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Integrantes de RedPE participan en la actualización de la Política Energética Nacional

El proceso participativo para la actualización de la Política Energética incluye la creación del Comité Consultivo, que tiene como rol entregar recomendaciones de cambios o nuevos contenidos para una política energética de largo plazo actualizada desde una perspectiva política- estratégica de alto nivel.

El Comité Consultivo para la actualización de la Política Energética Nacional fue convocado por el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, en agosto de 2020. Desde diferentes sectores participaron 36 personas en el Comité Consultivo que busca asegurar un balance de criterios para aportar robustez a las recomendaciones entregadas por los y las integrantes.
Anahí Urquiza, académica de la Facultad de Ciencias Sociales UChile, Coordinadora en la Red de Pobreza Energética RedPE e Investigadora Responsable del Fondecyt Nº11180824 “Expresiones territoriales, económicas y socioculturales de la pobreza energética en Chile: un estudio a partir de las diferentes zonas climáticas del país” integró este comité y destacó la presencia de diversos integrantes de la RedPE en las mesas de trabajo temáticas y regionales. “Participar en el Comité Consultivo es un reconocimiento al trabajo colectivo de la Red de Pobreza Energética, donde todas y todos quienes integramos esta organización hemos logrado darle visibilidad a la pobreza energética y a la perspectiva en particular que hemos ido construyendo colaborativamente en estos años” señaló Anahí Urquiza.
En el documento recientemente publicado por el Ministerio de Energía, se explica la metodología utilizada para la construcción de la actualización de política vigente, donde se consideraron en la discusión insumos de otros procesos ligados a la actualización, en particular, talleres regionales ciudadanos y mesas temáticas, actividades donde hubo una activa presencia de integrantes de la Red de Pobreza Energética. El Comité Consultivo en este documento entrega como resultado final seis atributos que sustentan una visión de largo plazo para la energía en Chile: sustentabilidad, resiliencia, inclusividad, eficiencia, accesibilidad y respeto de los derechos humanos. Se ofrecen además 14 grandes mensajes, a los que se asocian cerca de 75 metas.

“El Comité Consultivo de Energía se ha caracterizado por el desarrollo colaborativo, desde múltiples sectores, con una mirada a largo plazo, y desde mi perspectiva, este es uno de los mejores esfuerzos que hemos tenido, a nivel de políticas públicas, porque es capaz de hacerse cargo de una articulación entre diferentes sectores, disciplinas y al menos construir orientaciones comunes. Expertos y expertas que integran la Red de Pobreza Energética participaron muy activamente de forma transversal y eso permitió que de alguna medida la propuesta que se hace esta bien permeada por los esfuerzos de lo que hemos impulsado en materias de pobreza energética” explica Anahí Urquiza.

Ricardo Lobos, Encargado de Formación Ciudadana, de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía señala “Se decide que la convocatoria al Comité Consultivo y a las mesas temáticas sean amplias y diversas porque se espera que las políticas públicas se puedan enriquecer y que no dejar a nadie atrás en el diseño, formulación, desarrollo e implementación. Hemos incorporado al debate a todos los actores, para optimizar los procesos que vienen y entender en profundidad las experiencias de cada sector. El Ministerio de Energía ha tenido una continuidad en torno a esta mirada colectiva, amplia y diversa, no exclusivamente a los sectores más duros del área energética, si no que también a las distintas organizaciones u otros que representan a las personas, porque finalmente esto va en beneficios a las personas” explica Ricardo Lobos.

En septiembre de 2020, las y los integrantes de la línea de trabajo “Políticas públicas y modelos de desarrollo” de Red de Pobreza Energética se reunieron con el objetivo de repasar y definir los pilares fundamentales o principios que debían impulsarse en la actualización de la Política Energética Nacional. Paz Araya, coordinadora de esta línea de trabajo e investigadora de RedPE señala, “planteamos impulsar 3 ejes para el debate: i) diversificación de la atención a la energía más allá de la energía eléctrica, con una mirada integral de la energía que considere la producción y consumo de ésta; ii) presencia permanente de la perspectiva territorial, que considere recursos disponibles y desafíos locales; iii) instalar los principios de justicia energética, que desde la Red de Pobreza Energética vemos que son invisibilizados, sobre todo en las llamadas zonas de sacrificio”, puntualiza Paz Araya.

Para Anahí Urquiza, un objetivo alcanzado en este trabajo colaborativo fue instalar la importancia del acceso a energía de calidad y enfrentar la pobreza energética como una problemática compleja, “hoy no solo tenemos que avanzar hacia la carbono – neutralidad, si no que también hay que asumir los desafíos sociales de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles OS7 y en conjunto trabajar con los desafíos climáticos para la transición energética. Las investigaciones desarrolladas por la RedPE y los actores en diversos territorios y sectores nos han permitido entender mejor la pobreza energética en nuestro país, y estos trabajos fueron bien acogidos en la Comité Consultivo. Creo que esta participación ampliada nos permite estrechar relaciones, además nos posiciona y consolida en el sector público, en los organismos del estado” explica Anahí Urquiza.

En el documento constata que las temáticas que apuntan a la sustentabilidad social y territorial cobran especial relevancia. Estos grandes mensajes resaltan que la Política Energética debe establecer las metas conducentes a un acceso equitativo a servicios energéticos de calidad a todas las personas, reduciendo la pobreza energética. Para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, estos grandes mensajes abordan la dimensión social y territorial del desarrollo energético, y hacen especial énfasis en la inclusión de ciertos grupos, como los pueblos indígenas y las consideraciones de género, y las características de una transición justa. También se incluyen grandes mensajes relacionados a condiciones sistémicas para contar con energía de manera segura, eficiente y sustentable, como lo es la planificación urbana y la planificación y gestión de los sistemas energéticos en su conjunto para contar con mayor confiabilidad, resiliencia y calidad. Además, se reconoce las particularidades territoriales de la transmisión y su carácter de facilitadora para el desarrollo de otros proyectos energéticos, especialmente renovables, y su aporte a la resiliencia ante el cambio climático.

Ricardo Lobos concluye, “es de esperar que la próxima administración pueda tomar este trabajo, así como lo hizo este gobierno con el trabajo anterior de la Política Energética 2050, porque el ánimo de trabajo fue que esto tiene que tener continuidad por sobre el gobierno de turno. Hemos visto en los debates de este periodo de elecciones que hay un interés por la sustentabilidad, por llevar a cabo este tipo de transición por sobre el gobierno de turno con el apoyo de toda la sociedad y todos los actores que vayan mucho mas allá de un proveedor y/o un consumidor de energía” enfatiza Ricardo Robos.

Los participantes de este Comité Consultivo, que participan directa o indirectamente en la Red de Pobreza Energética, destacamos de esta nómina: Andrea Rudnik, Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2; Carlos Finat, ACERA; Claudio Seebach, Generadoras de Chile; Nicola Borregaard, EBP Chile; Sara Larraín, Chile Sustentable y Anahí Urquiza, Red de Pobreza Energética.

Documento completo disponible AQUÍ


Crisis social, gobernanza y democracia: la necesidad de nuevas formas de gobernar lo común

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas”. Así, recordando a Mario Benedetti, hoy esta frase bien puede simbolizar la perplejidad de las instituciones políticas chilenas respecto de las demandas ciudadanas y la insensibilidad y represión con las cuales el gobierno fracasaba en contener una crisis que él mismo había radicalizado con sus propias acciones.

La incapacidad del ejecutivo de entender las raíces y el despliegue de esta crisis es indicador de la profunda ceguera que tiene sobre el Chile de los últimos años. No es que el estallido social haya de pronto cambiado las preguntas: las preguntas, demandas y tensiones que hoy se manifiestan en las calles no son nuevas. ¡No son 30 pesos, son 30 años!

Solo podremos entender a cabalidad esta crisis si nos quitamos lentes con los que solíamos mirar el mundo; si nos esforzamos en enfocar los puntos ciegos ínsitos en los conceptos, instituciones y prácticas desde las cuales hasta ahora hemos comprendido lo que nos rodea.

En efecto, no es sólo el ejecutivo quien ha quedado ciego: Chile no despertó solo porque salió de la inercia y salió a las calles, sino porque abrió los ojos de una manera distinta. Dejó de creer en lo que siempre había creído y vio las múltiples posibilidades que dicha creencia había escondido.

La historia tiene múltiples bifurcaciones, momentos de duda, olvido, silencios y actores emergentes. No existen principios y reglas que nos puedan guiar como verdades absolutas. Si tomamos conciencia de ello, y comprendemos que tanto el Estado como su forma de gobernar no son más una construcción inscrita en el tiempo y el espacio, podemos permitirnos confrontarlos con la realidad social.

En razón de lo anterior, debemos abandonar las posiciones binarias que tradicionalmente han condicionado nuestra estructura de pensamiento, abrirnos a la comparación de modelos y pensamientos y ser los agentes de las transformaciones.

Las ‘respuestas’ que Chile creía finalmente tener pueden resumirse en una serie de preceptos de fe: fe en el ‘milagro chileno’ como ejemplo de éxito de un modelo neoliberal de manejo económico y social; fe en la capacidad del libre mercado de impulsar el crecimiento de la economía, y en el carácter ilimitado de los recursos naturales en los que aquel se funda; fe en que los beneficios producidos por este crecimiento terminarán recayendo sobre todos los chilenos, y fe en la igualdad de oportunidad de todos los chilenos para tomar parte de estos beneficios ‘si sólo se empeñan lo suficiente’.

Hoy, esta crisis -y las muchas otras análogas que se han estado desatando en las cuatro esquinas del planeta- nos sugieren que esta fe puede estar mal puesta. Ha quedado claro, en primer lugar, que no existe garantía -más bien el contrario- que el crecimiento económico conlleve en automático (como por una ‘mano invisible’) mayor bienestar y posibilidades de desarrollo para las personas. Las desigualdades producen más desigualdades; la pobreza no se mide sólo en dinero, sino que también se observa en la incapacidad de contar con suficiente agua limpia para tomar, con energía de calidad para calefaccionar el hogar; en ver a la comunidad transformada en una ‘zona de sacrificio’ para promover los intereses de quienes no viven en ella. Es ya evidente que no hay esfuerzo que baste para salir de esta pobreza cuando las oportunidades se abren solo para algunos. El tiempo no sana las heridas históricas, sino les echa sal, y las hace cada vez más profundas.

No podemos esperar avanzar sin explorar nuevas formas de gobernanza, menos cuando vivimos en un mundo cada vez más complejo, globalmente interconectado, y medio ambientalmente frágil, como nos han mostrado los desafíos crecientes del cambio climático y la degradación ecológica. Los desafíos que nos depara el siglo XXI son radicalmente diversos y no debemos responder con la misma lógica e institucionalidad que antaño. La clásica oposición dual entre Estado y mercado nos ha mostrado dramáticamente sus lados más oscuros, y la gobernanza tal como la conocemos en la actualidad —centrada en encontrar un balance entre Estado y mercado— se ve fracturada por todas partes y está claramente desfasada con respecto a los desafíos y la sociedad actual.

Una luz de esperanza: desde hace más de dos décadas, han surgido alternativas que nos exhortan a salir de esta dualidad, a explorar una ‘tercera vía’ entre Estado y mercado. Entre ella, sin duda la más llamativa es la ‘gobernanza policéntrica acuñada por el Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom: la noción que, dadas las condiciones institucionales adecuadas, comunidades humanas a todas las escalas – hogares, barrios, pueblos, cuencas, grupos étnicos – pueden encontrar su forma de autogestión, promoviendo a la vez bienestar colectivo, justicia social y armonía con el medio ambiente. Surge de ahí una propuesta concreta respecto al gobierno desde lo común, fundada sobre el respeto, la autonomía de los ciudadanos y de los grupos en los que espontáneamente se unen, y una priorización de la deliberación y la colaboración por sobre la competencia y la individualización. Pero la función probablemente más central de este tipo de gobernanza es construir y dar cohesión a la comunidad. Para ello, no basta con que esta se asiente en instituciones respaldadas por la ley, sino también que aquellas instituciones y aquella ley sean consideradas legítimas por quienes las tienen que respetar.

Esto requiere, a la vez, rescatar la democracia representativa, fundada en una institucionalidad al amparo del Estado de Derecho, y en la que —al menos en teoría—cada ciudadano tiene voz, voto y participación en la gestión y construcción de los asuntos públicos.

Si queremos salir de esta crisis, tenemos que dejar de celebrar el falso triunfo de la democracia y gobernanza, y aceptar que ambas están hechas añicos. Sólo a partir de ahí, y del duro trabajo de reconstruir aquello que se ha despedazado, podemos esperar reconstruirnos como un país renovado, más justo, sustentable y más democrático.

Marco Billi. Investigador Escuela de Gobierno (Universidad Adolfo Ibáñez), Red de Pobreza Energética (U. Chile) y Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios.

Julián Cortés. Investigador del Programa de Riesgo Sísmico (U. de Chile), Red de Pobreza Energética (U. Chile) y Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios.

Columna disponible en El Dinamo

Una guerra de sombras: Piñera y el estado de crisis

Hay una práctica común en todo líder en apuros extraordinarios: atribuir la responsabilidad de sus pesares a un enemigo poderoso, firmemente articulado y que tiene por único propósito desestabilizar su posición. Es poco lo que se puede hacer frente a este enemigo. Si bien su amenaza parece en un principio venir de fuera, con el paso del tiempo ésta se hace cercana, convirtiendo a contactos confiables en enemigos. La infección se extiende, piensa el líder, el enemigo está ya en el hogar y toda acción adquiere una necesidad inmediata, urgente.

Retóricas similares aparecen frecuentemente en la historia. Una de las más recientes es la histeria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante una posible conspiración del “deep state” para acabar con su administración. Este enemigo se extiende por medios de comunicación, partidos políticos (¡incluso el propio!) y distintos representantes nacionales e internacionales. Ejemplos de décadas anteriores, ciertamente más graves, la ofrecen Hitler y Stalin que, en sus momentos finales, fueron también presos de una desconfianza radical respecto de sus antes cercanos y de la tentación de explicar sus pesares por un agente difuso e invencible. Para Chile resulta difícil no pensar en el Plan Z y la amenaza de establecer la dictadura del proletario como un ejemplo de esta tendencia.

Del mismo modo, el presidente Piñera no se da cuenta que está enfrentando una crisis producto de las desigualdades y exclusiones cuya existencia resulta cada día menos justificable, sino que en cambio aspira a presentarse como el último baluarte en la “guerra contra un enemigo poderoso”. Este Gran Otro se manifiesta, para su Ministro del Interior, en una “escalada organizada para causar un grave daño a nuestro país y a la vida de cada uno de los ciudadanos” que, como expresa con temor la Primera Dama en privado, tiene por intención nada menos que “romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias”. Esta narrativa ofrece una rápida simplificación de una situación compleja y, al mismo tiempo, ofrece una línea de acción clara para la toma de decisiones.

Cabe destacar que esta tentación por la adopción de narrativas simplificadoras no es exclusiva del gobierno. Para los movimientos sociales de distinto cuño que protagonizan las protestas el Gran Otro es representado por el modelo neoliberal, acusado de ser motor no de desarrollo, sino de toda desigualdad, todo malestar, toda degradación ambiental, todo privilegio y toda corrupción. Para esta narrativa, la promesa de progreso y bienestar articulada por los sostenedores del modelo neoliberal es una invención retórica dirigida a legitimar los abusos de unos pocos. Por lo cual, derrocar este modelo y sus elites económicas y políticas se describe como el camino para abrir las puertas para un Chile mejor y más justo.

Alrededor de esta contra narrativa se articula una protesta que, precisamente por tener una convicción compartida, no requiere de una organización formal. Pero para el Ejecutivo y las élites que este representa, incapaces de entender que el mundo de creencias que en los años fueron construyendo y que terminaron creyendo ha dejado de ser convincente para los demás, pero bien conscientes de cómo la contra narrativa emergente significa un ataque a sus privilegios, evocar la existencia de una tal organización termina siendo quizás la explicación más plausible. Emerge de este modo el Gran Otro, el enemigo poderoso y organizado que aterroriza hoy en día al gobierno de Piñera.

La consecuencia de esta guerra de sombras es la tendencia a extremar y polarizar las perspectivas: primero que todo la del Ejecutivo ensimismado en una guerra contra su Gran Otro, pero también aquella de los protestantes, no dispuestos a ningún compromiso con los que ven esencialmente como abusadores y represores. La bajada de fuerzas militares a la calle radicaliza aún más esta posición, puesto que, para muchos, aquello implica ‘retroceder el reloj a 1973: otras sombras, más siniestras y nunca olvidadas, dan nueva fuerza -y nueva unidad- al movimiento, que a la lucha por la igualdad suma ahora también la defensa de una libertad que se siente crucialmente amenazada.

Con eso, se restringe el espacio para un diálogo constructivo en pro de una reforma que supere los reduccionismos de la narrativa neoliberal sin paralizar el país en un tira-y-afloja permanente (a todo desmedro de la población común y sus necesidades) ni conducir a una escalamiento de la violencia. En este contexto, quizás el riesgo mayor de la situación actual es que, frente al Gran Otro que construyeron para sí, los miembros de la actual élite dirigente reaccionen como animales acorralados, incompetentes por escucharla y canalizarla institucionalmente, incapaces de huir sin perder todo lo que ellos creen haber ganado y que otros le acusan de haber robado, sin otra opción que luchar: animales acorralados, sí, pero (¡detalle importante!) con el monopolio de la violencia de la nación, y con cada día menos que perder y menos escrúpulos para usarla pues, en su visión de mundo, este enemigo extraordinario requiere también de medidas extraordinarias.

Julio Labraña. Investigador RedPE.

Marco Billi. Investigador RedPE.

Columna disponible en el mostrador

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