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Expertas U. de Chile visibilizan las dimensiones de la pobreza energética durante la pandemia

En el marco de la crisis sanitaria que azota a Chile y el mundo, miembros de la Red Transdisciplinaria de Pobreza energética (RedPE) de la Casa de Bello profundizan los múltiples alcances de este desafío global, destacando los problemas de salud por la contaminación domiciliaria, el endeudamiento por no pago, los roles de género, y la desigualdad en el acceso a fuentes de energía.

 

Gentileza: Comunicaciones VID, UChile.
En Chile, el 66 % de los hogares tiene problemas de eficiencia energética y múltiples familias no puede asegurar las necesidades básicas que brinda la electricidad, como tener agua caliente sanitaria o refrigerar alimentos. La pobreza energética se define cuando un hogar no tiene acceso equitativo a este tipo de servicios cotidianos y más de 50 mil personas viven en esta realidad, la cual se ve agudizada por la pandemia del COVID-19.
Los climas extremos que tiene Chile provocan que la pobreza energética tenga un carácter territorial. En el norte hay brechas en el acceso a agua caliente y en el sur el uso de leña húmeda produce contaminación, además de otros problemas asociados. A pesar de esto, desde la Red Transdisciplinaria de Pobreza Energética (RedPE), iniciativa impulsada por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile, los expertos coinciden en que estas problemáticas son constantemente invisibilizadas.

La coordinadora de la RedPE y académica de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), Anahí Urquiza, explica que es difícil abordar un problema que no se ve. “Recién el año pasado logramos hacer un diagnóstico con los datos existentes, y aún es muy deficitario. El acceso a la energía de calidad es una condición para el desarrollo económico y la calidad de vida. Con la pandemia suben los gastos energéticos por confinamiento, se presentan problemas de confort térmico y la contaminación intradomiciliaria agrava esta enfermedad. La ausencia de servicios deja en desventaja a les estudiantes, trabajadores y recarga el trabajo doméstico, lo que suele recaer en las mujeres”, señaló.

En la misma línea, la directora de Investigación de la VID, Silvia Núñez, destacó el compromiso de la Universidad de Chile y de la RedPE. “El trabajo que están realizando tiene una vital importancia y más aún en las condiciones actuales. Existe una gran desigualdad en estas materias que no se habían visibilizado. Están produciendo evidencia sólida y fidedigna sobre cuál es la realidad nacional, que luego se puede poner a disposición de las autoridades para enfrentar esta desigualdad”, valoró.

Inequidades de acceso energético y problemas de salud asociados

Datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del 2017, indican que un 22,6% de los hogares los ubicados en centros urbanos del país gastan excesivamente en energía y no logran cubrir los gastos básicos con sus ingresos. Por otro lado, un 16,9% gasta muy poco al comparar viviendas del mismo tipo y con la misma cantidad de integrantes. Con la cuarentena, las personas pasan más tiempo en los hogares y, por lo tanto, se usan más los servicios energéticos como agua caliente sanitaria, calefacción y electricidad.

A esta situación, se suma que los gastos asociados al ámbito energético se incrementan y se aumenta la brecha en los costos mensuales por el uso de energía y los ingresos económicos mensuales. Además, con la interrupción de los trabajos de las personas por la cuarentena obligatoria, comienzan a aumentar las situaciones de no pago.

El fundador de EGEA ONG y líder del área de Inclusión Energética en EBP Chile, Rubén Méndez Mardones, explicó cómo se logra la inclusión energética. “Esto se refiere a aquellas acciones orientadas a mejorar el acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad, es decir, que estos sean adecuados, seguros, confiables y no contaminantes. Para esto, es fundamental una estrecha relación entre los actores públicos, privados y la sociedad civil, con el fin de desarrollar iniciativas integrales que respondan a las necesidades de cada contexto territorial”, recalcó.

Con la falta de acceso a servicios energéticos, la población opta por aquellos que contaminan más, pero cuestan menos. Esto produce mayor contaminación intradomiciliaria, aumentando la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Para los grupos de riesgo como personas con enfermedades crónicas, embarazadas y adultos mayores, esta situación puede complicar los cuadros de enfermedades.

La académica de la Facultad de Medicina e integrante de la RedPE, Macarena Valdés, se refirió a los problemas que trae el invierno. “La actual pandemia representa un desafío para las comunas del centro y sur del país, pues son las que demandan mayor combustible para calefaccionar los hogares en las estaciones frías. Las medidas de confinamiento en el hogar, la restricción de la actividad productiva y el cierre de colegios ha disminuido la contaminación del aire. No obstante, esta situación puede cambiar dramáticamente con la baja de las temperaturas y la necesidad de calefaccionarse, tal como ocurrió en Inglaterra, donde el consumo de energía para calefacción del hogar aumentó durante la cuarentena”, detalló.

Brecha de género: la desigualdad aumenta para las mujeres

La crisis complejiza y amplifica las desigualdades estructurales de género. En el contexto de confinamiento, las mujeres han sido las más afectadas con el aumento en la carga de trabajo doméstico no remunerado que realizan, como el cuidado de familiares y las labores educativas, sumando en algunos casos sus propias responsabilidades con el teletrabajo.

La consultora en desarrollo sostenible e igualdad de género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Marina Casas, señaló que la cobertura limitada y desigual de los sistemas de salud está afectando a las mujeres. “Sabemos que nosotras estamos siendo las frontliners de toda esta crisis. Se está profundizando la crisis de los cuidados que ya existía. En la región, las mujeres realizan entre 22 y 42 horas semanales de trabajo doméstico no remunerado. Esta injusta organización social persiste e impacta en mayor medida en los hogares de menos ingresos”, subrayó.

Finalmente, Casas explicó que el acceso, consumo y distribución de la energía también es distinto para hombres y mujeres. “Pequeñas cantidades de electricidad para iluminar un hogar durante el atardecer pueden mejorar la calidad de vida de los miembros de la familia, al permitirles leer o calentar el hogar. Sin embargo, para otras personas esto puede suponer una carga de trabajo. Hay literatura que señala que son siempre los hombres y los niños quienes se benefician más de estas ganancias, mientras que las mujeres usualmente se otorgan la carga de extensión del día de trabajo no remunerado”, concluyó.

Noticia Publicada el 13 de Mayo de 2020 en uchile.cl, disponible aquí


Nicola Borregaard: “La pobreza energética no es un concepto que esté dentro de la política pública en Chile”

La directora de Espacio Público habló en el foro Pobreza energética: ¿Cómo asegurar una transición inclusiva?, el que se realizó en el marco de la Cumbre Social por la Acción Climática.

La pobreza energética es la situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar los servicios mínimos de energía que satisfagan sus necesidades domésticas básicas o que se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos para pagar las cuentas energéticas de sus viviendas ¿Cuál es su panorama en Chile? Sobre esto conversó este martes la directora de Espacio Público, Nicola Borregaard, en el foro Pobreza energética: ¿Cómo asegurar una transición inclusiva?, el que se realizó en el marco de la Cumbre Social por la Acción Climática.
“Antes la vulnerabilidad energética se vinculaba al acceso a la electricidad, pero hoy tenemos un 99,3% de vivienda electrificadas. La pobreza energética se vincula a la imposibilidad de poder aislar la casa térmicamente, de tener acceso al agua caliente, así como también de pagar cuentas con altos precios. Hoy es importante incorporar un cambio de foco. Sin embargo, la pobreza energética no es un concepto que esté dentro de la política pública en Chile a corto, mediano y largo plazo, y esto debe ser clave”, sostuvo la directora de Espacio Público durante el foro.
Ruben Méndez, gerente de energía local de EBP, explicó el Programa de Inclusión Energética que la consultora desarrolla con familias de la comuna de Renca. “Existe el concepto de pobreza energética oculta, que es la limitación del acceso de energía que permite su desarrollo personal. Por ejemplo, una persona que se enferma por no tener la calefacción o tener mala calefacción deja de trabajar y ve disminuidos sus ingresos es un tipo de pobreza energética que no está del todo cuantificas”, afirmó.
La pobreza energética también se vincula a la imposibilidad de las familias y hogares a poder pagar sus cuentas porque son muy costosas en comparación a sus ingresos. “El mercado energético no está pensado para los sectores con ingresos económicos más bajos. El 25% de nuestros beneficiarios del programa está endeudado para poder pagar la luz”, agregó Méndez.
Por su parte, Anahí Urquiza, académica del  Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile e integrante de Red de expertos y expertas de Espacio Público, sostuvo que hablar de pobreza energética hoy es relevante no solo por las aristas personales, sino también “porque un acceso óptimo a las energías tiene impacto en el desarrollo local y nacional. Es relevante que los distintos planes que estén centrados en las realidades y necesidades de cada territorio”.
Fuente: El Mostrador
Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2019.
Publicación original disponible aquí

Pobreza energética en Chile: ¿un problema invisible?

La desigualdad social en Chile tiene muchas más caras de las que alcanzamos a ver. No es solo esa vergonzosa columna que nos representa en el primer lugar del índice de ingresos desiguales de países de la OCDE (Gini), o nuestro mundialmente famoso sistema educativo diseñado para mantener el statu quo entre ricos y pobres, ni siquiera se puede reducir al retrato de aquellas familias que ocupan gran parte de los puestos de poder del país. Nuestra desigualdad social no solamente se puede ver y medir, sino que se puede sentir en la piel, se puede respirar y padecer en cuerpo y alma. Lentamente hemos ido tomando conciencia que nuestras imágenes de la desigualdad están incompletas, que la materialidad de las viviendas, la conformación e idiosincrasia de barrios y territorios o la propia contaminación atmosférica son solo parte de un problema mayor que se asoma en ocasiones en medio de los desastres naturales o las crisis sanitarias. Nos referimos a la pobreza energética.

Una lectura apresurada de este concepto podría ver en él una idea naif, una ingenuidad o acaso una redundancia, pues el tipo y calidad de energía a la que pueden acceder las familias sería una consecuencia directa de la mentada desigualdad de ingresos, influencias o poder. Pero, como ocurre con los sismos en Chile, el estar acostumbrados a ellos no significa que los conozcamos mejor. Imaginamos que la pobreza material implica pobreza energética, pero ¿qué sabemos de ella? Los instrumentos actuales que definen pobreza no dan cuenta de este aspecto, a pesar de sus enormes consecuencias para la salud y la calidad de vida de la población.

Si bien desconocemos muchas de las maneras en que este fenómeno afecta a los habitantes de nuestro país, hay fuentes de información estadística a nivel nacional que nos permiten identificar algunas de sus características y nos muestran lo urgente que es actuar en este aspecto. Así, por ejemplo, sabemos que los hogares más pobres gastan un porcentaje muy alto de sus ya escasos ingresos en energía, pero la deficitaria aislación térmica de sus viviendas sumada a los tipos de energía que pueden acceder (leña, carbón o gas) no permiten a estos hogares alcanzar ambientes confortables. Peor aún, estas energías producen contaminación intradomiciliaria que favorece todo tipo de enfermedades respiratorias, afectando principalmente a niños y personas mayores (ver recuadro con algunos hallazgos). A partir de esto podemos plantear muchas interrogantes. Por ejemplo, si esta situación la ubicamos en el marco de las proyecciones demográficas nacionales aparecidas recientemente, las cuales indican que estamos envejeciendo rápidamente, y a ellas sumamos nuestro deficiente sistema de pensiones que condena a gran parte de las personas mayores a vivir en la pobreza, ¿qué implicancias tiene dicha pobreza?, ¿qué pasará, por otro lado, con los adultos mayores en las olas de calor proyectadas como consecuencia del cambio climático? Casas mal aisladas y sin ventilación adecuada en comunas con muy pocas áreas verdes y sin servicios comunitarios especialmente acondicionados, harán que las personas mayores tengan muy pocas opciones para enfrentar fríos intensos u olas de calor.

Conocido es ya el problema de contaminación que produce la leña, especialmente en algunas ciudades del sur de Chile. Sabemos hace mucho que la contaminación de esas ciudades está relacionada directamente con la fatal combinación que representa la combustión de una materia prima de mala calidad a través de una tecnología escasa, pero la preocupación por la aislación de las viviendas en esas zonas es más bien reciente y con dudosos resultados sobre su efectividad (no consideran aspectos críticos de aislación o simplemente se concentran en el recambio de tecnología sin capacitar a las personas para su uso). Por otro lado, una medida efectista como prohibir la leña en esas zonas afectaría dramáticamente la fuente de calefacción más conveniente para miles de familias, sin tener meridiana claridad acerca del impacto socioeconómico para grandes sectores de la población, ni sobre las soluciones posibles y sustentables.

Con todo, el panorama actual permite alimentar esperanzas. Hoy podemos construir mucho mejor nuestras viviendas para que los requerimientos energéticos sean menores, tenemos diversas fuentes renovables en nuestro territorio y contamos con el conocimiento y la tecnología para desarrollar infraestructuras resilientes. Sabemos también que educación y sustentabilidad son principios que deben cruzar las estrategias para enfrentar este problema y que se requiere la participación de la comunidad para definir soluciones que consideren las condiciones locales. Pero aún nos falta mucho conocimiento por desarrollar, el cual requiere la cooperación de diversas disciplinas y el involucramiento del sector público y el privado. La pobreza energética es un problema estructural que no se puede abordar con medidas sintomáticas o meros subsidios. Debemos estudiarla en profundidad para proponer estrategias que mejoren nuestra matriz energética, la calidad de las viviendas, la gestión del calor, la institucionalidad y el mercado de la energía, de modo que la población utilice la energía de forma eficiente y limpia, y que se generen medidas que respeten la diversidad cultural y territorial del país.

Una acción concreta en este sentido es la “Red de Pobreza Energética” que impulsamos un conjunto de investigadores, académicos, tomadores de decisiones y representantes la sociedad civil. Esta comienza a formarse durante 2016, pero este año 2017 hemos dado pasos decisivos, logrando desarrollar espacios de reflexión interdisciplinaria y sumar a investigadores y académicos de 9 universidades, varios de ellos de regiones, con la representación de más de 15 especializaciones que, en alguna dimensión del problema, son aportes fundamentales para su comprensión y para desarrollar medidas que disminuyan este tipo de pobreza. El viernes recién pasado celebramos nuestro tercer taller, con el cual consolidamos esta plataforma de colaboración y comenzamos a desarrollar lineamientos para las dimensiones establecidas como prioritarias: (1) Energía, políticas públicas y modelos de desarrollo; (2) Bienestar, cultura y eficiencia energética; (3) Justicia ambiental, contaminación atmosférica y población vulnerable; (4) Energía renovables y gestión local; y (5) Cambio climático, riesgos socio-naturales y resiliencia.

La Universidad de Chile se ha propuesto impulsar esta Red como parte de su responsabilidad como Universidad Pública, entendiendo que es una oportunidad de visibilizar un problema estructural que está profundizando la desigualdad social en el país. En este sentido, la Red de Pobreza Energética es fundamental para establecer puentes entre el conocimiento basado en evidencias y la toma de decisiones, de modo que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones que sufren más directamente la desigualdad del país.

Por fortuna vemos que nuestro trabajo está estimulando las primeras iniciativas fuera de nuestro quehacer, las cuales nos muestran que el camino que hemos emprendido es el correcto. Así, por ejemplo, recientemente, el gobierno de Chile ha comenzado a trabajar con el PNUD en un estudio para una conceptualización del tema que permita avanzar en metodologías de evaluación y desde la Red de Pobreza Energética aplaudimos esta iniciativa. Sabemos que hay un largo camino por recorrer y que son muchos los actores que deben comenzar a actuar en este tema. El esfuerzo que estamos haciendo en la red apunta precisamente a mantener en pie la tarea más allá de las normales fluctuaciones de los tiempos políticos.

No hay soluciones simples para problemas complejos y la pobreza energética es un claro ejemplo de esto. Debemos estar dispuestos a colaborar entre profesiones y disciplinas, entre sectores y grupos de interés, de manera transversal en todo el territorio, con el fin de transformar esto en un problema país que se aborde mediante políticas de Estado, que trasciendan la lucha cotidiana entre fuerzas e intereses mezquinos. Si la pobreza es un problema para cualquier gobierno, es tiempo de aceptar que los “pobres” de nuestro país son más “pobres” de lo que creíamos.

Anahí Urquiza. Académica de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora de la Red de Pobreza Energética

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