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Recuperación Post-Pandemia: Una Oportunidad para Avanzar en Justicia Ambiental

 

RECUPERACIÓN POST-PANDEMIA: UNA OPORTUNIDAD PARA AVANZAR EN JUSTICIA AMBIENTAL

El acontecer nacional de los últimos meses marcará nuestras vidas y el devenir de importantes procesos económicos, políticos y socioculturales, por lo que es fundamental hacernos cargo de los problemas actuales y tomar las decisiones urgentes para el futuro cercano.

Hace casi un año tuvimos que aprender con dureza que nuestra sociedad es mucho más desigual de lo que estábamos dispuestos a asumir y, solo unos meses después, una pandemia global desnudó aún más nuestras profundas diferencias y acrecentó las brechas existentes.

Hemos visto que parte importante de las desigualdades actuales se expresan en las condiciones de habitabilidad, el acceso a servicios básicos y la posibilidad de vivir en ambientes libres de contaminación. Así, las comunas menos afectadas por la pandemia son las más acomodadas y las personas en ciudades contaminadas son más vulnerables. Hoy al virus y, permanentemente, al cambio climático. Este último, ha ido profundizando las condiciones de desigualdad existentes.

Sequías, incendios, aluviones, ya son parte de nuestros desastres regulares, mientras recién comenzamos a comprender el nuevo clima en el que vivimos y el desigual impacto de desastres que empeoran las condiciones de vida de los más vulnerables y generan mayores dificultades para los países en vías de desarrollo. A lo anterior se suman profundas transformaciones socioculturales que están ocurriendo como la automatización, digitalización y cierre de innumerables fuentes laborales.

En un escenario como éste, tenemos la oportunidad de reinventarnos, definir reglas para una economía circular y una gobernanza policéntrica, modificar la enseñanza y sus contenidos, mejorar el acceso a servicios básicos y fortalecer derechos sociales. Debemos poner los incentivos adecuados, avanzar en las restricciones necesarias e impulsar nuevos modelos de desarrollo.

En este contexto, las energías renovables son una oportunidad para el desarrollo local, junto a esfuerzos de gran escala para avanzar en eficiencia energética, la coordinación intersectorial, la generación de nuevas oportunidades laborales y el impulso a la innovación local.

Las decisiones de hoy definirán el país del futuro

Gentileza Revista ACERA

Publicación disponible AQUÍ

Pobreza energética y Ley Marco de Cambio Climático

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Pobreza energética y Ley Marco de Cambio Climático

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Infografia: pobreza energética y confinamiento

infografía aquí

Association between coal and firewood combustion and hospital admissions and mortality in Chile 2015 – An ecological approach

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Association between coal and firewood combustion and hospital admissions and mortality in Chile 2015 – An ecological approach

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El confinamiento y la verdad más cruda de la pobreza energética en Chile


El endeudamiento por cuentas eléctricas es, en buena parte, consecuencia de una excesiva carga de pagos por servicios básicos en relación al ingreso total. Esta situación se agrava debido al aumento del consumo energético producto del confinamiento, el mayor desempleo y la suspensión temporal de contratos debido a la crisis, especialmente entre los más pobres.

Encender la luz para leer, cocinar o comer. Cocinar para desayunar, almorzar y tomar once o cenar. Encender el calefont para tomar una ducha caliente o lavar la loza. Encender una estufa para calefaccionar la casa. Encender el computador para estudiar y/o trabajar. Esta rutina que muchos de nosotros no nos cuestionamos, requiere de un insumo básico: la energía. Pero, según datos de 2017 de la Encuesta de Presupuestos Familiares, el 22,6% de los hogares no logra cubrir los gastos básicos del hogar, incluyendo los servicios energéticos. El endeudamiento por cuentas eléctricas es, en buena parte, consecuencia de esta excesiva carga de pagos por servicios básicos en relación al ingreso total. Esta situación se agrava debido al aumento del consumo energético producto del confinamiento, el mayor desempleo y la suspensión temporal de contratos debido a la crisis, especialmente entre los más pobres.

Recordemos también que todavía un 10,7% de los hogares no tienen acceso a agua caliente sanitaria. Al menos un 66% de las viviendas actuales fueron construidas antes de la Reglamentación Térmica del 2000, por lo que no se rigen por un estándar mínimo respecto a aislamiento y climatización. Además, en una muestra reciente en 82 viviendas vulnerables de Renca pudimos constatar que 60% de las casas tenían riesgos de electrocución e incendio por sistemas eléctricos fuera de la normativa vigente o por aparatos de calefacción mal mantenidos.

En lo que respecta a salud mental, la pobreza energética (PE) también tiene repercusiones e impactos. Ya en tiempos previos a la cuarentena, se identificaba que en personas mayores la PE conlleva un mayor aislamiento social: para algunos/as el confinamiento es habitual, se quedan siempre en casa, se abrigan más, se acuestan temprano y no invitan otras personas por no tener un lugar cálido para recibir visitas. Por otra parte, era habitual salir de casa para ir a lugares climatizados, como bibliotecas y centros comerciales, rutinas que hoy se ven fuertemente limitadas, intensificándose el riesgo de enfermedades de salud mental por aumento de los niveles de estrés y aislamiento social.

La pobreza energética repercute también en las oportunidades sociales y educativas de las personas: en el acceso a Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), acceso a conexión estable a internet para procesos educativos a distancia y/o teletrabajo, acceso a iluminación en horario nocturno, entre otras formas. Sin duda el uso de TICs suele ser un facilitador para el bienestar de las personas con algún nivel de aislamiento social, ya que se constituye como un espacio de ocio, aprendizaje y conexión con otros/as.

La vulnerabilidad energética se resuelve a través de la erradicación de la pobreza en general y mayores ingresos para el 20% más pobre del país. Consta el esfuerzo estatal en el Programa de Hogar Mejor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que incluye subsidios para el reacondicionamiento térmico de la vivienda, instalación de paneles fotovoltaicos y/o paneles solares térmicos. Y sin duda, la ley de estabilización de tarifas eléctricas promulgada a fines del año pasado ayuda a las familias chilenas.

Pese a los esfuerzos, necesitamos trabajar aún más sistemática, decidida y mancomunadamente para enfrentar la pobreza energética. Una concreta inclusión de criterios de eficiencia energética en el diseño de la vivienda social, programas más masivos dirigidos a un reacondicionamiento térmico de las viviendas e inserción de paneles solares y también programas de regularización de instalación eléctrica y recambio de artefactos eléctricos eficientes. Adicionalmente, se requiere de un trabajo con iniciativas en conjunto entre el sector público, privado, la sociedad civil y la academia, con el fin de abordar esta problemática de forma integral. Un ejemplo de contribución en este sentido es el Programa de Inclusión Energética (PIE), iniciativa que nos encontramos impulsando desde EBP Chile, en alianza con EGEA ONG y la Red de Pobreza Energética. Esta iniciativa busca se basa en la convicción de que se debe enfrentar la pobreza energética con enfoques holísticos, integrando a las familias vulnerables junto a emprendedores locales. Es por esto que actualmente se está articulando el concurso “Desafío Inclusión Energética”, el cual busca apoyar iniciativas innovadoras por parte de MiPyMEs y desarrolladores de proyectos, que permitan reducir la pobreza energética en distintos contextos territoriales del país.

La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 visibiliza una vez más la profunda desigualdad de nuestro país, y la validez de las exigencias sociales por una vida digna, que considere entre otras cosas, el acceso a energía de calidad como una condición necesaria para el desarrollo social y económico de la población, además del bienestar y la salud de las personas. Con la llegada del invierno, se hace más necesario una pieza caliente, una taza de té y unas horas más de luz. Nuestros hijos tienen derecho a recibir una buena educación, la cual en estos momentos también requiere de este insumo básico: la energía.

Nicola Borregaard. Doctora en Economía de Recursos Naturales de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Gerenta de EBP Chile y Directora de Espacio Público.

Reportaje disponible en la tercera

La causalidad no es una casualidad: cuando los eventos son multicausales


Podríamos aventuranos a decir que en algunos grupos la tasa de incidencia de casos confirmados dependerá de la cantidad de PCR. También podríamos decir que en otros grupos, la principal causal de propagación es la irresponsabilidad de quienes no respetan las medidas de prevención como el uso de mascarilla o el distanciamiento social. En otros grupos, la exposición crónica a contaminantes podría conllevar al agravamiento de los cuadros de COVID-19; esto ha sido sugerido por algunos artículos recientemente publicados en poblaciones de Italia y de Estados Unidos, donde la exposición crónica se asoció a mayor letalidad. En gran parte de los países en desarrollo (y también algunos desarrollados), la inequidad, el hacimiento y los determinantes sociales han favorecido el contagio.

La idea de causa que aprendemos cuando somos niños generalmente está asociada a una experiencia práctica que incorpora tiempo. Por ejemplo, si metes los dedos en el enchufe, luego te da la corriente; si no haces las tareas y estudias, luego repruebas el ramo. Podríamos escribir infinitos libros con ejemplos que ilustran que una causa es “algo” que antecede otro “algo”. Y aunque esta premisa parece sencilla, en el área de la Salud la definición de causa es algo mucho más complejo. Y cuando nos preguntamos porqué la incidencia o la letalidad del COVID-19 ha sido tan disímil entre poblaciones que parecían tan semejantes, no es casual que la respuesta nos obligue a revisar el concepto de causalidad.

En la época grecorromana existía la creencia que los dioses enviaban “malos aires” en forma de castigo a los mortales pecadores; estos malos aires o vapores tóxicos, eran conocidos como miasmas y acuñaron la primera teoría sobre causalidad. Los miasmas prevalecieron hasta el siglo XIX, cuando una de las tantas epidemias de cólera vió emerger al padre de la epidemiología John Snow (y no me refiero al personaje de Game of Thrones), y con él una nueva concepción de la causalidad. Snow pensaba que había “algo” en el agua que enfermaba y que no se trataba de vápores tóxicos ni de castigo divino. Aunque muchos no le creyeron debido a la hegemonía de la teoría miasmática, algunos años más tarde Robert Koch aisló la bacteria que causa la tuberculosis y además desarrolló sus propios postulados para referirse a los microorganismos como causa de enfermedad; una nueva era para la causalidad había comenzado. Y si aplicamos la teoría unicausal, diremos que la causa de COVID-19 es un microorganismo; por lo mismo, bastaría con eliminar el virus para terminar con la pandemia. Pero casualmente la unicausalidad no parece ser la respuesta a nuestra crisis.

Considerando la teoría unicausal como el mantra de las enfermedades infectocontagiosas, muchas cosas no encajaban cuando comenzaron a proliferar las enfermedades no transmisibles como el cáncer, el infarto, o la depresión. En el siglo XX, Austin Bradford Hill desarrolló algunos criterios que permiten hacer alusión a la causalidad de eventos no transmisibles. Él había estado dando una batalla contra la industria tabacalera para decir que el tabaco era causa de cáncer de pulmón. Al lograrlo no tan solo consolidó una nueva forma de concebir la causalidad sino que también se convirtió en caballero de la corona inglesa. Las ideas de Sir Bradford Hill no configuran una teoría como los paradigmas anteriores, sino que representan criterios orientados a la construcción del conocimiento causal. Más tarde, Kenneth Rothman complementó estos criterios con sus famosas “causas componentes” ejemplificando la multicausalidad a través de gráficos sectoriales o de torta. En ese sentido, Rothman nos invitó a revisar la multicausalidad de muchos eventos (incluso de las enfermedades infecciosas como el COVID-19), tal como reconocemos que un fósforo puede encender fuego debido a la pólvora, pero es necesario que alguien manipule el fósforo y que haya oxígeno que produzca la combustión.

Judea Pearl, uno de los científicos más reconocidos por su trabajo en el campo de la causalidad, ha llevado las cosas más allá de lo pensado, reconociendo que hay causalidades que incorporan distintos niveles de complejidad y que en ocasiones solo tenemos la capacidad de modelar probabilidades que no están exentas de error; tal como muchas y muchos de nosotres, nos encontramos modelando los datos disponibles sobre COVID-19. En este punto, parece fundamental  declarar que la epidemiología actual reconoce la multicausalidad de eventos de salud en poblaciones, así como el equipo de salud reconoce los eventos de salud en un paciente. Por lo mismo, es importante que en esta crisis aprendamos a diferenciar las causas de la enfermedad en el individuo, de las causas de la tasa de incidencia o de la prevalencia de la enfermedad en un grupo poblacional como una comuna o un país. Entonces la causalidad del COVID-19 en la población, parece ir más allá del virus en el individuo.

Existe certeza que la causa de COVID-19 en un individuo es el virus SARS-CoV-2 (más conocido como coronavirus); sin embargo, no podemos negar que existe una multicausalidad en su propagación a nivel poblacional, y que esta multicausalidad podría variar de grupo en grupo. Podríamos aventuranos a decir que en algunos grupos la tasa de incidencia de casos confirmados dependerá de la cantidad de PCR  (sigla del examen que verifica la presencia del virus en una persona). También podríamos decir que en otros grupos, la principal causal de propagación es la irresponsabilidad de quienes no respetan las medidas de prevención como el uso de mascarilla o el distanciamiento social. En otros grupos, la exposición crónica a contaminantes podría conllevar al agravamiento de los cuadros de COVID-19; esto ha sido sugerido por algunos artículos recientemente publicados en poblaciones de Italia y de Estados Unidos, donde la exposición crónica se asoció a mayor letalidad. En gran parte de los países en desarrollo (y también algunos desarrollados), la inequidad, el hacimiento y los determinantes sociales han favorecido el contagio.

Estamos en un momento crítico de la pandemia y el desenlace más pesimista, la muerte, hoy se sostiene principalmente en dos factores: la capacidad de respuesta de un equipo de salud con recursos limitados (que ha tratado de enmendar la causalidad de otros factores que no fueron reconocidos previamente) y la condición basal de una persona que se ha expuesto a distintas cosas durante su vida (evitables y no evitables). Por lo mismo, la multicausalidad de los eventos poblacionales nos debe convocar a asumir nuestra responsabilidad, es decir, a reconocer que nuestro comportamiento puede ayudar a mejorar o empeorar la situación actual y a no desconocer todas las potenciales causas de la incidencia a nivel poblacional, que no es lo mismo que la causa de COVID en un individuo.

29/08/2018

Macarena Valdés Salgado. Académica Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile. Investigadora Red de Pobreza Energética

columna disponible en el mostrador

Una oportunidad para transformar las (malas) costumbres

La Política Energía 2050 planteó la necesidad de elaborar una definición de Pobreza Energética (PE) para Chile. La Red de Pobreza Energética (RedPE) -donde participan INFOR Los Ríos y UACH, entre otras instituciones y profesionales- establece que un hogar se encuentra en situación de PE
cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cubrir sus necesidades energéticas, que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus integrantes. Entre estos servicios se encuentra la calefacción, la cocción de alimentos, agua caliente sanitaria, entre otros. Parte de estos desafíos se buscan hoy enfrentar en los pilotos de INNOVA Fosis, en el desafío de Agua Caliente y Calefacción. Mientras en algunas partes del país estamos (mal) acostumbrados a pasar frío, en otras ciudades
el frío al interior de la vivienda se tolera menos, especialmente en la zona centro-sur donde más de un 80% de los hogares utilizan leña para calefacción (CASEN 2017). Y el problema no es solo cómo o con qué calefaccionar el hogar. Una vivienda mal aislada y con infiltraciones no permite
conservar el calor en su interior, lo que implica un mayor consumo de energía para mantener un ambiente confortable, redundando en un importante problema de contaminación atmosférica al que parecemos habernos (mal) acostumbrado. Pese a los esfuerzos, un 43% de las personas que
viven en zonas urbanas del centro-sur del país aún no cuentan con Planes de Descontaminación Atmosférica (CENSO 2017). Bajo el actual contexto de pandemia, parece necesario que re-pensemos las (malas) costumbres
de la contaminación y el frío en el hogar, considerando el aumento en la cantidad de horas que pasamos en casa. La disposición al cambio por parte de las personas no sólo depende de los costos asociados a los combustibles ni del acceso a tecnología, sino también de otros criterios como la
satisfacción de los propios umbrales de confort térmico, difíciles de satisfacer con combustibles distintos a la leña bajo las condiciones actuales. Mejorando nuestras viviendas y educando sobre eficiencia energética podremos transformar estas (malas) costumbres, para disminuir la PE y sus efectos en salud.

Catalina Amigo Jorquera. Coordinadora ejecutiva de la Red de Pobreza Energética, pertenece al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y al Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios NEST.

Columna disponible en Diario Austral

Por qué el futuro de la universidad es interdisciplinario


Producto de una marcada concentración en la formación de las disciplinas, las universidades chilenas no se han preparado para responder ante problemas complejos como el COVID-19 ni proponer caminos para que la sociedad pueda enfrentarlos, sostienen los autores de esta columna. Ven esta crisis como una oportunidad para pensar un nuevo tipo de ciencia, interdisciplinaria, y con énfasis en la formación de profesionales conectados “con los problemas del país”

Gentileza: Ciper Académico.
Autores: Andree Henríquez, Anahí Urquiza, Julio Labraña y Marco Billi 

La pandemia tiene efectos en múltiples áreas. Es un problema de salud pública; y es también un desafío político y jurídico que pone en tensión la necesidad del bienestar general de la población con el sacrificio de algunos derechos fundamentales de la democracia, como es el derecho al libre tránsito frente a la cuarentena. Es un tema económico, si se considera el reto de garantizar el ingreso de las familias y el crecimiento económico sin comprometer el desarrollo sostenible. Desde una mirada más abstracta, la pandemia es, por una parte, tema de las ciencias sociales, ya que requiere de la comprensión acabada de la sociedad para tomar las decisiones públicas que tengan mayores posibilidades de éxito. Y es un tema de las ciencias naturales, cuando existe la urgencia de producir conocimiento sin sacrificar los estándares de rigurosidad de la investigación, como el caso de la búsqueda acelerada de una vacuna sin que sus efectos colaterales sean mayores que sus beneficios.

En este nuevo contexto, se aboga por un rol activo de los/as científicos/as para guiar la toma de decisiones y resolver la emergencia (Sevilla, Nájera & Pérez, 2020). Los especialistas son invitados a conformar mesas de trabajo nacionales e internacionales, los medios de comunicación buscan contar con sus opiniones, se generan documentos de trabajos, webinars, gobiernos aportan financiamientos especiales e incluso las empresas parecen estar dispuestas a dejar su reticencia para contribuir a la investigación. Sin embargo, ¿está la ciencia en condiciones de dar respuesta a las expectativas que plantea la toma de decisiones en el contexto de complejidad que estamos enfrentando?

Abordar esta pregunta requiere, primero, reconocer que los procesos de producción, reproducción y diseminación científica se dan en nuestras sociedades, principalmente, dentro de los marcos institucionales universitarios: instituciones que hasta hace unos pocos meses eran foco de crítica, por asemejarse a una “torre de marfil”, donde sus miembros se concentraban solo en la publicación científica, sin una estrecha vinculación con las necesidades reales de la población; o, desde la vereda opuesta, por haberse convertido en instituciones politizadas, donde la reflexión se subordinaba a intereses políticos.

Si bien el actual contexto ha llevado a una parcial revalorización de las universidades y del conocimiento que en ellas se produce, en buena medida debido a la renovada relevancia que la pandemia ha otorgado a la evidencia científica, tanto en los espacios de toma de decisión como en la opinión pública, justamente esta misma relevancia obliga a repensar en profundidad los desafíos que estas instituciones encuentran al abordar problemas sociales complejos y urgentes como el que estamos viviendo. Desde esta perspectiva, parece evidente que uno de los principales obstáculos a este respecto, reside en la primacía de cierto ‘discurso’ hegemónico en relación con los fines que debiesen perseguir estas instituciones, expresada en el llamado modelo de ‘la universidad de investigación de clase mundial’ (world-class research university).

Dicha idea se origina históricamente en la opción de las instituciones modernas de educación superior por estructurarse, en función de una organización disciplinar del conocimiento que, según Kant (1798/1979), garantizaba su autonomía y libertad frente a los poderes políticos. La fundación de la Universidad de Berlín en 1810, guiada por la concepción humboldtiana de la universidad como espacio de desarrollo de docencia informada por descubrimientos disciplinares (Humboldt, 1810/1956), marcó los orígenes de la expansión de este paradigma a nivel global y el desprestigio de formas de conocimiento que no pudiesen ser entendidos desde un enfoque disciplinar (Hassan, 2003). Si bien, gracias a su influencia y éxito histórico, este paradigma aún atraviesa las funciones y organización de la universidad, desde hace algunas décadas ha ido gradualmente siendo cuestionado, por las dificultades que enfrenta para abordar la complejidad actual.

Cuatro factores pueden explicar esta transformación de la comprensión de la universidad en nuestros días. El primero es la dinámica de las disciplinas científicas que ha conducido a su creciente especialización y, paradójicamente, su alejamiento respecto de un mundo de la vida común, contribuyendo a su desprestigio social (Luhmann, 1996). A continuación, la masificación de la educación superior, expresada en un aumento en el número de estudiantes con características heterogéneas, no siempre pre-socializados en el marco tradicional de las disciplinas científicas, lo que conllevó el reto para las universidades de reconocer la existencia de formas de conocimiento no hegemónicas (Marginson, 2016). En una dirección similar, la centralidad de las nuevas tecnologías extendió el alcance de los descubrimientos disciplinares más allá de las comunidades académicas, resultando en un terreno fértil para su crítica, que se puede ver hoy, por ejemplo, en los gobiernos que mediante una manipulación de la información científica disponible optan por posicionarse directamente en contra del consenso de los investigadores sobre los orígenes y alcances del cambio climático (Barbier, 2015). Finalmente, la emergencia de un discurso que ancla generación y transmisión de conocimiento con desarrollo social y económico—sea en la forma de sociedad del conocimiento, sociedad del información o sociedad postindustrial (Steinbicker, 2011)—redundó en que la superioridad del conocimiento disciplinar per se sea puesta en cuestión, asignando relevancia, en cambio, a su capacidad de ser convertido en un insumo para el proceso de toma de decisiones en áreas no académicas (Maríñez, Labraña & Matus, 2019).

Estos cuatro factores —especialización disciplinar, masificación, digitalización y sociedad del conocimiento— han debilitado las bases de la idea de la superioridad universal del saber dividido en enfoques disciplinares. En este contexto, la actual pandemia, con su demanda por un tratamiento interdisciplinar de los problemas, profundiza una crisis ya presente en las instituciones de educación superior a nivel global: cómo justificar su relevancia ante un escenario en que la mera idea del progreso disciplinar ya no es suficiente desde el punto de vista de su misión (Barnett, 2000; Derrida, 2002; Baecker, 2007).

El sistema chileno de la educación superior no escapa a estos debates. Si bien su desarrollo disciplinar fue tardío en comparación al contexto europeo, hoy posee comunidades académicas consolidadas con crecientes vínculos a nivel internacional (Santelices, 2015). La comprensión de las universidades centrada en el perfeccionamiento de las disciplinas sigue siendo dominante, especialmente entre académicos (carreras académicas, legitimidad de centros de investigación por publicaciones indizadas en Web of Science antes que por su capacidad de resolver problemas en sus territorios, posición en rankings nacionales e internacionales de calidad de las universidades, etc.), pero también entre los tomadores de decisiones en el área (definición de financiamientos, dimensiones de acreditaciones, menor puntaje asignado a la publicación en revistas interdisciplinarias, etc.).

Como resultado de lo anterior, los programas de evaluación de rendimiento docente, las políticas públicas para el financiamiento de la investigación y los sistemas de aseguramiento de la calidad, entre otros órganos responsables de la evolución del sistema, tienden a asignar una importancia central al número de publicaciones en revistas indizadas altamente especializadas, sin mayor atención a la capacidad de las universidades de avanzar en prácticas interdisciplinares y resolver problemas complejos.

Si bien la especialización disciplinar es una necesidad, al menos, para los procesos de formación e investigación científica, el problema radica cuando esta se transforma en un pilar monolítico y panóptico del quehacer completo de las universidades. Este camino ha implicado que la ciencia pierda parte de su capacidad de comprender los problemas en su complejidad y, por lo tanto, proponer caminos de acción para la sociedad en su conjunto.

Por estas razones, retomando la pregunta planteada en un comienzo, se podría afirmar que la ciencia, y las universidades en particular, no están preparadas para entregar respuestas articuladas a la complejidad que nos plantea el COVID 19, debido a un exacerbado enfoque disciplinar sobre el cual se han fundado y desarrollado en los últimos siglos. Pero a la vez esta crisis nos plantea el desafío de comenzar a pensar un nuevo tipo de ciencia donde la interdisciplina y la transdisciplina sean pilares fundamentales de todo el quehacer universitario, con especial relevancia en la formación de profesionales e investigación conectada con los problemas país y de cara a los desafíos que la humanidad presenta para su futuro y existencia en este planeta.

29/08/2018

Andree Henríquez.

Anahí Urquiza.

Julio Labraña.

Marco Billi.

Reportaje disponible en ciperchile.cl

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