Por Ericka Osses, Mauricio Muñoz y Julián Cortés
A un mes del estallido social, ya casi pasa desapercibido el anuncio de la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, para así dejar sin efecto el alza anunciada a principios de octubre.
La energía generada en el país es de 6.440 GWh. El 61% proviene de fuentes térmicas, tales como carbón, gas natural y petróleo. Chile queda a merced de la volatilidad del precio de los combustibles fósiles altamente contaminantes y de una infraestructura vulnerable.
La democracia representativa, fundada en una institucionalidad al amparo del Estado de Derecho, y en la que —al menos en teoría—cada ciudadano tiene voz, voto y participación en la gestión y construcción de los asuntos “públicos” ha conocido un destino paradójico en el transcurso de las últimas décadas, y eso sin hablar de los últimos días en Chile. El ejercicio de los poderes políticos y económicos ya no permite que los ciudadanos tengan influencia en estos asuntos, es más, todo lo que orienta hoy nuestro futuro no se somete al debate público y vinculante.
En este contexto, parece inexorable una verdadera revolución de la gobernanza y avanzar hacia nuevas formas y nuevos tratos. Resulta interesante al respecto la noción de Gobernanza Policéntrica, término acuñado por Elinor Ostrom —Premio Nobel de Economía 2009—, que alude a una idea concreta respecto al gobierno de los recursos comunes, sobre la base del respeto de la autonomía de los ciudadanos en su actuación a distintas escalas de intervención – casa, familia, barrio, trabajo, colegio – y que busca priorizar las estrategias de resolución de conflictos y de coordinación del tejido social.
Este modelo, nos da pie para discutir sobre el estatus de derecho de bienes y servicios comunes necesarios para el bienestar, tales como el agua o la energía. Respecto de este último, sobre todo por el creciente desarrollo del concepto de pobreza energética, se plantea la necesidad de considerarlo como un derecho “in status nascendi”, es decir, un derecho humano en formación habida cuenta de los conflictos socio‐ambientales y sus repercusiones en la calidad de vida.
La gobernanza tal como la conocemos en la actualidad —centrada en el Estado y los mercados— se ve fracturada por todas partes y está claramente desfasada respecto con la sociedad actual y los desafíos que nos esperan y apremian. No podemos seguir respondiendo a ellos con la lógica y estructura de gobernanza de los siglos XIX y XX. El principal y más grande desafío de esta nueva forma de gobernar, es construir y dar cohesión a la comunidad. Para ello, no basta con que sólo sea legal, sino que también debe ser considerada legítima.
Autores:
Julián Cortés Oggero / Red de Pobreza Energética (RedPE) UCH / Programa de Energía, Agua y Sustentabilidad (ENEAS) UCH
Mauricio Muñoz / Centro de Excelencia en Geotermia de los Ande (CEGA) / Red de Pobreza Energética (RedPE) UCH / Programa de Energía Agua y Sustentabilidad (ENEAS) UCH
Ericka Osses / Centro de Energía ‐ UCH / Red de Pobreza Energética UCH
Columna publicada el 20 de noviembre de 2019 en The Clinic, disponible aquí
