Crisis social, gobernanza y democracia: la necesidad de nuevas formas de gobernar lo común
“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas”. Así, recordando a Mario Benedetti, hoy esta frase bien puede simbolizar la perplejidad de las instituciones políticas chilenas respecto de las demandas ciudadanas y la insensibilidad y represión con las cuales el gobierno fracasaba en contener una crisis que él mismo había radicalizado con sus propias acciones.
La incapacidad del ejecutivo de entender las raíces y el despliegue de esta crisis es indicador de la profunda ceguera que tiene sobre el Chile de los últimos años. No es que el estallido social haya de pronto cambiado las preguntas: las preguntas, demandas y tensiones que hoy se manifiestan en las calles no son nuevas. ¡No son 30 pesos, son 30 años!
Solo podremos entender a cabalidad esta crisis si nos quitamos lentes con los que solíamos mirar el mundo; si nos esforzamos en enfocar los puntos ciegos ínsitos en los conceptos, instituciones y prácticas desde las cuales hasta ahora hemos comprendido lo que nos rodea.
En efecto, no es sólo el ejecutivo quien ha quedado ciego: Chile no despertó solo porque salió de la inercia y salió a las calles, sino porque abrió los ojos de una manera distinta. Dejó de creer en lo que siempre había creído y vio las múltiples posibilidades que dicha creencia había escondido.
La historia tiene múltiples bifurcaciones, momentos de duda, olvido, silencios y actores emergentes. No existen principios y reglas que nos puedan guiar como verdades absolutas. Si tomamos conciencia de ello, y comprendemos que tanto el Estado como su forma de gobernar no son más una construcción inscrita en el tiempo y el espacio, podemos permitirnos confrontarlos con la realidad social.
En razón de lo anterior, debemos abandonar las posiciones binarias que tradicionalmente han condicionado nuestra estructura de pensamiento, abrirnos a la comparación de modelos y pensamientos y ser los agentes de las transformaciones.
Las ‘respuestas’ que Chile creía finalmente tener pueden resumirse en una serie de preceptos de fe: fe en el ‘milagro chileno’ como ejemplo de éxito de un modelo neoliberal de manejo económico y social; fe en la capacidad del libre mercado de impulsar el crecimiento de la economía, y en el carácter ilimitado de los recursos naturales en los que aquel se funda; fe en que los beneficios producidos por este crecimiento terminarán recayendo sobre todos los chilenos, y fe en la igualdad de oportunidad de todos los chilenos para tomar parte de estos beneficios ‘si sólo se empeñan lo suficiente’.
Hoy, esta crisis -y las muchas otras análogas que se han estado desatando en las cuatro esquinas del planeta- nos sugieren que esta fe puede estar mal puesta. Ha quedado claro, en primer lugar, que no existe garantía -más bien el contrario- que el crecimiento económico conlleve en automático (como por una ‘mano invisible’) mayor bienestar y posibilidades de desarrollo para las personas. Las desigualdades producen más desigualdades; la pobreza no se mide sólo en dinero, sino que también se observa en la incapacidad de contar con suficiente agua limpia para tomar, con energía de calidad para calefaccionar el hogar; en ver a la comunidad transformada en una ‘zona de sacrificio’ para promover los intereses de quienes no viven en ella. Es ya evidente que no hay esfuerzo que baste para salir de esta pobreza cuando las oportunidades se abren solo para algunos. El tiempo no sana las heridas históricas, sino les echa sal, y las hace cada vez más profundas.
No podemos esperar avanzar sin explorar nuevas formas de gobernanza, menos cuando vivimos en un mundo cada vez más complejo, globalmente interconectado, y medio ambientalmente frágil, como nos han mostrado los desafíos crecientes del cambio climático y la degradación ecológica. Los desafíos que nos depara el siglo XXI son radicalmente diversos y no debemos responder con la misma lógica e institucionalidad que antaño. La clásica oposición dual entre Estado y mercado nos ha mostrado dramáticamente sus lados más oscuros, y la gobernanza tal como la conocemos en la actualidad —centrada en encontrar un balance entre Estado y mercado— se ve fracturada por todas partes y está claramente desfasada con respecto a los desafíos y la sociedad actual.
Una luz de esperanza: desde hace más de dos décadas, han surgido alternativas que nos exhortan a salir de esta dualidad, a explorar una ‘tercera vía’ entre Estado y mercado. Entre ella, sin duda la más llamativa es la ‘gobernanza policéntrica acuñada por el Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom: la noción que, dadas las condiciones institucionales adecuadas, comunidades humanas a todas las escalas – hogares, barrios, pueblos, cuencas, grupos étnicos – pueden encontrar su forma de autogestión, promoviendo a la vez bienestar colectivo, justicia social y armonía con el medio ambiente. Surge de ahí una propuesta concreta respecto al gobierno desde lo común, fundada sobre el respeto, la autonomía de los ciudadanos y de los grupos en los que espontáneamente se unen, y una priorización de la deliberación y la colaboración por sobre la competencia y la individualización. Pero la función probablemente más central de este tipo de gobernanza es construir y dar cohesión a la comunidad. Para ello, no basta con que esta se asiente en instituciones respaldadas por la ley, sino también que aquellas instituciones y aquella ley sean consideradas legítimas por quienes las tienen que respetar.
Esto requiere, a la vez, rescatar la democracia representativa, fundada en una institucionalidad al amparo del Estado de Derecho, y en la que —al menos en teoría—cada ciudadano tiene voz, voto y participación en la gestión y construcción de los asuntos públicos.
Si queremos salir de esta crisis, tenemos que dejar de celebrar el falso triunfo de la democracia y gobernanza, y aceptar que ambas están hechas añicos. Sólo a partir de ahí, y del duro trabajo de reconstruir aquello que se ha despedazado, podemos esperar reconstruirnos como un país renovado, más justo, sustentable y más democrático.
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Gobernanza policéntrica, oportunidad para construir un nuevo Chile
A un mes del estallido social, ya casi pasa desapercibido el anuncio de la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, para así dejar sin efecto el alza anunciada a principios de octubre.
La energía generada en el país es de 6.440 GWh. El 61% proviene de fuentes térmicas, tales como carbón, gas natural y petróleo. Chile queda a merced de la volatilidad del precio de los combustibles fósiles altamente contaminantes y de una infraestructura vulnerable.
La democracia representativa, fundada en una institucionalidad al amparo del Estado de Derecho, y en la que —al menos en teoría—cada ciudadano tiene voz, voto y participación en la gestión y construcción de los asuntos “públicos” ha conocido un destino paradójico en el transcurso de las últimas décadas, y eso sin hablar de los últimos días en Chile. El ejercicio de los poderes políticos y económicos ya no permite que los ciudadanos tengan influencia en estos asuntos, es más, todo lo que orienta hoy nuestro futuro no se somete al debate público y vinculante.
En este contexto, parece inexorable una verdadera revolución de la gobernanza y avanzar hacia nuevas formas y nuevos tratos. Resulta interesante al respecto la noción de Gobernanza Policéntrica, término acuñado por Elinor Ostrom —Premio Nobel de Economía 2009—, que alude a una idea concreta respecto al gobierno de los recursos comunes, sobre la base del respeto de la autonomía de los ciudadanos en su actuación a distintas escalas de intervención – casa, familia, barrio, trabajo, colegio – y que busca priorizar las estrategias de resolución de conflictos y de coordinación del tejido social.
Este modelo, nos da pie para discutir sobre el estatus de derecho de bienes y servicios comunes necesarios para el bienestar, tales como el agua o la energía. Respecto de este último, sobre todo por el creciente desarrollo del concepto de pobreza energética, se plantea la necesidad de considerarlo como un derecho “in status nascendi”, es decir, un derecho humano en formación habida cuenta de los conflictos socio‐ambientales y sus repercusiones en la calidad de vida.
La gobernanza tal como la conocemos en la actualidad —centrada en el Estado y los mercados— se ve fracturada por todas partes y está claramente desfasada respecto con la sociedad actual y los desafíos que nos esperan y apremian. No podemos seguir respondiendo a ellos con la lógica y estructura de gobernanza de los siglos XIX y XX. El principal y más grande desafío de esta nueva forma de gobernar, es construir y dar cohesión a la comunidad. Para ello, no basta con que sólo sea legal, sino que también debe ser considerada legítima.
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Crisis social y ecológica: la necesidad de un nuevo modelo de gobernanza
Estos últimos días nos remece una avalancha de emociones. En un mismo día podemos pasar rápidamente de los malestares a las preocupaciones, de la incredulidad a la indignación, pero también se hace espacio la esperanza.
Los problemas que enfrentamos son graves y urgentes, deudas pendientes de hace mucho tiempo que demandan reflexiones y diálogos profundos para poder salir de esta crisis, sumado a situaciones actuales que son inaceptables. Bajo este contexto, no es fácil volver a mirar la relación que existe con las condiciones socio-ambientales y el desafío que nos trae el cambio climático.
Sin embargo, no podemos pensar en la crisis social sin asumir la crisis ecológica, menos ahora que vemos que se abren nuevos caminos en el momento constituyente que ya está en marcha, y que nos permiten, por primera vez en nuestra historia, hacernos cargo de los desafíos climáticos que el país debe enfrentar de manera seria y a largo plazo. Perdernos en atacar los síntomas sin preocuparnos de la enfermedad es hipotecar el futuro de todo el país.
La evidencia científica es tan abrumadora como incontestable, Chile es un país altamente vulnerable frente al cambio climático.
Es muy claro en identificar las amenazas climáticas (ej. sequías, aluviones, incendios, olas de calor, marejadas, etc.), pero queda mucho por saber sobre sus consecuencias sociales.
Sin embargo, sabemos que el impacto social de las amenazas climáticas está relacionado estrechamente con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una gran cantidad de nuestra población y la actual crisis social no ha hecho otra cosa que recordárnoslo de la manera más dramática.
Además hay ciertos elementos que ya hemos identificado como críticos.
(1) Las consecuencias del cambio climático afectan más a los grupos vulnerables, tanto por su fragilidad frente a diversas crisis como por su dependencia de las decisiones de los grupos dominantes.
(2) Las amenazas climáticas profundizan los problemas ambientales ya existentes, por las condiciones de sobreexplotación de los recursos, y las debilidades institucionales para proteger ecosistemas y resguardar el uso común de los recursos.
(3) Contamos con poca información sobre las condiciones en las cuales los territorios enfrentan estas amenazas actualmente (considerando tanto su sensibilidad como su resiliencia) y lo poco que existe no está siendo utilizado para la toma de decisiones.
El desafío que enfrentamos es gigantesco: debemos poner en marcha las transformaciones estructurales que el país necesita para reducir la desigualdad y la injusticia social, considerando los riesgos climáticos actuales y futuros, así como los co-impactos que produzcan las medidas que se establezcan.
Un ejemplo es la transición energética, ineludible e impostergable, que no debiese perjudicar a los sectores vulnerables, ya sea por el aumento del costo de la vida, los cambios en las posibilidades de empleo o la afectación de ecosistemas.
La frase anterior no es trivial: “debemos poner en marcha las transformaciones estructurales que el país necesita” y esto implica como tomar decisiones colectivas vinculantes de forma legítima (nuevo pacto social) y decidir cómo se utilizará el territorio y la capacidad que tendrán las comunidades que viven en ellos para definir los cambios necesarios que permitan enfrentar las amenazas (fin al neoliberalismo desatado).
Además, fortalecer las capacidades institucionales para la toma de decisiones con una proyección de largo plazo (2050), la participación de las comunidades y la consideración de diferentes fuentes de conocimiento (gobernanza policéntrica).
Para lograr una transformación de esta envergadura necesitamos una discusión profunda, que permita reconocer los diferentes conocimientos existentes sobre los fenómenos involucrados, desarrollar estructuras de coordinación entre múltiples esferas, fortalecer nuestras condiciones de resiliencia (disminuyendo la dependencia de pocos sectores productivos altamente sensibles al clima y propensos a la sobreexplotación, restaurando ecosistemas, fortaleciendo capacidades institucionales para identificar riesgos e implementando cambios en las zonas vulnerables) y activando un amplio proceso deliberativo que nos permita definir el futuro que queremos.
Con tristeza, pero realismo, fuimos conscientes que la COP25 no podía realizarse en Chile bajo las condiciones actuales. No habría sido responsable haber puesto en riesgo a nuestra población por las medidas extremas de seguridad que se habrían tomado para mantener la “normalidad”, poniendo en peligro al mismo tiempo las urgentes negociaciones climáticas.
Ahora, estando más lejos de esta pérdida, debemos retomar la agenda interna con más fuerza que antes.
El cambio climático no es una preocupación de científicos y activistas globales, es un problema de desigualdad que nos golpea con fuerza y hará crecer aún más la situación de vulnerabilidad y desigualdad territorial de nuestro país. Debemos ser parte de estos procesos, para que la anhelada transformación social sea también una transformación socio-ecológica.
Estos cambios no pueden hacerse en un panel de expertos o entre actores políticos que tomen decisiones de espaldas a la ciudadanía.
Hablamos de transformaciones profundas, difíciles de llevar a cabo en procesos urgentes, pero tremendamente necesarias para abordar los problemas de raíz. Los desafíos climáticos urgen por una mejora en la capacidad de tomar decisiones en los propios territorios, que fomenten la participación real de la comunidad, dejando ámbitos de regulación a nivel nacional, pero con espacios de innovación y coordinación entre ambos espacios.
Ya en el año 2009, la premio Nobel de Economía Elinor Ostrom nos hablaba de una “gobernaza policéntrica” para referirse a esta forma de gobernar los recursos comunes, respetando la soberanía territorial de los habitantes en diferentes niveles, valorando las estrategias de resolución de conflicto y tejido social a nivel local.
La crisis actual también puede ser observada como una “fisura en el régimen” (hablando en el lenguaje de las llamadas “transiciones socio-técnicas”) y, por lo tanto, es una oportunidad de cambio estructural que es urgente de lograr.
Estamos en un momento decisivo o transformamos nuestra sociedad o quienes sobrelleven las consecuencias del cambio climático serán solo los más privilegiados de los privilegiados.
Acompañando un proceso constituyente, la planificación de largo plazo que debemos impulsar en nuestro país (como parte también de nuestros compromisos internacionales para enfrentar el cambio climático) nos podría permitir establecer una verdadera perspectiva de Estado que vaya más allá del gobierno de turno, y que nos permita definir cómo viviremos ahora y en el futuro, considerando los diversos riesgos a los que nos enfrentaremos y fortaleciendo la resiliencia para enfrentarlos.
