Señor Director:

A finales de diciembre, la Contraloría General de la República decidió abstenerse de dar curso al decreto que aprobaba el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente para las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. El argumento esgrimido es que no se “ajustaría a derecho”, al no cumplir con la finalidad de ser un instrumento que permita reducir emisiones, ya que las emisiones declaradas habrían sido superiores a las registradas por el sistema de monitoreo existente.

Es especialmente preocupante que se ponga en duda la efectividad del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica en un territorio considerado como zona de sacrificio, ya que se constituye como un argumento más frente a la idea ya instalada de que el Estado ha abandonado a la población de estos territorios. Por otra parte, la divergencia con el inventario de emisiones refuerza el cuestionamiento a la institucionalidad ambiental y su efectividad en zonas críticas para el país.

A pesar de que esta situación ha sido considerada por algunas autoridades como un error, debido a la sensación de abandono que ha generado en los habitantes de las zonas afectadas, la desconfianza en relación a este tipo de negligencias es comprensible. La idea de favorecer la inversión, el desarrollo de ciertas industrias y la provisión de energía para el desarrollo del país, ha estado instalada en nuestro país por décadas y servido de justificación para hacer la vista gorda sobre la contaminación de ciertos territorios. De esta forma, la minimización de los efectos en la salud de las personas que habitan en esas zonas es observada por diversos actores como una acción de invisibilización intencional que permite continuar con proyectos de importancia económica.

Los habitantes de las localidades de Quintero y Puchuncaví han visto vulnerados sus derechos durante muchos años, no solo al tener que soportar la contaminación sistémica de su entorno, los derrames, las emanaciones de gases y las intoxicaciones de sus hijos, sino que también al tener que modificar sus dinámicas, teniendo que cerrar las ventanas para dormir, comprando agua embotellada para evitar la presencia de metales pesados y alejándose del mar, de sus lugares tradicionales y de su identidad, porque aparentemente se va a seguir permitiendo que sus vidas estén contaminadas.

A partir de investigaciones antropológicas en estos territorios, sabemos que el sentimiento de abandono es tan común que está naturalizado. Este abandono no solo abarca el tema ambiental y sus consecuencias directas en salud sino que se identifica en otras áreas, relacionando la contaminación de sus entornos con el deterioro del tejido social, la falta de recursos y oportunidades para su población. Debido a esta sensación de abandono, muchos de sus habitantes no solo desconfían de la efectividad de los instrumentos y regulaciones ambientales, sino que derechamente no creen en la intencionalidad de las autoridades.

Este incidente deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de gestión ambiental, los sistemas de monitoreo y la transparencia de los procesos, para que la población involucrada efectivamente pueda ejercer algún tipo de control sobre la contaminación a la que están expuestos.

La decisión de la Contraloría abre la oportunidad de rectificar el plan de prevención y descontaminación de una zona emblemática afectada por la injusticia ambiental del país y, al mismo tiempo, nos obliga a asumir que debemos mejorar sustantivamente nuestros mecanismos de monitoreo, transparencia de los registros y el involucramiento de la comunidad en estos procesos. De lo contrario, además de mantener a la población en condiciones de vulneración de derechos, seguiremos fomentando la desconfianza hacia nuestra joven institucionalidad ambiental.

Dra. Anahí Urquiza y Javiera Chahuán, antropólogas.
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y Red de Pobreza Energética U. Chile (RedPE)