TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y PARTICIPACIÓN
Inscripciones AQUÍ
15 de diciembre de 2017
9:00-13:00 hrs.
Sala Mathilde Brandau (Av. Santa María 076, 6o piso)
Facultad de Derecho – Universidad de Chile
En los últimos años, las políticas energéticas han sido el foco de los esfuerzos internacionales para lograr trayectorias más sustentables de desarrollo. Con ello se busca : garantizar un suministro energético seguro, constante y suficiente para las necesidades económicas y de desarrollo de los países; superar el problema de la pobreza energética y las consecuencias que este involucra en términos de acceso, calidad y equidad; y hacer compatible el desarrollo energético con la protección del medio ambiente, reduciendo tanto sus impactos ambientales a nivel local -contaminación del aire, agua y suelos, impacto sobre ecosistemas etc.- como sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (principales determinantes del cambio climático), respecto de los cuales el sector energético el mayor responsable a nivel global.
Frente a estas necesidades, ha ido cobrando creciente relevancia el propósito de diseñar e implementar la ‘transición’ de los sistemas energéticos regionales, nacionales y locales hacia configuraciones socio-técnicas más sustentables, en todas sus dimensiones.
Sin embargo, tal como ocurre con la gran mayoría de los problemas asociados con el desarrollo sustentable, la urgencia, criticidad y larga duración características de las transiciones energéticas se enfrenta con su naturaleza compleja, no lineal, sistémica y multiescalar, lo que las transforma en lo que se ha denominado “wicked problems” (problemas retorcidos), cuyas soluciones serán siempre riesgosas, arbitrarias y controversiales. No se trata sólo de la dificultad de describir con precisión y claridad el actual estado de los sistemas energéticos, sistemas en que un conjunto de tecnologías, actores e instituciones coexisten e interactúan dinámicamente en múltiples niveles; sino también de determinar el futuro hacia el cual hacer transitar dichos sistemas, en un contexto en el cual toda representación del futuro lleva intrínsecas e irreducibles incertidumbres, y moviliza una pluralidad de intereses, normas y valores a veces contradictorios. Lo anterior dice relación también, con el diseño de estrategias de transición que tomen en cuenta la inercia de las configuraciones existentes, la no inealidad de los cambios, y el carácter policéntrico y autoorganizado de la sociedad moderna.
Frente a esto, se ha generado un creciente llamado a abandonar -o por lo menos complementar- los tradicionales enfoques centralizados de planificación y regulación, en favor de modalidades más indirectas y experimentales de gestionar las transiciones energéticas, dando un fuerte peso a procesos ‘participativos’ que abren la construcción e implementación de estas transiciones a una variedad de puntos de vista, racionalidades y conocimientos distintos. Es este el caso, sólo para citar algunos ejemplos, de la Estrategia de Desarrollo Energético de Nueva Zelanda, la Política Energética 2005-2030 de Uruguay, el proceso de política energética de Alemania, el Green Paper y White Paper de Australia o el proyecto Roadmap 2050 de la Unión Europea.
En Chile, la ‘participación’ es uno de los ejes centrales del proceso de construcción e implementación de la política energética de largo plazo del país, Energía 2050, en la cual participaron políticos, organismos públicos, empresas privadas, académicos, sociedad civil, asociaciones gremiales, ONGs y opinión pública con el fin de elaborar “una agenda que sirviera como hoja de ruta para construir y ejecutar una Política Energética de largo plazo que tenga validación social, política y técnica” (Máximo Pacheco, en Ministerio de Energía 2014: p. 7) y permita “avanzar hacia una energía sustentable, en todas sus dimensiones” (Ministerio de Energía 2015: p. 39).
A partir de lo previo, resulta útil y urgente de reflexionar sobre el concepto y formas de participación que se ponen en juego en los distintos niveles de estas transiciones energéticas, para aportar tanto al debate en términos de política energética como a aquel respecto del rol de la participación en la definición de la política pública y su relación con las tradicionales formas de democracia electoral representativa.
En tal contexto se plantean algunas interrogantes sobre: el rol que juega cada instancia de participación, cuál es su contenido, por qué es necesaria, qué ganamos, qué nos falta.
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