribución y el mosaico de posibilidades que ofrece la oferta de fuentes renovables en un país tan singular como el nuestro, con una extensión latitudinal continental que abarca 38 paralelos de norte a sur y explican la presencia de 7 de los 9 tipos de climas existentes y las más diversa expresión de tipos de suelo.

Este escenario invita a hacer esfuerzos para realizar un adecuado dimensionamiento de la pobreza energética, lo que requiere generar una cartografía basada en la superposición de coberturas con diversa información y la unión de criterios para poder, en un futuro cercano, generar estrategias que apunten hacia la superación de la pobreza energética y al adecuado ordenamiento territorial, para finalmente ser dignos representantes de la OCDE.