RedPE celebra la inclusión del “derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura” en el borrador de la nueva Carta Magna
Aprobado el 14 de mayo de 2022 por el Pleno de la Convención Constituyente en el informe que presentó la Comisión de Medio Ambiente, la norma recoge los principales planteamientos realizados por miembros de la Red de Pobreza Energética y otras organizaciones respecto de garantizar un acceso equitativo, seguro y con una matriz descentralizada y de bajo impacto ambiental.
Con un amplio respaldo, el Pleno de la Convención Constituyente aprobó la inclusión en el borrador de la nueva Constitución una norma histórica que busca consagrar el “derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura”, durante la última jornada de votaciones de norma, el 14 de mayo pasado. La disposición fue incluida en la propuesta de informe final realizada por la Comisión de Medio Ambiente al cierre de las jornadas de trabajo del Pleno.
Así, el artículo que se votó en incisos separados contó con un amplio apoyo de los convencionales de diferentes sectores políticos, alcanzando 114 votos a favor en su primer inciso, y cero votos en contra. Finalmente, el borrador de la Nueva Constitución consagra en el punto 323 “el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura” estableciendo que es “deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio” de todas las personas para que puedan satisfacer sus necesidades y velar por “la continuidad de los servicios energéticos”.
Por otra parte, la norma releva la importancia de que el Estado fomente en la matriz energética “renovable y de bajo impacto ambiental”, que cumpla con las características de distribución, descentralización y diversificación, haciendo explícito que la “infraestructura energética es de interés público”. Finalmente, el artículo entrega al Estado el deber de fomentar y proteger a “las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo”
323.- Artículo 21.-
Toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura.
Es deber del Estado garantizar el acceso equitativo y no discriminatorio a la energía que permita a las personas satisfacer sus necesidades, velando por la continuidad de los servicios energéticos.
El Estado deberá regular y fomentar una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada en energías renovables y de bajo impacto ambiental.
La infraestructura energética es de interés público.
El Estado fomentará y protegerá las empresas cooperativas de energía y el autoconsumo.
Proceso de incidencia pública
La norma que finalmente fue incluida en el borrador de la nueva Constitución fue fruto de la propuesta que realizó la Red de Pobreza Energética junto a Chile Sustentable a la Convención y que envió tanto a las comisiones de Medio Ambiente como a la de Sistemas de Conocimientos. Si bien ésta recibió algunas modificaciones en base a los aportes de otras organizaciones, “lo que se consagra recoge el corazón y buena parte de lo que nosotros consideramos pertinente, como el concepto del ‘mínimo vital’, que creemos es un habilitante para poder asegurar una vida digna”, afirma la investigadora y coordinadora de Incidencia Pública de la RedPE, Paz Araya.
Para conseguir este resultado, la RedPE realizó un intenso trabajo de incidencia pública que comenzó dos años antes.
Según explica Paz Araya, la idea de proponer una norma que garantizara el derecho a la energía nació a comienzos del 2020, antes del plebiscito de octubre de ese año. “No sabíamos bien qué, ni cómo íbamos a hacerlo”, afirma. Entonces comenzaron un proceso de investigación sobre normas que consagran el derecho a la energía en textos constitucionales y legislaciones de otros países. “Luego, cuando teníamos más claridad, nos embarcamos en una serie de acciones, elaboramos documentos que fueron guiando nuestro trabajo, hicimos presentaciones en ante dos comisiones, se publicaron columnas de opinión en medios y otras acciones”, cuenta Paz Araya.Así se elaboró un documento sobre el Derecho Humano a la Energía en el cual se enumeran cinco principios a considerar para incluir este derecho en el texto constitucional. Luego, en conjunto con la organización Chile Sustentable, se publicó el documento “Energía: derecho humano y bien público”, el cual realiza una propuesta de norma constitucional en línea con lo que finalmente fue aprobado.
Asimismo, los integrantes e investigadores de la RedPE, Paz Araya y Julián Cortés realizaron dos presentaciones ante la Comisión de Sistemas de Conocimiento y ante la Comisión de Medio Ambiente a inicios de este año.
Paralelamente se publicaron columnas de opinión en varios medios digitales respecto de la importancia de esta norma y luego, se llevaron a cabo una serie de acciones que se fueron intensificando a medida que se acercaba el plazo final de votaciones de normas en el Pleno, como campañas en redes sociales y presencia de un equipo de coordinación de la RedPE en la sede de la Convención.
Según Javier Piedra, director de la Fundación Energía para Todos y parte del equipo de coordinación de la RedPE, “el objetivo de estar presentes en la Convención los últimos días era entregar información a aquellos convencionales que no estaban seguros sobre esta norma, ofreciéndoles contestar sus dudas e inquietudes y que así contaran con elementos que les permitiera entender por qué era importante incluir el derecho a un mínimo vital de energía en el borrador”.
El apoyo de los convencionales
Durante el proceso de incidencia pública, un grupo de convencionales de diferentes colectivos apoyaron la inclusión del “derecho a un mínimo vital de energía” incorporándolo en los informes tanto de la Comisión de Sistemas de Conocimiento como de la de Medio Ambiente y dieron soporte en otras actividades.
Tal como explica Javier Piedra, “es necesario hacer un reconocimiento y agradecimiento a los convencionales que dieron su apoyo a la norma propuesta, tanto para su inclusión en los informes de las comisiones que pasaban al pleno, como aquellos que acompañaron a la RedPE en el punto de prensa y al grupo de Eco Constituyentes que prestaron ayuda y soporte”, Javier Piedra.
En opinión del Convencional Francisco Caamaño, el apoyo que dio esta norma se basa en el convencimiento de que “el derecho a la energía permite la consagración de otros derechos fundamentales como la calefacción, la iluminación de nuestros hogares, la seguridad que requieren las personas electrodependientes y también porque permite el uso de dispositivos electrónicos esenciales para trabajar, estudiar y vivir momentos de ocio. Así, el derecho a la energía permite dar cumplimiento a otras garantías fundamentales”.
A juicio del Convencional Fernando Salinas “la norma que se aprobó es de suma importancia, dada la actual situación de la matriz energética de Chile que se caracteriza por la generación eléctrica a gran escala en un sistema interconectado operado por grandes corporaciones. El escenario con la norma de energía aprobada para la nueva Constitución es completamente distinto. En primer lugar, se garantiza un mínimo vital (…), posibilitará una generación distribuida, con empresas pequeñas y medianas, que le dará autonomía energética a los territorios”.
Según la Convencional Carolina Vilches, “es primordial consagrar este derecho ya que es una necesidad. La vulneración energética es más común de lo que se cree (…) Hoy la Nueva Constitución democrática, paritaria y pluralista incorpora el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura, lo que hace que el Estado deba estar presente en la accesibilidad de la energía para las personas y comunidades, indica que el estado debe garantizar su acceso, reconociendo el derecho a la energía como una cuestión de interés público y del Estado, donde este último regula y fomenta la matriz productiva, considerando el impacto medioambiental”.
Por su parte, la Convencional Manuela Royo, reafirma la labor realizada por la RedPE para incluir esta norma en el borrador de la nueva Constitución. “Quienes empujamos esta iniciativa creemos que esto no habría sido posible sin el apoyo técnico de la Red de Pobreza Energética, que nos dio todos los insumos necesarios para debatir, aprender y proponer, generando una gran experiencia de trabajo en conjunto entre algunos convencionales y la red”.
Desafíos al futuro
Si el borrador de nueva Constitución es aprobado el próximo 4 de septiembre, el Estado debe emprender la misión de concretar todos los derechos consagrados en la nueva Carta Magna.
“Sabemos que el concepto ‘mínimo vital’ impondrá al Estado un enorme desafío y no será fácil o rápido de resolver dado los diferentes contextos territoriales, geográficos, sociales, culturales y económicos del país. Nuestro trabajo ahora es estar atentos a cómo esto se va resolviendo y operacionalizando”, afirma la investigadora de la RedPE, Paz Araya.
Según Macarena San Martín, coordinadora de la RedPE, se requerirá un proceso de transición importante, dictación de nuevos cuerpos legales y otras modificaciones normativas y administrativas. “Pero también se requerirán cambios culturales que permitan valorar y cuidar la energía en un contexto de crisis climática y transición energética sustentable y para eso los procesos de educación son fundamentales”.
Y enfatiza: “como Red de Pobreza Energética seguiremos atentos y dispuestos a colaborar para que este tremendo desafío llegue a buen puerto”.
