Las políticas públicas e iniciativas privadas relacionadas con temas de vivienda y urbanismo tienen como objetivo primario el mejoramiento de las condiciones en que las personas viven y se desarrollan; esto es particularmente relevante cuando nos referimos a quienes viven en campamentos —asentamientos que agrupan a familias vulnerables en zonas geográficas con problemas de habitabilidad.
Según las estadísticas de Techo —organización no gubernamental y sin fines de lucro dedicada a la gestión de viviendas sociales y a la superación de la pobreza— alrededor de 700 campamentos se distribuyen en nuestro país, lo que alcanza a más de 40.000 familias socioeconómicamente vulnerables. Las viviendas de campamentos usualmente están expuestas a condiciones que no solo son inadecuadas sino que también ponen en riesgo a las personas que residen en ellas; así, la evidencia indica que la precariedad habitacional está relacionada con la salud y por ende, con la calidad de vida.
La falta de acceso a agua potable, saneamiento y electricidad favorece la exposición de quienes viven en campamentos a riesgos biológicos, químicos y físicos. Por ejemplo, existe un aumento de la probabilidad de accidentes asociado al uso de fuentes informales de electricidad y la utilización de combustibles fósiles —carbón o leña— favorece la emisión de contaminantes intra y extradomiciliarios, y con ello las enfermedades respiratorias, lo que recae directamente y en mayor cantidad en efectos negativos sobre la población infantil.
La vulnerabilidad de estas comunidades se ilustra en múltiples situaciones, donde la pobreza energética es una causa estructural y el deterioro de la salud es una consecuencia común. Superar estas condiciones de vulnerabilidad no solo implica mejoras en la salud individual sino que representan rasgos necesarios en una sociedad moderna y sustentable. En este contexto, los campamentos ilustran un desafío para la salud urbana que no solo debería ser abordardo desde el enfoque tecnocrático sino que requiere incorporar una mirada multidisciplinaria.
Disminución de la tasa de enfermedades respiratorias, mejoras en salud mental, y menor tasa de accidentes domésticos son algunos de los efectos positivos en la salud que ha mostrado la evidencia internacional sobre la intervención de campamentos —reubicación o remodelamiento/acondicionamiento de viviendas —. A nivel nacional, el estudio de Burgos y cols. mostró que personas de campamentos de la Región Metropolitana reubicadas en viviendas sociales reducían la tasa de accidentes pero no mostraban diferencias significativas en cuanto a otros eventos de salud. Los autores destacaban dos aspectos relevantes: el acceso a servicios básicos y la respuesta social local como atributos valorados por una comunidad que no evidenció cambios estadísticamente significativos, ya que mantenía la percepción de inseguridad y falta de conectividad asociada al territorio.
Para formular políticas públicas consistentes con los estándares de un país desarrollado es necesario contar con más evidencia en esta materia. Es pertinente contar con más investigación local —con pertinencia territorial— que describa cómo las mejoras en las condiciones de la vivienda relacionadas con la infraestructura, la pobreza energética, la seguridad y la salud ambiental impactan en distintos aspectos de estas comunidades. Muchos de los beneficios pudieran no ser sustentables sin la participación de las personas, por lo que se hace necesario evaluar la forma cómo las familias viven las mejoras de las condiciones de habitabilidad con el fin de maximizar los beneficios y minimizar potenciales externalidades negativas.
Columna disponible en El Quinto Poder
Macarena Valdés S.
Académica Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile.
Investigadora Red de Pobreza Energética
