Durante los últimos años, las energías renovables han penetrado raudamente en la matriz energética del país. En el año 2017, la generación con este tipo de fuentes representó el 43% de la producción energética y se espera que para el año 2030 alcance el 75%, según lo planteado en el último reporte mensual entregado por las Generadoras de Chile.

Ante este escenario, resulta clave orientar dicho proceso con miras a una transición energética sostenible. Resolver esta problemática no sólo pasa por una dimensión tecnológica en torno a la generación, transmisión, distribución y almacenamiento, sino también implica una dimensión sociocultural, donde la inserción y participación de las personas permitan que esta transición lleve a la sostenibilidad energética esperada.

El proceso de transición hacia una matriz energética sostenible requiere nuevas y/o renovadas relaciones entre los diversos actores involucrados, tales como el Estado, privados, ONGs, fundaciones, academia y comunidades, estableciendo cooperación recíproca y permanente, lo cual genere un marco de confianza y un incremento del bienestar social. Lo anterior ya fue reconocido, impulsado y promovido en la Agenda 2030, cuando en el año 2015, Chile adoptó el compromiso de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), acción que busca mejorar la calidad la vida de las personas a través de energías asequibles y no contaminantes, entre otros fines, lo cual se ve reforzado con el sello ciudadano de la Ruta Energética 2018-2022 de la actual administración.

Alcanzar esta meta en los próximos años requiere del compromiso y la participación activa de todos los actores, es decir, el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, siendo esta última una componente clave para que la transición energética sea exitosa; forjando de esta forma una cultura energética sostenible. Ante ello, cabe preguntarse: ¿Cómo se está incorporando la sociedad civil a esta transición energética?

Existen muchas formas. Algunas de ellas comprenden la participación: informativa, consultiva, cogestión, control y asociación, entre otras. La participación consultiva ha sido mayormente utilizada por el Estado en los últimos años, hecho que se aprecia al revisar el Programa Comuna Energética y el Plan Ruta Energética, donde se registran las necesidades y prioridades ciudadanas que permiten formular los lineamientos y/o proyectos en torno a las energías renovables. Sin embargo, la participación consultiva es sólo uno de varios instrumentos correlacionados para abordar la incorporación de la ciudadanía. Por lo tanto, es necesario promover una participación empoderada que incorpore una mayor cantidad de herramientas participativas y de actores.

Un ejemplo concreto de esto último es la ejecución de proyectos de energías renovables y gestión local, cuyo objetivo es el desarrollo social sostenible por medio de soluciones energéticas locales que poseen la potencialidad de integrar las opiniones, propuestas y capacidades de las personas en el diseño, implementación y evaluación de la intervención energética en el corto, mediano y largo plazo, dotando así de mayor protagonismo a la comunidad local durante todo el proceso.

Precisamente en torno a este tipo de iniciativas, la academia, como un actor de la sociedad civil, y en coherencia con su misión de desarrollar conocimientos al servicio del bienestar de la población, puede desempeñar un rol relevante al desarrollar proyectos de gestión local de recursos con energías renovables, en la medida que estos proyectos sean capaces de otorgarle un rol protagónico a las comunidades. Nuevos horizontes de desarrollo, orientados a lograr formas de empoderamiento efectivo y transferencia tecnológica para la gestión local, entendiendo esto como un desafío altamente complejo, donde se debe entregar y producir conocimiento a través de procesos de diálogo y organización local, son parte de esta meta.

Este tipo de iniciativa ofrece la potencialidad de facilitar el proceso de transición energética, puesto que abre espacios de empoderamiento a las personas, abarcando los ámbitos informativos, educativos, consultivos, cogestión, control y asociación. En concreto, entrega seguridad a las comunidades al derribar las barreras de desinformación en torno a las energías renovables, visibilizando los recursos y oportunidades locales, que harán que esta transición lleve a la sostenibilidad energética deseada.

En este marco, para promover un proceso de transición energética en Chile, es necesario abordar la dimensión sociocultural y generar espacios de participación que sean capaces de otorgar protagonismo a las comunidades, creando experiencias de gestión local de recursos con miras a un desarrollo sostenible definido desde la propia ciudadanía.

Por lo tanto, el compromiso de todos los actores involucrados es fundamental para promover y ejecutar los diversos proyectos en materia de energías renovables y gestión local. El éxito del proceso de transición energética recaerá en que cada actor de la sociedad cumpla su rol para así  poder avanzar de forma integral en la disminución de la pobreza energética.