El pasado 25 de mayo, el Ministerio de Energía presentó la Ruta Energética 2018-2022, documento que reúne propuestas y prioridades en materia energética para los próximos cuatro años. Esta hoja de ruta, que incluye una componente de consulta ciudadana, propone dentro de sus principales ejes generar un catastro de vulnerabilidad energética en las familias chilenas para así poder acortar las brechas existentes, así como regular los biocombustibles sólidos como la leña. En este contexto, una pregunta que surge es ¿cómo una política pública que busca modernizar el sector energético y utilizar energías limpias y amigables con el medio ambiente puede hacer un balance entre lo técnico y lo práctico en regiones donde la leña es la principal fuente de energía?
En la zona centro-sur de Chile, la pobreza energética está relacionada con una dependencia extrema de la leña para calefaccionar los hogares, con ciudades que llegan a un 95% de viviendas que utilizan leña para calefacción. Al alto consumo de este combustible se suma la deficiente aislación térmica de las construcciones. Es por ello que a pesar de un alto consumo de leña, en ciudades como Valdivia, alrededor de un 70% de las familias no llegan a las condiciones de confort recomendables al interior de sus viviendas o gastan un porcentaje muy alto de sus ingresos para lograrlo. Para contrarrestar esta situación, se han implementado Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) en todas las grandes ciudades desde Santiago al sur del territorio nacional.
El PDA define cuatro maneras para reducir las emisiones de material particulado, estos son: mejorar la aislación de viviendas nuevas y existentes, creación de un programa de recambio de calefactores, mejoramiento de la calidad de la leña y la difusión, sensibilización, capacitación y educación a la comunidad.
Si bien desde una mirada técnica, estos lineamientos apuntan a abordar las principales problemáticas asociadas a la contaminación atmosférica por consumo de leña, ocurre también que las familias han tenido, en algunos casos, que asumir el costo económico de los cambios establecidos a la generación de contaminantes en Chile. En este contexto, un estudio realizado por el Instituto Forestal, INFOR, ha mostrado que en general, todas las medidas del PDA, a excepción del mejoramiento térmico de viviendas, son regresivas, ya que familias de ingresos más bajos hacen un mayor esfuerzo económico que familias de ingresos más altos para resolver un problema común. Un ejemplo claro en este sentido es el programa de certificación de leña que generó un aumento importante en el precio o las alertas ambientales que prohíben el uso de leña. Estas medidas permiten descontaminar, pero a su vez al incrementar el gasto en calefacción, afectan directamente a aquellas familias con ingresos más bajos, quienes no pueden optar con fuentes de calefacción limpias.
Dentro de las propuestas de los PDA, el programa de re-acondicionaminto térmico de viviendas es la única medida de carácter redistributiva, es decir, que beneficia más a las familias de ingresos más bajos. Esto permitiría reducir de manera significativa la demanda de energía para calefacción (30% a 70%), lo que no sólo reduce la contaminación atmosférica, sino que el gasto de las familias y mejoras en las condiciones de confort.
El caso de los Planes de Descontaminación Atmosférica nos invitan a considerar el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a resolver el problema de la contaminación atmosférica desde una mirada holística, en la cual la contaminación atmosférica sería sólo la expresión de un problema mucho más profundo y complejo, como lo es la pobreza energética. Por ello, el foco de la política pública no debe ser sólo reducir la concentración de MP2,5, sino generar las condiciones para que las personas vivan en ambientes bien calefaccionados y saludables.
Columna disponible en El Mostrador
Alejandra Schueftan
Gerenta Instituto Forestal, sede Los Ríos
Red de Pobreza Energética
