Pobreza energética y vivienda social
La necesidad de elaborar una definición de Pobreza Energética para Chile fue declarada en la Política Energética 2050 cuando se expone que, en Chile, es necesario responder a cuáles son los elementos que determinan la pobreza energética y cuál es el nivel actual en nuestro país. Se plantea la necesidad de definir el concepto y su forma de medición con el objetivo de establecer políticas específicas para su reducción. La Red de Pobreza Energética (RedPE) nace al alero de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile con un equipo multidisciplinario que busca enfrentar este desafío. Actualmente la red se compone de investigadores y socios de distintos ámbitos, tanto públicos como privados, de regiones y de diferentes actores de la sociedad civil. El enfoque de la red se ha iniciado desde la escala de la vivienda, para avanzar hacia una escala territorial de las dimensiones que afectan la pobreza energética.
Es en la escala de vivienda, donde precisamente existe el gran desafío de construir indicadores que nos permitan evaluar la pobreza energética residencial, en los distintos contextos climáticos, geográficos y territoriales de nuestro país. Chile, desde los 80, inició una política habitacional para suplir el déficit cuantitativo de hogares, que dejó como resultado, un extenso parque habitacional edificado a lo largo de todo el país, con pobres estándares constructivos y mínimos requerimientos de espacio público. Es precisamente la mala calidad constructiva que tienen las viviendas, la responsable de la contaminación por combustión a leña (Material Particulado 10 y 2.5) que sufren muchas ciudades al sur del nuestro país, afectando la salud de la población. Una vivienda mal aislada y llena de infiltraciones de aire, no permite mantener el calor dentro de la vivienda; y eso, en consecuencia, implica mayor cantidad de energía requerida para generar calor y mantener un ambiente mínimamente confortable.
En el caso de las ciudades del sur, esa energía calórica se genera a partir de la combustión de leña. Y no se puede prohibir el uso de leña, cuando es el recurso energético más barato y asequible para las familias de menores ingresos. No contar con recursos para costear la calefaccionar en un hogar, implica tener que tolerar el frío sin otra alternativa que abrigarse más dentro de la vivienda y en el caso de los adultos mayores, permanecer mayor tiempo dentro de la cama. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Si prohibimos el uso de leña, las personas más vulnerables no pueden costear otros combustibles para calefaccionar, lo cual trae como consecuencia problemas de salud de las personas por bajas temperaturas dentro del hogar. Pero su extensivo uso, genera por otro lado, la contaminación atmosférica, que también afecta a la salud de las personas. Si bien hoy contamos con un subsidio de reacondicionamiento térmico y una reglamentación térmica para vivienda, los requerimientos exigidos siguen siendo pocos, sobre todo para la zona sur de nuestro país, que cuenta con climas con frío extremo.
Mejorar la calidad constructiva de una vivienda, no es sólo preocuparse de la aislación térmica. Implica resolver problemas de infiltraciones, puentes térmicos, humedad, garantizar adecuados niveles de ventilación, así como contar con fuentes de calefacción limpias, seguras y con combustible asequibles y disponibles. El desafío de mejorar la calidad de nuestras edificaciones es a toda escala y en todo el territorio, porque no sólo las familias más vulnerables pasan frío en invierno, las familias de clase media también. La vivienda debe garantizar una calidad de ambiente interior saludable y confortable, con los mínimos requerimientos energéticos posibles. Si esto último es de consenso nacional, entonces cabe preguntarse:
¿Cuántos chilenos sufrimos algún tipo de pobreza energética?
