Reconociendo el principio precautorio: cuando la ciencia no es suficiente
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Quien puede lo más, puede lo menos
Bonn, Alemania, reuniones entorno a la COP25 para la definición de los ejes estratégicos de la próxima conferencia. Este fue el escenario en que la Ministra de Medio Ambiente de Chile, Sra. Claudia Schmidt, al ser consultada por la resistencia del país a suscribir el Acuerdo de Escazú, declaró que la legislación nacional ya cubría lo indicado en la convención.
Antes de entrar en debate sobre la veracidad de estas afirmaciones es necesario recordar, groso modo, los principales compromisos de Escazú. Según lo establecido en su artículo 1°, este acuerdo tiene por objetivo “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. En la misma dirección apunta su artículo 3°, el cual consagra como centrales los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y rendición de cuentas, así como los valores de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y de medidas pro- persona, entre otros, en términos del diseño e implementación de políticas ambientales. Especialmente destacables por su significancia para los países que suscriben este acuerdo, son los nuevos requisitos respecto del acceso a información ambiental (artículo 5°), la generación y divulgación de información ambiental (artículo 6°), la participación pública en la toma de decisiones ambientales (artículo 7°) y el acceso a un trato justo y de defensa de derechos humanos en los asuntos ambientales (artículo 8° y 9°).
Si miramos en perspectiva, ellos son una bajada de los lineamientos planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS N°16, reconocidos y ratificados por el Estado de Chile. Este objetivo se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. La adscripción de los países a estos lineamientos implica, por lo tanto, avanzar en medidas en esta dirección. Medidas como, por ejemplo, los compromisos tomados en el Acuerdo de Escazú.
Recordemos que, en materias de política exterior la incidencia de la sociedad civil es nula, y los mecanismos de participación ciudadana —entiéndase la Ley 20.500, entre otros cuerpos— está restringida, no por el escaso interés de la sociedad, sino por las “barreras de entrada” que el propio sistema introduce.
Dicho esto, volvamos a las declaraciones de la Ministra. Todo estudiante de Derecho en sus primeras clases de Derecho Romano conoce —y sufre—el aforismo jurídico que reza: QUI POTEST PLUS, POTEST MINUS, que literalmente sostiene “quien puede lo más, puede lo menos”. En breve, quien tiene poder para hacer cosas grandes o importantes puede hacer sobre el mismo tema cosas menores, accesorias, derivadas o subordinadas a las primeras.
Si se acepta la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cuál es el problema que nuestras autoridades suscriban un acuerdo ciertamente más limitado y que busca operacionalizar medidas para avanzar en esta dirección, como el Acuerdo de Escazú?
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Pobreza Energética: un desafío complejo para la política pública
En la pasada cuenta pública se planteó una agenda país que busca enfrentar desafíos tales como el desarrollo, la equidad y la inclusión social. Cada uno de estos, requiere comprensiones profundas de sus condicionantes, expresiones e implicancias en la vida de las personas.
Como Red de Pobreza Energética, nos encontramos abocados desde el 2016 a la comprensión de este fenómeno caracterizado por la insuficiencia, mala calidad o poca sostenibilidad de fuentes que permitan a las personas y comunidades cubrir sus necesidades energéticas. En este sentido hay situaciones preocupantes como la territorialización de la pobreza energética. Por ejemplo, un 46% de la población total que no cuenta con acceso a electricidad se encuentra en el sur de Chile en las regiones del Bio-Bio y la Araucanía, evidenciando la precaria situación que se vive en esa zona del país.
Por otra parte, hay un uso diferenciado de combustibles para calefacción de acuerdo con la zona climática, lo que trae aparejadas consecuencias como el uso de leña en la zona sur donde la contaminación del aire se señala como principal problema ambiental. Confluyen así la costumbre y el costo en acceso a combustibles de bajo costo y altamente contaminantes, lo que sumado a las inadecuadas condiciones del revestimiento térmico de las viviendas, implica un uso intensivo de combustible para alcanzar el confort térmico.
Por otra parte, un 34% del segmento pobre, así como un 21% de la clase media baja afirman pasar frio en invierno, lo que se debe en gran medida a la falta de aislación de las viviendas y de calefacción para las mismas. La clase media sufre pobreza energética. Finalmente, sobre el gasto familiar en energía, es posible señalar que las familias de menores ingresos gastan un mayor porcentaje de su presupuesto que las familias de mayores ingresos, pero al revisar los valores absolutos (el total de dinero gastado) es mucho menor y no alcanza para cubrir de manera adecuada sus necesidades energéticas. En otras palabras, las familias de menores ingresos y la clase media realizan un esfuerzo mayor para calefaccionarse y cubrir sus necesidades energéticas. Estas cifras nos muestran que la pobreza energética va más allá del segmento con menos recursos, se extiende a la clase media, y son una expresión más de las profundas desigualdades existentes en nuestro país.
En este sentido, resulta esperanzador el anuncio de una Ruta Energética que declara entre sus tareas centrales la construcción de un Mapa de Vulnerabilidades, que permita localizar las condiciones territoriales, climáticas, económicas y sociales que afectan la capacidad de acceso, uso y sostenibilidad de este recurso. Creemos que este un paso en la dirección correcta, que apunta en parte a un abordaje de la complejidad del fenómeno, pero junto a él debe sumarse otros en orden al establecimiento de mecanismos permanentes de coordinación funcional intersectorial y multiescalar.
La superación de la pobreza energética no debe quedar en manos únicamente de una cartera, como por ejemplo la de Energía, sino que debe ser capaz de articular a todas las instituciones involucradas en todas sus escalas, sólo así se podrá hacer cargo de un problema tan profundo y complejo, facilitando de esta forma, la instalación de sistemas de observación que remitan información oportuna y relevante para la toma de decisiones y la articulación de agentes del mundo público, privado y de la sociedad civil detrás de un horizonte común de bienestar para todos y todas.
Creemos que así podremos avanzar en complejizar la acción del Estado a la hora de enfrentar con decisión y efectividad este y otros fenómenos, antiguos y nuevos, que afectan significativamente la vida de las personas.
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Red de Pobreza Energética U. de Chile profundiza colaboración transdisciplinaria con cinco ministerios
En el marco del Seminario de Pobreza Energética “Nuevos desafíos para la articulación entre Academia y Política”, investigadores de la Universidad de Chile dialogaron con representantes de los ministerios de Energía, Salud, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Vivienda y Urbanismo, con el objetivo de impulsar una estrategia que permita posicionar y enfrentar el tema a nivel nacional.
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Mejorar el acceso a la energía; construir un concepto multidimensional; medir el impacto en comunidades vulnerables; e identificar fuentes contaminantes y problemas de salud, fueron algunos de los ejes abordados durante el Seminario de Pobreza Energética “Nuevos desafíos para la articulación entre Academia y Política”, donde participaron profesores e investigadores de la Universidad de Chile y representantes de cinco ministerios, con el fin de articular sus capacidades en torno a los desafíos considerados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el proceso participativo Energía 2050.
Durante la actividad, realizada el viernes 24 de noviembre en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), se presentó una definición preliminar para observar la pobreza energética de acuerdo a las dimensiones e indicadores particulares del contexto nacional, como el acceso, la calidad y la equidad. Además, los participantes analizaron las estrategias enmarcadas en las políticas públicas actuales desde cada organismo, considerando los problemas para satisfacer necesidades energéticas, las desigualdades en el gasto y las características de las viviendas respecto a las condiciones climáticas.
De acuerdo a la investigadora del Centro de Energía de la U. de Chile e integrante de la Red de Pobreza Energética, Paz Araya, “este seminario es la consolidación del trabajo desarrollado desde hace varios meses en tres talleres con académicos de la institución y profesionales de otros organismos públicos, para entender cuáles son las dimensiones de la pobreza energética y donde realizamos un informe que la define, con análisis de fuentes secundarias de alcance nacional. Buscamos compartir nuestro conocimiento con el mundo público y la ciudadanía, entendiendo que se trata de un problema complejo que debe visualizarse desde el territorio, las disciplinas y los objetivos en los que trabaja cada institución. Hemos logrado consolidar esta red académica y estamos trabajando en un informe que determine cómo inciden las políticas públicas en el acceso, la calidad y la equidad de la energía”.
El Jefe de la División Acceso y Equidad Energética del Ministerio de Energía, Gabriel Sepúlveda, expuso algunas de las medidas impulsadas desde 2014 para mejorar el acceso a este recurso, como el programa de electrificación para 10 mil viviendas, la incorporación de energías renovables en comunidades indígenas y el mejoramiento de suministro eléctrico en islas, entre otras. “Estamos trabajando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para proponerle al país una definición de pobreza energética que nos permita focalizar de mejor manera las políticas públicas y los recursos. Existe un importante número de familias que no puede acceder a la energía eléctrica y tampoco hay suficientes datos para saber dónde se encuentran y cómo podemos llegar a ellos. Por tanto, el diálogo debe establecerse con las mismas comunidades para encontrar modelos de gestión que hagan sostenibles este tipo de soluciones”, comentó.
Asimismo, el Jefe del Departamento de Análisis de la Realidad Social del Ministerio de Desarrollo Social, Juan Cristóbal Moreno, quien presentó un diagnóstico con datos de la Encuesta CASEN 2015, señaló que “es muy importante participar en la medida en que se reconoce otra dimensión de la experiencia de vivir en pobreza, pues hasta ahora no se calcula de manera sistemática. Debemos conectar la discusión con las categorías usadas actualmente para medirla, donde hemos impulsado un trabajo por actualizar la medición de pobreza por ingreso y por incorporar una visión multidimensional de ésta. También es fundamental reconocer que este es un desafío intersectorial, por lo que esperamos compartir experiencias y articular la política pública considerando indicadores que les hagan sentido a todos los participantes de los organismos involucrados”.
La Secretaria Ejecutiva de Construcción Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Paola Valencia, enfatizó que “es sumamente importante dialogar sobre las problemáticas que tiene el país en general, pues la investigación producida en la academia es un gran aporte para mejorar la calidad de vida de los chilenos. El gran desafío es lograr que el estándar térmico de todas las viviendas de Chile sea óptimo, por lo que el Ministerio se ha preocupado del tema a partir de líneas de trabajo regulatorias y voluntarias, implementando subsidios para reacondicionamiento térmico de viviendas e incorporación de energías renovables en hogares sociales, además de enfocarse en planes para enfrentar la contaminación ambiental”.
En tanto, el Jefe de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Tito Pizarro, realizó una presentación sobre el impacto generado en las comunidades ante la contaminación energética. “En los lugares donde existe mala calidad de energía para alimentarnos, calentarnos o movernos, estamos generando polución y por lo tanto daño a la salud. Actualmente la población tiene menos años de vida saludable, siendo un problema transversal y que requiere trascender decisiones entre cuatro paredes. Hay que trabajar con los sectores urbanos y rurales, la sociedad civil y los organismos públicos para reflexionar sobre este tema de acuerdo al territorio o las condiciones socioculturales específicas. Por otro lado debemos buscar alternativas y diversificar la matriz energética, teniendo siempre en cuenta el acceso para los grupos con menos recursos”, concluyó el médico.
Finalmente, representantes del Ministerio del Medio Ambiente discutieron sobre la relación de la energía con el ecosistema, destacando problemas en el confort térmico y la calidad del aire en los hogares de Chile. El Jefe de la División de Cambio Climático, Fernando Farías, agregó que “la transformación del clima se debe principalmente a un mal manejo energético a nivel global, donde los fósiles son los mayores productores de CO2. Sin embargo, existen múltiples oportunidades para contar con mejores combustibles y equipos de combustión, pero necesitamos que la población entienda la importancia del uso de fuentes energéticas, por lo que el gran desafío no sólo reside en las políticas públicas, sino también en lo que cada chileno está dispuesto a hacer para mejorar su calidad de vida”.
La Red de Pobreza Energética de la Casa de Bello considera que un hogar se encuentra en dicha situación cuando no dispone de energía suficiente para cubrir las necesidades fundamentales, básicas y secundarias; además de no tener la capacidad de acceder o de decidir entre una gama suficiente de servicios energéticos adecuados, asequibles, confiables, de alta calidad, seguros y sustentables. Mayor información en www.pobrezaenergetica.cl
Ver noticia en la página de la Universidad de Chile.
