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Category: Columnas

El confinamiento y la verdad más cruda de la pobreza energética en Chile


El endeudamiento por cuentas eléctricas es, en buena parte, consecuencia de una excesiva carga de pagos por servicios básicos en relación al ingreso total. Esta situación se agrava debido al aumento del consumo energético producto del confinamiento, el mayor desempleo y la suspensión temporal de contratos debido a la crisis, especialmente entre los más pobres.

Encender la luz para leer, cocinar o comer. Cocinar para desayunar, almorzar y tomar once o cenar. Encender el calefont para tomar una ducha caliente o lavar la loza. Encender una estufa para calefaccionar la casa. Encender el computador para estudiar y/o trabajar. Esta rutina que muchos de nosotros no nos cuestionamos, requiere de un insumo básico: la energía. Pero, según datos de 2017 de la Encuesta de Presupuestos Familiares, el 22,6% de los hogares no logra cubrir los gastos básicos del hogar, incluyendo los servicios energéticos. El endeudamiento por cuentas eléctricas es, en buena parte, consecuencia de esta excesiva carga de pagos por servicios básicos en relación al ingreso total. Esta situación se agrava debido al aumento del consumo energético producto del confinamiento, el mayor desempleo y la suspensión temporal de contratos debido a la crisis, especialmente entre los más pobres.

Recordemos también que todavía un 10,7% de los hogares no tienen acceso a agua caliente sanitaria. Al menos un 66% de las viviendas actuales fueron construidas antes de la Reglamentación Térmica del 2000, por lo que no se rigen por un estándar mínimo respecto a aislamiento y climatización. Además, en una muestra reciente en 82 viviendas vulnerables de Renca pudimos constatar que 60% de las casas tenían riesgos de electrocución e incendio por sistemas eléctricos fuera de la normativa vigente o por aparatos de calefacción mal mantenidos.

En lo que respecta a salud mental, la pobreza energética (PE) también tiene repercusiones e impactos. Ya en tiempos previos a la cuarentena, se identificaba que en personas mayores la PE conlleva un mayor aislamiento social: para algunos/as el confinamiento es habitual, se quedan siempre en casa, se abrigan más, se acuestan temprano y no invitan otras personas por no tener un lugar cálido para recibir visitas. Por otra parte, era habitual salir de casa para ir a lugares climatizados, como bibliotecas y centros comerciales, rutinas que hoy se ven fuertemente limitadas, intensificándose el riesgo de enfermedades de salud mental por aumento de los niveles de estrés y aislamiento social.

La pobreza energética repercute también en las oportunidades sociales y educativas de las personas: en el acceso a Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), acceso a conexión estable a internet para procesos educativos a distancia y/o teletrabajo, acceso a iluminación en horario nocturno, entre otras formas. Sin duda el uso de TICs suele ser un facilitador para el bienestar de las personas con algún nivel de aislamiento social, ya que se constituye como un espacio de ocio, aprendizaje y conexión con otros/as.

La vulnerabilidad energética se resuelve a través de la erradicación de la pobreza en general y mayores ingresos para el 20% más pobre del país. Consta el esfuerzo estatal en el Programa de Hogar Mejor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que incluye subsidios para el reacondicionamiento térmico de la vivienda, instalación de paneles fotovoltaicos y/o paneles solares térmicos. Y sin duda, la ley de estabilización de tarifas eléctricas promulgada a fines del año pasado ayuda a las familias chilenas.

Pese a los esfuerzos, necesitamos trabajar aún más sistemática, decidida y mancomunadamente para enfrentar la pobreza energética. Una concreta inclusión de criterios de eficiencia energética en el diseño de la vivienda social, programas más masivos dirigidos a un reacondicionamiento térmico de las viviendas e inserción de paneles solares y también programas de regularización de instalación eléctrica y recambio de artefactos eléctricos eficientes. Adicionalmente, se requiere de un trabajo con iniciativas en conjunto entre el sector público, privado, la sociedad civil y la academia, con el fin de abordar esta problemática de forma integral. Un ejemplo de contribución en este sentido es el Programa de Inclusión Energética (PIE), iniciativa que nos encontramos impulsando desde EBP Chile, en alianza con EGEA ONG y la Red de Pobreza Energética. Esta iniciativa busca se basa en la convicción de que se debe enfrentar la pobreza energética con enfoques holísticos, integrando a las familias vulnerables junto a emprendedores locales. Es por esto que actualmente se está articulando el concurso “Desafío Inclusión Energética”, el cual busca apoyar iniciativas innovadoras por parte de MiPyMEs y desarrolladores de proyectos, que permitan reducir la pobreza energética en distintos contextos territoriales del país.

La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 visibiliza una vez más la profunda desigualdad de nuestro país, y la validez de las exigencias sociales por una vida digna, que considere entre otras cosas, el acceso a energía de calidad como una condición necesaria para el desarrollo social y económico de la población, además del bienestar y la salud de las personas. Con la llegada del invierno, se hace más necesario una pieza caliente, una taza de té y unas horas más de luz. Nuestros hijos tienen derecho a recibir una buena educación, la cual en estos momentos también requiere de este insumo básico: la energía.

Nicola Borregaard. Doctora en Economía de Recursos Naturales de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Gerenta de EBP Chile y Directora de Espacio Público.

Reportaje disponible en la tercera

La causalidad no es una casualidad: cuando los eventos son multicausales


Podríamos aventuranos a decir que en algunos grupos la tasa de incidencia de casos confirmados dependerá de la cantidad de PCR. También podríamos decir que en otros grupos, la principal causal de propagación es la irresponsabilidad de quienes no respetan las medidas de prevención como el uso de mascarilla o el distanciamiento social. En otros grupos, la exposición crónica a contaminantes podría conllevar al agravamiento de los cuadros de COVID-19; esto ha sido sugerido por algunos artículos recientemente publicados en poblaciones de Italia y de Estados Unidos, donde la exposición crónica se asoció a mayor letalidad. En gran parte de los países en desarrollo (y también algunos desarrollados), la inequidad, el hacimiento y los determinantes sociales han favorecido el contagio.

La idea de causa que aprendemos cuando somos niños generalmente está asociada a una experiencia práctica que incorpora tiempo. Por ejemplo, si metes los dedos en el enchufe, luego te da la corriente; si no haces las tareas y estudias, luego repruebas el ramo. Podríamos escribir infinitos libros con ejemplos que ilustran que una causa es “algo” que antecede otro “algo”. Y aunque esta premisa parece sencilla, en el área de la Salud la definición de causa es algo mucho más complejo. Y cuando nos preguntamos porqué la incidencia o la letalidad del COVID-19 ha sido tan disímil entre poblaciones que parecían tan semejantes, no es casual que la respuesta nos obligue a revisar el concepto de causalidad.

En la época grecorromana existía la creencia que los dioses enviaban “malos aires” en forma de castigo a los mortales pecadores; estos malos aires o vapores tóxicos, eran conocidos como miasmas y acuñaron la primera teoría sobre causalidad. Los miasmas prevalecieron hasta el siglo XIX, cuando una de las tantas epidemias de cólera vió emerger al padre de la epidemiología John Snow (y no me refiero al personaje de Game of Thrones), y con él una nueva concepción de la causalidad. Snow pensaba que había “algo” en el agua que enfermaba y que no se trataba de vápores tóxicos ni de castigo divino. Aunque muchos no le creyeron debido a la hegemonía de la teoría miasmática, algunos años más tarde Robert Koch aisló la bacteria que causa la tuberculosis y además desarrolló sus propios postulados para referirse a los microorganismos como causa de enfermedad; una nueva era para la causalidad había comenzado. Y si aplicamos la teoría unicausal, diremos que la causa de COVID-19 es un microorganismo; por lo mismo, bastaría con eliminar el virus para terminar con la pandemia. Pero casualmente la unicausalidad no parece ser la respuesta a nuestra crisis.

Considerando la teoría unicausal como el mantra de las enfermedades infectocontagiosas, muchas cosas no encajaban cuando comenzaron a proliferar las enfermedades no transmisibles como el cáncer, el infarto, o la depresión. En el siglo XX, Austin Bradford Hill desarrolló algunos criterios que permiten hacer alusión a la causalidad de eventos no transmisibles. Él había estado dando una batalla contra la industria tabacalera para decir que el tabaco era causa de cáncer de pulmón. Al lograrlo no tan solo consolidó una nueva forma de concebir la causalidad sino que también se convirtió en caballero de la corona inglesa. Las ideas de Sir Bradford Hill no configuran una teoría como los paradigmas anteriores, sino que representan criterios orientados a la construcción del conocimiento causal. Más tarde, Kenneth Rothman complementó estos criterios con sus famosas “causas componentes” ejemplificando la multicausalidad a través de gráficos sectoriales o de torta. En ese sentido, Rothman nos invitó a revisar la multicausalidad de muchos eventos (incluso de las enfermedades infecciosas como el COVID-19), tal como reconocemos que un fósforo puede encender fuego debido a la pólvora, pero es necesario que alguien manipule el fósforo y que haya oxígeno que produzca la combustión.

Judea Pearl, uno de los científicos más reconocidos por su trabajo en el campo de la causalidad, ha llevado las cosas más allá de lo pensado, reconociendo que hay causalidades que incorporan distintos niveles de complejidad y que en ocasiones solo tenemos la capacidad de modelar probabilidades que no están exentas de error; tal como muchas y muchos de nosotres, nos encontramos modelando los datos disponibles sobre COVID-19. En este punto, parece fundamental  declarar que la epidemiología actual reconoce la multicausalidad de eventos de salud en poblaciones, así como el equipo de salud reconoce los eventos de salud en un paciente. Por lo mismo, es importante que en esta crisis aprendamos a diferenciar las causas de la enfermedad en el individuo, de las causas de la tasa de incidencia o de la prevalencia de la enfermedad en un grupo poblacional como una comuna o un país. Entonces la causalidad del COVID-19 en la población, parece ir más allá del virus en el individuo.

Existe certeza que la causa de COVID-19 en un individuo es el virus SARS-CoV-2 (más conocido como coronavirus); sin embargo, no podemos negar que existe una multicausalidad en su propagación a nivel poblacional, y que esta multicausalidad podría variar de grupo en grupo. Podríamos aventuranos a decir que en algunos grupos la tasa de incidencia de casos confirmados dependerá de la cantidad de PCR  (sigla del examen que verifica la presencia del virus en una persona). También podríamos decir que en otros grupos, la principal causal de propagación es la irresponsabilidad de quienes no respetan las medidas de prevención como el uso de mascarilla o el distanciamiento social. En otros grupos, la exposición crónica a contaminantes podría conllevar al agravamiento de los cuadros de COVID-19; esto ha sido sugerido por algunos artículos recientemente publicados en poblaciones de Italia y de Estados Unidos, donde la exposición crónica se asoció a mayor letalidad. En gran parte de los países en desarrollo (y también algunos desarrollados), la inequidad, el hacimiento y los determinantes sociales han favorecido el contagio.

Estamos en un momento crítico de la pandemia y el desenlace más pesimista, la muerte, hoy se sostiene principalmente en dos factores: la capacidad de respuesta de un equipo de salud con recursos limitados (que ha tratado de enmendar la causalidad de otros factores que no fueron reconocidos previamente) y la condición basal de una persona que se ha expuesto a distintas cosas durante su vida (evitables y no evitables). Por lo mismo, la multicausalidad de los eventos poblacionales nos debe convocar a asumir nuestra responsabilidad, es decir, a reconocer que nuestro comportamiento puede ayudar a mejorar o empeorar la situación actual y a no desconocer todas las potenciales causas de la incidencia a nivel poblacional, que no es lo mismo que la causa de COVID en un individuo.

29/08/2018

Macarena Valdés Salgado. Académica Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile. Investigadora Red de Pobreza Energética

columna disponible en el mostrador

Una oportunidad para transformar las (malas) costumbres

La Política Energía 2050 planteó la necesidad de elaborar una definición de Pobreza Energética (PE) para Chile. La Red de Pobreza Energética (RedPE) -donde participan INFOR Los Ríos y UACH, entre otras instituciones y profesionales- establece que un hogar se encuentra en situación de PE
cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus necesidades energéticas, que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus integrantes. Entre estos servicios se encuentra la calefacción, la cocción de alimentos, agua caliente sanitaria, entre otros. Parte de estos desafíos se buscan hoy enfrentar en los pilotos de INNOVA Fosis, en el desafío de Agua Caliente y Calefacción. Mientras en algunas partes del país estamos (mal) acostumbrados a pasar frío, en otras ciudades
el frío al interior de la vivienda se tolera menos, especialmente en la zona centro-sur donde más de un 80% de los hogares utilizan leña para calefacción (CASEN 2017). Y el problema no es solo cómo o con qué calefaccionar el hogar. Una vivienda mal aislada y con infiltraciones no permite
conservar el calor en su interior, lo que implica un mayor consumo de energía para mantener un ambiente confortable, redundando en un importante problema de contaminación atmosférica al que parecemos habernos (mal) acostumbrado. Pese a los esfuerzos, un 43% de las personas que
viven en zonas urbanas del centro-sur del país aún no cuentan con Planes de Descontaminación Atmosférica (CENSO 2017). Bajo el actual contexto de pandemia, parece necesario que re-pensemos las (malas) costumbres
de la contaminación y el frío en el hogar, considerando el aumento en la cantidad de horas que pasamos en casa. La disposición al cambio por parte de las personas no sólo depende de los costos asociados a los combustibles ni del acceso a tecnología, sino también de otros criterios como la
satisfacción de los propios umbrales de confort térmico, difíciles de satisfacer con combustibles distintos a la leña bajo las condiciones actuales. Mejorando nuestras viviendas y educando sobre eficiencia energética podremos transformar estas (malas) costumbres, para disminuir la PE y sus efectos en salud.

Catalina Amigo Jorquera. Coordinadora ejecutiva de la Red de Pobreza Energética, pertenece al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y al Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios NEST.

Columna disponible en Diario Austral

Por qué el futuro de la universidad es interdisciplinario


Producto de una marcada concentración en la formación de las disciplinas, las universidades chilenas no se han preparado para responder ante problemas complejos como el COVID-19 ni proponer caminos para que la sociedad pueda enfrentarlos, sostienen los autores de esta columna. Ven esta crisis como una oportunidad para pensar un nuevo tipo de ciencia, interdisciplinaria, y con énfasis en la formación de profesionales conectados “con los problemas del país”

Gentileza: Ciper Académico.
Autores: Andree Henríquez, Anahí Urquiza, Julio Labraña y Marco Billi 

La pandemia tiene efectos en múltiples áreas. Es un problema de salud pública; y es también un desafío político y jurídico que pone en tensión la necesidad del bienestar general de la población con el sacrificio de algunos derechos fundamentales de la democracia, como es el derecho al libre tránsito frente a la cuarentena. Es un tema económico, si se considera el reto de garantizar el ingreso de las familias y el crecimiento económico sin comprometer el desarrollo sostenible. Desde una mirada más abstracta, la pandemia es, por una parte, tema de las ciencias sociales, ya que requiere de la comprensión acabada de la sociedad para tomar las decisiones públicas que tengan mayores posibilidades de éxito. Y es un tema de las ciencias naturales, cuando existe la urgencia de producir conocimiento sin sacrificar los estándares de rigurosidad de la investigación, como el caso de la búsqueda acelerada de una vacuna sin que sus efectos colaterales sean mayores que sus beneficios.

En este nuevo contexto, se aboga por un rol activo de los/as científicos/as para guiar la toma de decisiones y resolver la emergencia (Sevilla, Nájera & Pérez, 2020). Los especialistas son invitados a conformar mesas de trabajo nacionales e internacionales, los medios de comunicación buscan contar con sus opiniones, se generan documentos de trabajos, webinars, gobiernos aportan financiamientos especiales e incluso las empresas parecen estar dispuestas a dejar su reticencia para contribuir a la investigación. Sin embargo, ¿está la ciencia en condiciones de dar respuesta a las expectativas que plantea la toma de decisiones en el contexto de complejidad que estamos enfrentando?

Abordar esta pregunta requiere, primero, reconocer que los procesos de producción, reproducción y diseminación científica se dan en nuestras sociedades, principalmente, dentro de los marcos institucionales universitarios: instituciones que hasta hace unos pocos meses eran foco de crítica, por asemejarse a una “torre de marfil”, donde sus miembros se concentraban solo en la publicación científica, sin una estrecha vinculación con las necesidades reales de la población; o, desde la vereda opuesta, por haberse convertido en instituciones politizadas, donde la reflexión se subordinaba a intereses políticos.

Si bien el actual contexto ha llevado a una parcial revalorización de las universidades y del conocimiento que en ellas se produce, en buena medida debido a la renovada relevancia que la pandemia ha otorgado a la evidencia científica, tanto en los espacios de toma de decisión como en la opinión pública, justamente esta misma relevancia obliga a repensar en profundidad los desafíos que estas instituciones encuentran al abordar problemas sociales complejos y urgentes como el que estamos viviendo. Desde esta perspectiva, parece evidente que uno de los principales obstáculos a este respecto, reside en la primacía de cierto ‘discurso’ hegemónico en relación con los fines que debiesen perseguir estas instituciones, expresada en el llamado modelo de ‘la universidad de investigación de clase mundial’ (world-class research university).

Dicha idea se origina históricamente en la opción de las instituciones modernas de educación superior por estructurarse, en función de una organización disciplinar del conocimiento que, según Kant (1798/1979), garantizaba su autonomía y libertad frente a los poderes políticos. La fundación de la Universidad de Berlín en 1810, guiada por la concepción humboldtiana de la universidad como espacio de desarrollo de docencia informada por descubrimientos disciplinares (Humboldt, 1810/1956), marcó los orígenes de la expansión de este paradigma a nivel global y el desprestigio de formas de conocimiento que no pudiesen ser entendidos desde un enfoque disciplinar (Hassan, 2003). Si bien, gracias a su influencia y éxito histórico, este paradigma aún atraviesa las funciones y organización de la universidad, desde hace algunas décadas ha ido gradualmente siendo cuestionado, por las dificultades que enfrenta para abordar la complejidad actual.

Cuatro factores pueden explicar esta transformación de la comprensión de la universidad en nuestros días. El primero es la dinámica de las disciplinas científicas que ha conducido a su creciente especialización y, paradójicamente, su alejamiento respecto de un mundo de la vida común, contribuyendo a su desprestigio social (Luhmann, 1996). A continuación, la masificación de la educación superior, expresada en un aumento en el número de estudiantes con características heterogéneas, no siempre pre-socializados en el marco tradicional de las disciplinas científicas, lo que conllevó el reto para las universidades de reconocer la existencia de formas de conocimiento no hegemónicas (Marginson, 2016). En una dirección similar, la centralidad de las nuevas tecnologías extendió el alcance de los descubrimientos disciplinares más allá de las comunidades académicas, resultando en un terreno fértil para su crítica, que se puede ver hoy, por ejemplo, en los gobiernos que mediante una manipulación de la información científica disponible optan por posicionarse directamente en contra del consenso de los investigadores sobre los orígenes y alcances del cambio climático (Barbier, 2015). Finalmente, la emergencia de un discurso que ancla generación y transmisión de conocimiento con desarrollo social y económico—sea en la forma de sociedad del conocimiento, sociedad del información o sociedad postindustrial (Steinbicker, 2011)—redundó en que la superioridad del conocimiento disciplinar per se sea puesta en cuestión, asignando relevancia, en cambio, a su capacidad de ser convertido en un insumo para el proceso de toma de decisiones en áreas no académicas (Maríñez, Labraña & Matus, 2019).

Estos cuatro factores —especialización disciplinar, masificación, digitalización y sociedad del conocimiento— han debilitado las bases de la idea de la superioridad universal del saber dividido en enfoques disciplinares. En este contexto, la actual pandemia, con su demanda por un tratamiento interdisciplinar de los problemas, profundiza una crisis ya presente en las instituciones de educación superior a nivel global: cómo justificar su relevancia ante un escenario en que la mera idea del progreso disciplinar ya no es suficiente desde el punto de vista de su misión (Barnett, 2000; Derrida, 2002; Baecker, 2007).

El sistema chileno de la educación superior no escapa a estos debates. Si bien su desarrollo disciplinar fue tardío en comparación al contexto europeo, hoy posee comunidades académicas consolidadas con crecientes vínculos a nivel internacional (Santelices, 2015). La comprensión de las universidades centrada en el perfeccionamiento de las disciplinas sigue siendo dominante, especialmente entre académicos (carreras académicas, legitimidad de centros de investigación por publicaciones indizadas en Web of Science antes que por su capacidad de resolver problemas en sus territorios, posición en rankings nacionales e internacionales de calidad de las universidades, etc.), pero también entre los tomadores de decisiones en el área (definición de financiamientos, dimensiones de acreditaciones, menor puntaje asignado a la publicación en revistas interdisciplinarias, etc.).

Como resultado de lo anterior, los programas de evaluación de rendimiento docente, las políticas públicas para el financiamiento de la investigación y los sistemas de aseguramiento de la calidad, entre otros órganos responsables de la evolución del sistema, tienden a asignar una importancia central al número de publicaciones en revistas indizadas altamente especializadas, sin mayor atención a la capacidad de las universidades de avanzar en prácticas interdisciplinares y resolver problemas complejos.

Si bien la especialización disciplinar es una necesidad, al menos, para los procesos de formación e investigación científica, el problema radica cuando esta se transforma en un pilar monolítico y panóptico del quehacer completo de las universidades. Este camino ha implicado que la ciencia pierda parte de su capacidad de comprender los problemas en su complejidad y, por lo tanto, proponer caminos de acción para la sociedad en su conjunto.

Por estas razones, retomando la pregunta planteada en un comienzo, se podría afirmar que la ciencia, y las universidades en particular, no están preparadas para entregar respuestas articuladas a la complejidad que nos plantea el COVID 19, debido a un exacerbado enfoque disciplinar sobre el cual se han fundado y desarrollado en los últimos siglos. Pero a la vez esta crisis nos plantea el desafío de comenzar a pensar un nuevo tipo de ciencia donde la interdisciplina y la transdisciplina sean pilares fundamentales de todo el quehacer universitario, con especial relevancia en la formación de profesionales e investigación conectada con los problemas país y de cara a los desafíos que la humanidad presenta para su futuro y existencia en este planeta.

29/08/2018

Andree Henríquez.

Anahí Urquiza.

Julio Labraña.

Marco Billi.

Reportaje disponible en ciperchile.cl

El deber ético del Estado frente a la contaminación


Combatir los problemas de contaminación del aire en Chile es una de las tareas a los que venimos haciendo alusión, en particular, la contaminación en el sur del país producida por la combustión de leña, la cual, requiere particular atención pues conlleva una serie de por atender, observar y mejorar.

“¡Qué traje tan magnífico! ¡Qué bordados tan exquisitos! Hasta que en medio de los elogios se oyó a un niño que dijo: – ¡Pero si está desnudo!” (El traje nuevo del emperador– Hans Christian Andersen). A través de la enseñanza de esta inocente fábula, quisiéramos darle cuerpo a ese clamor que la ciudadanía expresaba, mas no era oída: sólo porque todo el mundo—gobierno y expertos de la inteligencia artificial— crea que algo es verdad, no significa que lo sea; y sí, es la gente y su realidad aquel niño que devela la desnudez del emperador.

No se trata de un alegato contra quienes democráticamente detentan el poder, ni contra aquellos que meritocráticamente desarrollan una disciplina es, por el contrario, un llamado, o más bien un ruego hacia una ética de responsabilidad para con los ciudadanos/as basada en los derechos fundamentales. Y es aquí donde entra la reflexión sobre el aire que estamos respirando y sobre la calidad y el acceso a la calefacción en nuestro país.

De acuerdo con la encuesta nacional de medio ambiente 2018, el principal problema ambiental que afecta a los chilenos y chilenas es la contaminación del aire. Esta es una percepción generalizada a lo largo del país y es especialmente destacable en las regiones de Aysén, La Araucanía y Ñuble. Esta percepción tiene una razón de ser, porque el Cuarto Reporte del Estado del Medio Ambiente del (MMA) indica que en Chile más de nueve millones de personas están expuestas a niveles de contaminación del aire por sobre las normas internacionales. Esto ha provocado miles de muertes prematuras al año en el último tiempo.

Por ello, no resulta concebible en un Estado democrático de derecho, responsable frente a sus ciudadanos y respetuoso de la vida de todos y cada uno de ellos, que siga permitiéndose —bajo premisas económicas o análisis costo/beneficio— la existencia de “umbrales de tolerancia aceptables” o peor aún las llamadas “zonas de sacrificio”. Por el contrario, un Estado, movido por una ética de responsabilidad para con su sociedad, debe a lo menos, obrar bajo premisas de precaución, es decir, que frente a sospechas fundadas de que ciertos productos, tecnologías o eventos que podrían crear un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, debe tomar medidas sin esperar que se cuente con una prueba científica definitiva.

En otras palabras, el Estado debe ser capaz de identificar los efectos potencialmente negativos; evaluar la situación a la luz de los datos científicos disponibles; reconocer el margen de incertidumbre científica que se genera, y finalmente promover y aceptar la participación de todos los interesados.

Combatir los problemas de contaminación del aire en Chile es una de las tareas a los que venimos haciendo alusión, en particular, la contaminación en el sur del país producida por la combustión de leña, la cual, requiere particular atención pues, además de su impacto en el medioambiente, y en la salud de quienes están expuestos, conlleva una serie de por atender, observar y mejorar. La comercialización de leña seca, la informalidad del negocio y las condiciones precarias en las que trabajan muchas personas que cortan y venden este combustible son problemas que se deben abordar de forma sincronizada y efectiva. Hasta aquí ni siquiera hemos hablado de la sostenibilidad del bosque que se asume como renovable. Sin embargo, no hay certeza que se esté manejando de forma sostenible para suministrar toda la leña que se utiliza en Chile para calentar casas o preparar los alimentos.

Es imposible negar que no se hayan realizado esfuerzos por suministrar energía limpia y sostenible, pero si es claro que los esfuerzos no han sido organizados para darle efectividad a la tarea de descontaminar las ciudades del centro-sur en invierno. Una de las opciones para llevar a cabo esta tarea es la promoción del uso de la energía geotérmica, energía limpia y cuyo potencial en nuestro país es abundante. Además es la única energía renovable que funciona independiente del clima y estable durante las 24 horas. Sin embargo, la energía que está bajo nuestros pies, no ha sido prioridad en las políticas públicas.

Estudios y datos científicos son tajantes: en la medida que avance el invierno más aumentan las enfermedades respiratorias, esto dado por el frío y también por la contaminación. Todo parece indicar que la pandemia del coronavirus comenzará a mostrarnos su peor cara en las siguientes semanas invernales y es ahora cuando debemos aprender las lecciones de países que han logrado salir airosos en sus esfuerzos para combatir la crisis sanitaria. Además queda en evidencia que se necesita un plan por parte del gobierno, la participación ciudadana el fortalecimiento de los gobiernos locales, quienes a fin de cuentas son quienes mejores conocen las necesidades inmediatas de la población.

Hoy es el momento de armar una estrategia co-construída y optar por las energías renovables, locales y no contaminantes, es una oportunidad única de fortalecer los instrumentos de gobierno local —como las ordenanzas municipales— no olvidando el debate constituyente que hemos dejado pendiente y con el imperativo de que los chilenos y chilenas respiremos un aire limpio.

CONTAMINACIÓN Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Es conocido el efecto de la contaminación del aire sobre enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cánceres, particularmente en sectores socialmente vulnerables[1]. Existen antecedentes de que la contaminación atmosférica aumenta la tasa de incidencia y mortalidad de las enfermedades respiratorias. En 2002, el síndrome respiratorio agudo causado por un virus genéticamente similar al actual coronavirus tuvo una letalidad promedio cercana al 6,6% en ciudades de China. Recientemente, en la provincia china de Shandong, se estudió la correlación diaria entre contaminantes como material particulado fino (MP2, 5) y grueso (MP10), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2) y la incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo con este estudio, cuando aumenta la concentración diaria de estos contaminantes aumenta también la incidencia de éstas[2].

Actualmente existe evidencia en Estados Unidos[3] e Inglaterra[4] acerca del rol de los contaminantes en la dispersión e incidencia de COVID-19. Tanto el sentido común como el principio precautorio llevan a pensar que, aunque no tengamos certeza absoluta sobre la transmisión aérea del virus, la calidad del aire debería ser un factor relevante por consideraren esta pandemia.

Julián Cortés. Investigador del Programa de Riesgo Sísmico, Universidad de Chile.

Mauricio Muñoz. Investigador del CEGA -Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes

Reportaje disponible en el dinamo

Calidad del aire y COVID-19: ¿cómo enfrentar la emergencia sanitaria en un contexto de pobreza de energía?


Gran parte de las familias chilenas no logra satisfacer sus necesidades energéticas con los ingresos que percibe, razón por la cual la pobreza de energía es uno de los elementos relevantes en el análisis. La leña es relativamente barata, en especial cuando se compara con otros combustibles y, como ningún otro, tiene la gran ventaja de que puede ser recolectada, lo que permite transformar tiempo en dinero. Como consecuencia, prohibir la leña resultaría en una menor temperatura dentro de la vivienda y en un aumento de la humedad relativa. Al respecto, diversos estudios señalan que pasar largos periodos en viviendas frías y húmedas es negativo para la salud física y mental de las personas y aumenta la vulnerabilidad del sistema respiratorio, por lo que el efecto de COVID-19 podría agudizarse.

Diversos artículos muestran que la contaminación atmosférica contribuye a la dispersión de COVID-19, lo que sería complejo para las ciudades del centro y sur de Chile, cuya calefacción depende del uso de leña. Esto ha alimentado el debate en torno a la idea de prohibir el consumo de este combustible en ciudades que han sido declaradas zonas saturadas por material particulado fino (MP2,5).

Si bien la combustión residencial de leña es la principal fuente de MP2,5, es necesario hacer un análisis más amplio que considere todos los factores que están en juego y que en conjunto determinan los altos niveles de contaminación atmosférica.

Gran parte de las familias chilenas no logra satisfacer sus necesidades energéticas con los ingresos que percibe, razón por la cual la pobreza de energía es uno de los elementos relevantes en el análisis. La leña es relativamente barata, en especial cuando se compara con otros combustibles y, como ningún otro, tiene la gran ventaja de que puede ser recolectada, lo que permite transformar tiempo en dinero. Como consecuencia, prohibir la leña resultaría en una menor temperatura dentro de la vivienda y en un aumento de la humedad relativa. Al respecto, diversos estudios señalan que pasar largos periodos en viviendas frías y húmedas es negativo para la salud física y mental de las personas y aumenta la vulnerabilidad del sistema respiratorio, por lo que el efecto de COVID-19 podría agudizarse.

Las viviendas mal aisladas constituyen otro de los factores incidentes. La normativa térmica chilena comenzó a implementarse el 2007, lo que implica que el 80% de las viviendas existentes en Chile, que fueron construidas con anterioridad a la norma, tienen muy mala aislación térmica. Esto resulta en un despilfarro de energía, dinero y un aumento innecesario de la contaminación, por cuanto la ineficiencia de las viviendas tiene como consecuencia que los hogares requieran grandes cantidades de combustible para alcanzar una temperatura de confort.

Además, la escasa “masa térmica” de las estufas a leña, es decir, la poca capacidad de este tipo de calefactores para acumular calor en su estructura sin necesidad de estar encendidos, implica tener que hacerlos funcionar con el tiraje cerrado o casi cerrado, lo que aumenta hasta en 10 veces la emisión de MP2,5. Los actuales calefactores a leña son una “trampa tecnológica”, en la medida que generan beneficios hacia el interior de la vivienda, pero enormes costos hacia el exterior, como una alta contaminación.

Nos enfrentamos entonces a un dilema: prohibir la leña con el fin de reducir la contaminación atmosférica, lo que va a empeorar las condiciones de confort térmico al interior de las viviendas, o pensar en una estrategia distinta que ataque las causas del problema y no el síntoma.

En el corto plazo, cobra especial relevancia entregar información que promueva el uso adecuado de viviendas y calefactores (evitar el cierre del tiraje y consumir leña seca); implementar mejoras de bajo costo con respecto a la hermeticidad y el desempeño térmico de las viviendas; promover el reemplazo de calefactores a leña en sectores de ingresos medios y altos, por calefactores de pellets u otros; y acelerar los programas de reacondicionamiento térmico de viviendas en sectores más vulnerables, lo que sería una buena manera de reducir la exposición de las personas al frío y los contaminantes.

En el mediano plazo, es importante que Chile avance en una agenda que permita mejorar la aislación térmica de las viviendas, a partir de una estrategia integral que aborde aspectos de financiamiento, capacidades técnicas de empresas y profesionales, y la concientización de los usuarios. Los beneficios de una iniciativa como esta han sido ampliamente estudiados y documentados, pero requieren coordinación y voluntad política.

Claramente, un problema complejo como este, que tiene componentes culturales, económicos, ambientales y tecnológicos, tiene que ser enfrentado multisectorialmente, con una visión holística de sus causas y consecuencias. Abordar la emergencia sanitaria a partir de prohibiciones, puede llevar a soluciones que terminen por enfrentar el síntoma y no la enfermedad.

René Reyes.

Alejandra Shueftan.

Reportaje disponible en el mostrador

Reconociendo el principio precautorio: cuando la ciencia no es suficiente


Teniendo en cuenta el principio precautorio, sería preciso complementar las medidas de cuarentena y aislamiento con medidas ambientales a corto plazo —como el monitoreo de la calidad del aire y la vigilancia del cumplimiento de la norma—, y a mediano y largo plazo —como la transición a una matriz energética coherente con el escenario actual. Es posible que la evidencia sobre la transmisión aérea del virus demore en construirse; no obstante, ya sabemos que la contaminación del aire aumenta las enfermedades y muertes por causas respiratorias, cardiovasculares y cánceres, afectando particularmente a personas que experimentan algún tipo de vulnerabilidad como enfermedades basales o condiciones sociales desventajadas, y que incrementa la incidencia de infecciones del tipo influenza, es decir, de cuadros similares al COVID19.

Gentileza: Ciper Académico.
Autores:  Felipe Encinas, Ricardo Truffello,
Anahí Urquiza y Macarena Valdés

15 de Mayo de 2020 en ciperchile.cl disponible aquí

Hace un par de décadas surgió la controversia sobre el riesgo que el bisfenol A —una sustancia química conocida como BPA— implicaba para la salud. Esta sustancia es ampliamente utilizada en la producción de plásticos y resinas, y comenzó a usarse en la fabricación de chupetes y accesorios para niñas y niños. En estudios toxicológicos realizados en condiciones controladas con animales de laboratorio, este compuesto fue caracterizado como un disruptor endocrino, es decir, una sustancia que afecta el metabolismo de diversas hormonas y con ello el neurodesarrollo, la inmunidad y la potencial aparición de cánceres. Sin embargo, en estudios epidemiológicos realizados en grupos poblacionales de seres humanos, la evidencia causal sobre la relación entre BPA y los efectos anteriormente mencionados no resultaba concluyente, lo que significa que estos estudios no generaban la misma evidencia que la obtenida en el laboratorio. La incertidumbre sobre el riesgo que representaba el BPA para la salud de niñas y niños instó a varios países a prohibir su uso en la elaboración de accesorios infantiles, mientras que otros han esperado a que la evidencia sea concluyente.

¿Qué sucede cuando la evidencia científica no es una receta de cocina que aplicamos y que nos entrega siempre el mismo resultado? Hay muchos ejemplos en salud ambiental en que la evidencia epidemiológica no es concluyente, tal como sucedió con el BPA, y que hacen que la toma de decisiones requiera de un enfoque basado en la salud pública. Situaciones como la del BPA nos permiten reconocer el principio precautorio como un enfoque que responde a la incertidumbre con medidas preventivas que permiten reducir los potenciales efectos negativos en la población; por lo mismo, este principio nos motiva a interpretar la falta de evidencia como riesgo y no como falta de causalidad. Teniendo en cuenta esta premisa, parece necesario reflexionar sobre cuál será nuestra postura como país para enfrentar eventos agudos como la actual pandemia del coronavirus, o estados más crónicos, como la crisis de inequidad que ha progresado en las últimas décadas.

Bajo el escenario actual de la pandemia por COVID19 —la enfermedad producida por el coronavirus— y el rápido aumento de la incidencia en regiones como la Metropolitana y la región de Magallanes, es pertinente tener una postura precautoria respecto del rol que jugará la contaminación del aire en indicadores sanitarios como la incidencia o la letalidad. En las últimas semanas, la calidad del aire ha sido buena en algunas ciudades, sin embargo, las bajas temperaturas experimentadas en las ciudades del sur de país, implicarán una mayor demanda energética y con ello mayor contaminación atmosférica, y en algunos casos, mayor contaminación intradomiciliaria. En efecto, si revisamos los datos de las estaciones de monitoreo del aire —pertenecientes al Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, SINCA—en ciudades como Osorno, Puerto Montt y Coyhaique ya se indica alerta y preemergencia ambiental.

Teniendo en cuenta el principio precautorio, sería preciso complementar las medidas de cuarentena y aislamiento con medidas ambientales a corto plazo —como el monitoreo de la calidad del aire y la vigilancia del cumplimiento de la norma—, y a mediano y largo plazo —como la transición a una matriz energética coherente con el escenario actual. Es posible que la evidencia sobre la transmisión aérea del virus demore en construirse; no obstante, ya sabemos que la contaminación del aire aumenta las enfermedades y muertes por causas respiratorias, cardiovasculares y cánceres, afectando particularmente a personas que experimentan algún tipo de vulnerabilidad como enfermedades basales o condiciones sociales desventajadas, y que incrementa la incidencia de infecciones del tipo influenza, es decir, de cuadros similares al COVID19.

Aunque las redes sociales y los medios de comunicación han destacado que medidas como la cuarentena están teniendo un efecto positivo en la calidad del aire, es también cierto que este efecto es temporal y probablemente no significativo. Por lo mismo, esta pandemia representa un desafío que aviva la fantasía que todas y todos tengamos acceso a salud, es decir, que la protección del bienestar físico, mental y social, y no tan solo la ausencia de enfermedad, sea un derecho indiscutible para todos lo miembros de nuestra sociedad. Para que esta fantasía se haga realidad y podamos superar la crisis de manera equitativa, se hace necesario establecer la idea que el principio precautorio no sea tan solo un enfoque basado en una postura filosófica, sino que sea uno de los principios fundamentales del nuevo pacto social que es requerido para solucionar los problemas crónicos que acarreamos del pasado y para enfrentar de mejor forma los desafíos actuales y futuros que la era del antropoceno trae consigo.

Macarena Valdés S. Doctora en Salud Pública. Investigadora Red de Pobreza Energética. Profesora asistente de la Escuela de Salud Pública e investigadora postdoctoral de Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2. Amante del esquí y el boulder.

Reportaje disponible en El mostrador

COVID-19, pobreza energética y contaminación: redefiniendo la vulnerabilidad en el centro-sur de Chile


A través del análisis de cómo los hogares se calefaccionan en el centro-sur de Chile los autores y autoras de esta columna muestran una dimensión no considerada del COVID-19: allí donde se recurre masivamente a la leña en invierno y las viviendas tienen mala aislación, el virus contará con condiciones muy favorables. Trabajando con Valdivia como caso de estudio, y usando el concepto de “pobreza energética”, muestran que el 25% de los hogares de menores ingresos tiene que recurrir a sistemas de calefacción contaminantes o definitivamente pasar frío. La columna advierte que el consumo de leña es también elevado en los sectores de altos ingresos. Sugieren políticas urgentes y de mediano plazo de modo de mejorar la aislación de las viviendas y el uso de energías limpias y sostenibles.

Gentileza: Ciper Académico.
Autores:  Felipe Encinas, Ricardo Truffello,
Anahí Urquiza y Macarena Valdés

15 de Mayo de 2020 en ciperchile.cl disponible aquí

Las ciudades del centro-sur de nuestro país han estado entre las más contaminadas del mundo en varias ocasiones, superando urbes norteamericanas y europeas, y con niveles similares a los reportados en algunas ciudades chinas. Teniendo en cuenta la pandemia del SARS-CoV-2, es clave analizar la importancia que tendrá la calidad del aire en cuanto a la morbilidad y mortalidad que afectará a las ciudades del país, especialmente en el centro-sur.

Si bien las medidas de cuarentena en otros países y en ciudades como Santiago han disminuido la contaminación atmosférica, que en general se asocia al transporte y la actividad de las industrias, en las ciudades del centro-sur de Chile podría ocurrir lo contrario, debido a que una mayor permanencia y uso de la vivienda durante el invierno va a implicar un mayor uso de los calefactores a leña, lo que se podría traducir en un aumento del material particulado fino.

En este contexto, resulta urgente mitigar la demanda sanitaria a través de acciones dirigidas a mantener la calidad de aire. En busca de antecedentes que permitan adoptar medidas, este artículo aborda el caso de la ciudad de Valdivia desde el concepto de pobreza energética. Valdivia es la capital de la Región de Los Ríos, y presenta un uso intensivo de leña para calefacción.

CONTAMINACIÓN Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Es conocido el efecto de la contaminación del aire sobre enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cánceres, particularmente en sectores socialmente vulnerables[1]. Existen antecedentes de que la contaminación atmosférica aumenta la tasa de incidencia y mortalidad de las enfermedades respiratorias. En 2002, el síndrome respiratorio agudo causado por un virus genéticamente similar al actual coronavirus tuvo una letalidad promedio cercana al 6,6% en ciudades de China. Recientemente, en la provincia china de Shandong, se estudió la correlación diaria entre contaminantes como material particulado fino (MP2, 5) y grueso (MP10), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2) y la incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo con este estudio, cuando aumenta la concentración diaria de estos contaminantes aumenta también la incidencia de éstas[2].

Actualmente existe evidencia en Estados Unidos[3] e Inglaterra[4] acerca del rol de los contaminantes en la dispersión e incidencia de COVID-19. Tanto el sentido común como el principio precautorio llevan a pensar que, aunque no tengamos certeza absoluta sobre la transmisión aérea del virus, la calidad del aire debería ser un factor relevante por consideraren esta pandemia.

LA POBREZA ENERGÉTICA COMO BASE DEL PROBLEMA

La contaminación atmosférica generada a partir del uso de leña requiere un abordaje integrado para entender las condiciones que favorecen su uso intensivo, y las causas que han impedido lograr controlarla. El concepto de pobreza energética posibilita comprender mejor el uso de leña como combustible, considerando su asequibilidad (precio relativo en comparación a otras fuentes de energía), su accesibilidad (posibilidad de autoabastecerse a través de recolección) y su capacidad calorífica. Este último aspecto es muy relevante en un contexto ambiental caracterizado por el frío y la humedad.

La pobreza energética, considerada como una forma de privación distinta de la pobreza de ingresos, y que releva las dificultades de acceso a energía de calidad[5], ha sido asociada a tres causas principales: bajos niveles de ingresos, altos costos de energía y bajos niveles de eficiencia energética residencial[6]. En ciudades como Talca, Chillán, Temuco, Valdivia y Osorno estos tres aspectos aparecen con extraordinaria claridad: la alta demanda de leña para calefacción es consecuencia directa de la ineficiencia térmica de las viviendas, luego, las familias deben destinar un alto porcentaje de sus ingresos a calefacción (no pudiendo acceder a alternativas menos contaminantes) y quedando expuestos a condiciones intradomicilarias deficientes en términos de temperatura, humedad y calidad del aire.

La precariedad del ambiente intradomiciliario, que afecta a gran parte de la población del centro-sur de Chile, tiene consecuencias negativas para la salud física y mental de las personas, y aumenta su vulnerabilidad frente a enfermedades que atacan al sistema respiratorio.

Dado que este es un problema complejo, su abordaje requiere de una mirada interdisciplinaria y multisectorial, que vaya más allá de prohibir lo que parece ser la causa del problema, combinando estrategias de corto, mediano y largo plazo. Identificar los factores que inciden en la precariedad del ambiente intradomiciliario es clave para enfrentar esta emergencia y focalizar acciones para proteger a los grupos más vulnerables.

A continuación, abordaremos la problemática que vincula la contaminación del aire con COVID-19, desde la pobreza energética, tomando Valdivia como caso de estudio. Esto nos permitiría redefinir la vulnerabilidad en el contexto de la pandemia con fuertes implicancias urbanas, ambientales y sociales.

VALDIVIA COMO CASO DE ESTUDIO

Estudios recientes del Instituto Forestal muestran que la concentración de material particulado fino al interior de las viviendas es significativa (25 μg/m3, promedio 24 horas), aunque mucho menor al registrado al exterior de la vivienda (56 μg/m3, promedio 24 horas)[7]. De todas maneras, ese nivel de material particulado fino dentro de la vivienda puede ser suficientemente alto para generar daños en la salud de las personas si se mantiene por periodos prolongados[8],[9].

Por otra parte, el 25% de las familias están sometidas a un estrés económico agudo y permanente, en el cual el abastecimiento de energía es secundario ante las dificultades que tienen para alimentarse, vestirse, transportarse, y acceder a educación y salud. En los hogares más vulnerables se observan estrategias alternativas para el abastecimiento de energía, como la recolección de leña en el interior o en torno a la ciudad, la quema de desechos (como madera de desecho, cartón, plásticos o ropa en desuso), la existencia de conexiones eléctricas ilegales, o simplemente una mayor tolerancia a condiciones ambientales desfavorables dentro del hogar. Considerando sólo los meses de invierno, el 60% de los hogares de Valdivia podrían estar en un estado de pobreza energética (en su definición más tradicional), ya que utilizan más del 10% de sus ingresos para satisfacer necesidades de energía.

La Figura 1 muestra la distribución del consumo de leña por hectárea en Valdivia. Las áreas de color rojo oscuro representan alto consumo de leña y tienden a concentrarse en las poblaciones Altos de Mahuiza, Pablo Neruda, Yáñez-Zabala, y los Ediles hacia el sur, en el sector conocido como CORVI hacia el este, y en torno al Parque Kramer (centro del polígono urbano), que es justamente donde se encuentra la estación de monitoreo de la calidad del aire de la ciudad. Un menor consumo de leña se observa en Isla Teja, el sector de Collico, y en general, en torno a los ríos que cruzan Valdivia. Esto quiere decir que la contaminación atmosférica no afecta a todos por igual, concentrándose en ciertas áreas.

La Figura 2 muestra áreas de la ciudad donde existe una mayor concentración de adultos mayores (vulnerabilidad a COVID-19), los que tienden a agruparse hacia el sur y sureste de la ciudad (poblaciones Altos de Mahuiza, Los Ediles, Pablo Neruda, Yáñez-Zabala, Picarte 4000, Rubén Darío y CORVI, entre otras).

La vulnerabilidad de las personas a la contaminación atmosférica, y por extensión a COVID-19, también varía en los distintos sectores.

Una tendencia similar se observa en la Figura 3, que muestra zonas donde existe una mayor concentración de familias pertenecientes a los primeros tres deciles de ingreso, es decir, familias con una mayor vulnerabilidad económica y social, lo cual es coincidente con la precariedad de la vivienda (se define como vivienda irrecuperable todas aquellas no susceptibles de arreglar debido a que se encuentran construidas en base a material de desecho o muy precario – definición Ministerio de Desarrollo Social) (Figura 4). El estado de la vivienda es probablemente uno de los factores más relevantes en este análisis, en términos del impacto potencial que el frío, la humedad y la contaminación atmosférica puedan tener en la salud de las personas que las habitan y, por tanto, debería ser uno de los ejes para abordar el problema a mediano plazo.

Al superponer las figuras, se observa que hay zonas de la ciudad que tienen un alto consumo de leña, como Villa del Rey, Parque Kramer y Bosque Sur, entre otros, que pertenecen a estratos sociales medios y medio-altos, donde sería posible avanzar hacia el reemplazo de estufas a leña por otras tecnologías, sin necesidad de subsidios o al menos sin que el Estado haga un esfuerzo significativo.

Al mismo tiempo, existen otras áreas que, si bien tienen una alta concentración de familias en los tres primeros deciles de ingreso, no están en las zonas más críticas en términos de contaminación atmosférica y vulnerabilidad socioambiental. En consecuencia, el esfuerzo público debería focalizarse en aquellos barrios donde el impacto social se maximiza, como las poblaciones que se ubican hacia el sur y sureste de la ciudad. En especial, aquellos donde el estado de las viviendas y la presencia de adultos mayores es más crítico: Altos de Mahuiza, Pablo Neruda y Yáñez-Zabala, por mencionar algunos.

A partir del consumo de leña se estableció un cálculo del estadístico LISA[10] que permite ver el grado de aglomeración de dicho consumo, es decir cuales con las manzanas que tiene un alto consumo por persona, rodeadas de manzanas similares (high–high Clúster, en rojo) y aquellas zonas en donde el comportamiento es más de enclave (high–low Outliers, en rosado), es decir manzanas de alto consumo rodeadas de manzanas de consumo bajo.

En tal sentido destaca la aglomeración alto consumo de la parte sur de la ciudad de Valdivia sumado al alto consumo del sector de Barrios Bajos (sectores de ingresos medios a altos); de esta forma se produce un equilibrio entre el alto consumo de las clases más alta (no aglomerado por menor densidad, pero si auto segregado[11]– ver Figura 1) y el alto consumo de los sectores más vulnerables del sur de la ciudad de Valdivia, que en este caso se aglomera espacialmente (ver Figura 5) producto de la mayor densidad de población asociado al menor tamaño de las viviendas y sitios.

REDEFINIENDO LA VULNERABILIDAD EN EL CENTRO-SUR DE CHILE

La información que hoy tenemos sobre pobreza energética asociada a uso de leña es limitada. Sin embargo, lo que está disponible es suficiente para indicar que un porcentaje muy importante de los habitantes del centro-sur de nuestro país está sometido a condiciones desfavorables de acceso a la energía para lograr confort térmico en sus hogares. Como consecuencia, la población enfrenta una carga económica importante asociada a la compra de energía para calefacción, llevándola a preferir combustibles de mala calidad, pero a precio asequible, con múltiples consecuencias para la salud[12].

En un contexto de pandemia como el que se enfrentará este invierno, la situación no solo será dramática por las deficientes condiciones de contaminación y sobrecarga de los servicios de salud por enfermedades respiratorias, sino que además se profundizará por las condiciones específicas que impone el COVID-19, tales como el aislamiento y distanciamiento social.

La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales que aqueja a nuestro país, sin duda es momento de enfrentarlo de otra manera. Es evidente la necesidad de mejorar las condiciones de aislación térmica de las viviendas, el acceso a fuentes energéticas de mejor calidad y la protección de la población vulnerable a partir del refuerzo del sistema de salud.

Tendremos que implementar medidas de urgencia, pero también acompañarlas de medidas más estructurales de mediano y largo plazo. En este sentido, se ha avanzado con la implementación de Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) en las grandes ciudades de la zona centro-sur de país, pero se requiere ampliar estas estrategias a otras ciudades de menor tamaño. El mejoramiento de las viviendas para la reducción del consumo energético, la transición hacia energías limpias y sostenibles, y el mejoramiento del acceso a confort térmico son elementos clave para avanzar en los desafíos de desarrollo sustentable del siglo XXI.

Reportaje disponible en ciperchile.cl

NOTAS Y REFERENCIAS

[1]Mannucci, P., &Franchini, M. (2017). Health Effects of Ambient Air Pollution in Developing Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(9), 1048. Disponible aquí.
[2] Su, W., Wu, X., Geng, X., Zhao, X., Liu, Q., & Liu, T. (2019). The short-term effects of air pollutants on influenza-like illness in Jinan, China. BMC Public Health, 19(1), 1–12. Disponible aquí.
[3] Wu, X. et al. Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States: A nationwide cross-sectional study. (2020). MedRxiv. Disponible aquí.
[4] Travaglio, M., Yu, Y., Popovic, R., Santos Leal, N., & Martins, L. M. (2020). Links between air pollution and COVID-19 in England. MedRxiv. Disponible aquí.
[5] Urquiza, Amigo, Billi, Calvo, Labraña, Oyarzún, Valencia (2019). Quality as a hidden dimension of energy poverty in middle-development countries. Literature review and case study from Chile.  Energy and Buildings 204. Disponible aquí.
[6] Boardman, B. (2010). Fixing Fuel Poverty: Challenges and Solutions. London: Earthscan.
[7] Reyes, R., Schueftan, A., Ruiz, C., & González, A. (2019). Controlling air pollution in a context of high energy poverty levels in southern Chile: Clean air but colder houses? Energy Policy, 124, 301-311.
[8] Bernstein, J.A., Alexis, N., Bacchus, H., Bernstein, L., Fritz, P., Horner, E., Li, N., Mason, S., Nel, A., Oullette, J., Reijula, K., Reponen, T., Seltzer, J., Smith, A., &Tarlo, S.M. (2008). The health effects of nonindustrial indoor air pollution. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, 121(3), 585-591.
[9]WHO. (2005). Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide Global update 2005. Summary of risk assessment. World Health Organization. Disponible aquí.
[10] Anselin, L. (2010). Local Indicators of Spatial Association-LISA. Geographical Analysis, 27(2), 93–115. Disponible aquí. El indicador calcula el Z-Score (observación – promedio/ desviación estándar) en función de una matriz de pesos espaciales (w) que para este caso particular está modelada en 1600 metros. Con eso el algoritmo determina 5 tipologías: las no significativas, que no pasaron el valor p=0.95, que son las manzanas no pintadas; las HH que son manzanas de alto consumo de leña anual rodeadas de manzanas de igual tipo; HL que son outliers, en este caso enclaves de alto consumo rodeados de bajo; LL bajo consumo rodeado de bajo y LH outliers de bajo consumo rodeados de alto.
[11]Sabatini, F., Cáceres, G., & Cerda, J. (2001). Segregación residencial en las principales ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción. EURE, 27(82), 21–42. Disponible aquí.
[12]Red de Pobreza Energética (2019). Pobreza Energética. El acceso desigual a energía de calidad como barrera para el desarrollo en Chile. Policy Paper. Disponible aquí.

Desigualdad de género y medio ambiente, oportunidad de transformación

La humanidad enfrenta hoy una grave crisis climática que demanda la urgencia de modificar nuestra relación con el medio ambiente, así como también la de reducir las desigualdades socio-estructurales, pues son dos caras de una misma moneda.

La idea de explotar constantemente a otros seres vivos con la finalidad de cubrir necesidades infinitas, sostiene un modelo económico inviable y una sociedad profundamente injusta.

Hoy día el modelo capitalista movilizado por el consumo material, que cuenta con recursos limitados en mercados globalizados, está siendo tensionado, cuestionando las estructuras que lo mantienen, poniéndose en contradicción con los propios derechos enarbolados por su éxito.

Los asuntos ambientales en general – y especialmente el cambio climático – son problemas de desigualdad: decisiones pensadas y tomadas en función del beneficio de algunas personas, generan consecuencias que profundizan las vulnerabilidades de otras. En ese contexto, las mujeres y disidencias quedan en una posición de evidente desventaja como resultado de los roles de género que históricamente se les han atribuido.

Tradicionalmente las mujeres y cuerpos feminizados han sido encargadas de las tareas de cuidado de los hogares, incluyendo la crianza, el cuidado de personas enfermas, de las personas mayores, el abastecimiento de alimentos, agua, energía y necesidades importantes como actividades de higiene, educación, entre muchas otras, según el contexto cultural donde nos encontremos.

Paralelamente, las decisiones políticas y económicas han estado en manos masculinas, donde el modelo económico se ha desarrollado, en base al sometimiento y extractivismo de territorios y de sus habitantes, sostenido en la producción de “recursos naturales” necesarios para el estilo de vida de ciertos grupos de personas en diferentes rincones del planeta.

Para reflexionar sobre este tema es posible pensar en dos niveles: la mayor vulnerabilidad de las mujeres y la menor posibilidad de incidir en las transformaciones públicas que se requieren.

Miremos algunos datos para hacernos una idea. Según la encuesta CASEN 2017, en vulnerabilidad debemos considerar la feminización de la pobreza, donde el 20% de las mujeres están en situación de pobreza multidimensional, pero además al mirar que el 22% de las familias en campamentos son monoparentales, el 96% de ellas tienen jefaturas femeninas (Techo-Chile, 2015).

Por otro lado, las mujeres ocupan en promedio el doble del tiempo en tareas domésticas, incluyendo a las que tienen trabajo remunerado además del doméstico (ENUT, 2015), siendo las principales afectadas si estas horas se amplían por problemas climáticos (limitaciones de recursos, eventos extremos, etc.). Este fenómeno es especialmente evidente cuando hablamos de Pobreza Energética.

Paradójicamente son las mujeres quienes declaran mayor preocupación y se sienten más responsables cuando hablamos de cambio climático, tanto del problema como de involucrarse en la solución (cerca de 10% de diferencia) (Statknows, 2019).

Sin embargo, la participación en cargos políticos solo se ha logrado acercar al 20% (SERVEL, 2018). En el sector privado la situación no es mejor, ya que en Chile solo el 13% de los principales cargos directivos de empresas son mujeres (Imad, 2017). Claramente, aún hoy día las mujeres están en una importante minoría cuando se toman decisiones políticas y económicas.

En este contexto podemos visualizar una gran oportunidad; tenemos la obligación de transformar nuestras estructuras económicas para hacer viable nuestra vida en el planeta y al mismo tiempo necesitamos transitar hacia un modelo que logre incorporar y valorizar el cuidado de otras personas y otros seres vivos, como la base de las decisiones políticas y económicas.

Más mujeres en los círculos de toma de decisiones nos permitirían avanzar en mostrar este escenario, estas visiones más colectivas, donde el cuidado de las nuevas generaciones sea la base de las expectativas de desarrollo.

¿Qué es lo humano?, ¿lo racional?, ¿la capacidad de pensar o de decidir para lograr beneficios individuales? Ninguna de las anteriores, es el lenguaje y pensamiento simbólico que existe para cuidar de otras personas, es decir, la capacidad de vivir colectivamente a través del sentido. Sin embargo, cuando la lógica reduccionista se apodera de nuestras estructuras, nos impide incorporar visiones más integrales que consideren un horizonte temporal más amplio, más inclusivo socialmente, y donde la sociedad asuma que no existe sin el entorno que la sostiene.

Colaboración y respeto. Más mujeres en las decisiones, más hombres en tareas de cuidado y más espacio para quienes no se adscriben a las definiciones binarias. Solo personas, donde los roles se compartan, las visiones se complementen y el futuro se construya de forma colectiva.

Cuando vemos a millones marchando por las calles, nos damos cuenta de que hoy tenemos una gran oportunidad, quizás una de las últimas. No la dejemos ir.

 

Anahí Urquiza. Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR)2 y Coordinadora de la Red de Pobreza Energética.

Columna disponible en Cooperativa.cl

Crisis social, gobernanza y democracia: la necesidad de nuevas formas de gobernar lo común

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas”. Así, recordando a Mario Benedetti, hoy esta frase bien puede simbolizar la perplejidad de las instituciones políticas chilenas respecto de las demandas ciudadanas y la insensibilidad y represión con las cuales el gobierno fracasaba en contener una crisis que él mismo había radicalizado con sus propias acciones.

La incapacidad del ejecutivo de entender las raíces y el despliegue de esta crisis es indicador de la profunda ceguera que tiene sobre el Chile de los últimos años. No es que el estallido social haya de pronto cambiado las preguntas: las preguntas, demandas y tensiones que hoy se manifiestan en las calles no son nuevas. ¡No son 30 pesos, son 30 años!

Solo podremos entender a cabalidad esta crisis si nos quitamos lentes con los que solíamos mirar el mundo; si nos esforzamos en enfocar los puntos ciegos ínsitos en los conceptos, instituciones y prácticas desde las cuales hasta ahora hemos comprendido lo que nos rodea.

En efecto, no es sólo el ejecutivo quien ha quedado ciego: Chile no despertó solo porque salió de la inercia y salió a las calles, sino porque abrió los ojos de una manera distinta. Dejó de creer en lo que siempre había creído y vio las múltiples posibilidades que dicha creencia había escondido.

La historia tiene múltiples bifurcaciones, momentos de duda, olvido, silencios y actores emergentes. No existen principios y reglas que nos puedan guiar como verdades absolutas. Si tomamos conciencia de ello, y comprendemos que tanto el Estado como su forma de gobernar no son más una construcción inscrita en el tiempo y el espacio, podemos permitirnos confrontarlos con la realidad social.

En razón de lo anterior, debemos abandonar las posiciones binarias que tradicionalmente han condicionado nuestra estructura de pensamiento, abrirnos a la comparación de modelos y pensamientos y ser los agentes de las transformaciones.

Las ‘respuestas’ que Chile creía finalmente tener pueden resumirse en una serie de preceptos de fe: fe en el ‘milagro chileno’ como ejemplo de éxito de un modelo neoliberal de manejo económico y social; fe en la capacidad del libre mercado de impulsar el crecimiento de la economía, y en el carácter ilimitado de los recursos naturales en los que aquel se funda; fe en que los beneficios producidos por este crecimiento terminarán recayendo sobre todos los chilenos, y fe en la igualdad de oportunidad de todos los chilenos para tomar parte de estos beneficios ‘si sólo se empeñan lo suficiente’.

Hoy, esta crisis -y las muchas otras análogas que se han estado desatando en las cuatro esquinas del planeta- nos sugieren que esta fe puede estar mal puesta. Ha quedado claro, en primer lugar, que no existe garantía -más bien el contrario- que el crecimiento económico conlleve en automático (como por una ‘mano invisible’) mayor bienestar y posibilidades de desarrollo para las personas. Las desigualdades producen más desigualdades; la pobreza no se mide sólo en dinero, sino que también se observa en la incapacidad de contar con suficiente agua limpia para tomar, con energía de calidad para calefaccionar el hogar; en ver a la comunidad transformada en una ‘zona de sacrificio’ para promover los intereses de quienes no viven en ella. Es ya evidente que no hay esfuerzo que baste para salir de esta pobreza cuando las oportunidades se abren solo para algunos. El tiempo no sana las heridas históricas, sino les echa sal, y las hace cada vez más profundas.

No podemos esperar avanzar sin explorar nuevas formas de gobernanza, menos cuando vivimos en un mundo cada vez más complejo, globalmente interconectado, y medio ambientalmente frágil, como nos han mostrado los desafíos crecientes del cambio climático y la degradación ecológica. Los desafíos que nos depara el siglo XXI son radicalmente diversos y no debemos responder con la misma lógica e institucionalidad que antaño. La clásica oposición dual entre Estado y mercado nos ha mostrado dramáticamente sus lados más oscuros, y la gobernanza tal como la conocemos en la actualidad —centrada en encontrar un balance entre Estado y mercado— se ve fracturada por todas partes y está claramente desfasada con respecto a los desafíos y la sociedad actual.

Una luz de esperanza: desde hace más de dos décadas, han surgido alternativas que nos exhortan a salir de esta dualidad, a explorar una ‘tercera vía’ entre Estado y mercado. Entre ella, sin duda la más llamativa es la ‘gobernanza policéntrica acuñada por el Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom: la noción que, dadas las condiciones institucionales adecuadas, comunidades humanas a todas las escalas – hogares, barrios, pueblos, cuencas, grupos étnicos – pueden encontrar su forma de autogestión, promoviendo a la vez bienestar colectivo, justicia social y armonía con el medio ambiente. Surge de ahí una propuesta concreta respecto al gobierno desde lo común, fundada sobre el respeto, la autonomía de los ciudadanos y de los grupos en los que espontáneamente se unen, y una priorización de la deliberación y la colaboración por sobre la competencia y la individualización. Pero la función probablemente más central de este tipo de gobernanza es construir y dar cohesión a la comunidad. Para ello, no basta con que esta se asiente en instituciones respaldadas por la ley, sino también que aquellas instituciones y aquella ley sean consideradas legítimas por quienes las tienen que respetar.

Esto requiere, a la vez, rescatar la democracia representativa, fundada en una institucionalidad al amparo del Estado de Derecho, y en la que —al menos en teoría—cada ciudadano tiene voz, voto y participación en la gestión y construcción de los asuntos públicos.

Si queremos salir de esta crisis, tenemos que dejar de celebrar el falso triunfo de la democracia y gobernanza, y aceptar que ambas están hechas añicos. Sólo a partir de ahí, y del duro trabajo de reconstruir aquello que se ha despedazado, podemos esperar reconstruirnos como un país renovado, más justo, sustentable y más democrático.

Marco Billi. Investigador Escuela de Gobierno (Universidad Adolfo Ibáñez), Red de Pobreza Energética (U. Chile) y Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios.

Julián Cortés. Investigador del Programa de Riesgo Sísmico (U. de Chile), Red de Pobreza Energética (U. Chile) y Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios.

Columna disponible en El Dinamo

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